No esperan la resolución hasta dentro de un año y medio, como mínimo, y admiten que es “dificilísimo” ganar un Contencioso al Estado
MURCIA, 12 (EUROPA PRESS)
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha puesto en valor la “unidad de acción” que han demostrado el Gobierno murciano, la Junta de Andalucía, la Diputación de Alicante y el propio Scrats a la hora de “coordinar” los cuatro recursos que han presentado ante el Tribunal Supremo (TS) contra el Real Decreto que supone un “recorte drástico” al trasvase y que “ya está provocando efectos negativos”.
Jiménez ha adelantado que queda “todo un recorrido jurídico” por delante que va a tener una duración “no menor a un año y medio, aproximadamente” hasta que el TS resuelva los recursos. “A ver qué es lo que ocurre”, se ha preguntado el presidente del Scrats, quien ha admitido que es “dificilísimo” ganar un recurso Contencioso al Estado.
Sin embargo, ha advertido que el Estado “nunca había hecho tan torticeramente mal algo” porque “han conseguido que hasta el Consejo de Estado les afee su actuación”. “Todos sabemos que es muy complicado y nos queda por delante una labor muy importante de estudio y de trabajo”, según Jiménez, quien ha remarcado que tienen “todas las esperanzas” y “la mejor de las intenciones”.
“NO HAY ANTECEDENTES DE UN GOBIERNO CENTRAL TAN SECTARIO”
El presidente del Scrats ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa acompañado por el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, y el catedrático de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Análisis Económico Aplicado y director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante y la Diputación de Alicante, Joaquín Melgarejo.
Todos ellos han mantenido una reunión en el Palacio de San Esteban “para avanzar en la defensa de los intereses de la Región de Murcia, de Alicante, de Almería y de todo el Levante español”, según López Miras, quien ha afirmado que no hay antecedentes de que se haya interpuesto un recurso similar porque “nunca ha habido un Gobierno central tan sectario” y que “se haya atrevido a recortar el 50% del Tajo-Segura de una forma totalmente política, unilateral e ideológica”.
Ha precisado que los cuatro recursos se han “coordinado” y “trabajado de forma conjunta desde la máxima colaboración técnica y jurídica” para que los argumentos de todos ellos fueran “en la misma dirección” y no haya “ningún tipo de contrariedad”.
“Tenemos conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que la Generalitat Valenciana ha presentado otro recurso con el que no podemos estar más en desacuerdo porque parte de la base de asumir el primer tramo del recorte del Tajo-Segura”, según López Miras. “Para nosotros, el trasvase es algo vital y, por lo tanto, no podemos asumir que se recorte ni mucho ni poco”, ha aseverado.
PIDE LA SUSPENSIÓN CAUTELAR DEL “RECORTE”
López Miras ha alertado que, de no producirse la suspensión cautelar del “recorte” del trasvase que ha solicitado su Ejecutivo, habrá “un perjuicio irreparable para toda la Región de Murcia, y especialmente en la planificación de las siembras y cosechas de los próximos meses, porque los agricultores no pueden arriesgarse a soportar nuevas y mayores pérdidas que las que ya sufren”.
Además, ha resaltado que esa suspensión cautelar “es necesaria para evitar desde el minuto uno un daño difícil de revertir”, ya que el recorte “nos condena a la ruina” y “afecta a toda la sociedad, no sólo a la agricultura”.
Así, ha justificado que “no existe ningún interés público superior que exija la aplicación inmediata, pero sí está más que demostrado que su aplicación genera de inmediato graves perjuicios económicos y sociales en la Región de Murcia”.
“EMPIEZA A PROVOCAR EFECTOS NEGATIVOS YA”
Jiménez ha reprochado que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, ha incurrido en una planificación “política” en la que “se marcaron unas directrices”. “Como se decía en la Edad Media: allá van leyes, lo quieren reyes”, según el presidente del Scrats, quien ha recordado que el director general del MITECO les llegó a adelantar en una reunión que esa decisión estaba justificada porque “la gente quiere ver agua” en el Tajo.
Sin embargo, ha advertido que “ni siquiera esa cuestión estética se va a cumplir” porque “se habla de que, posiblemente, el incremento del Tajo a su paso por Toledo sea de 2 milímetros”.
En cuanto a los cuatro recursos interpuestos, Jiménez ha justificado que ese incremento de 1 m3 de caudal ecológico en el Tajo “empieza a provocar efectos negativos ya para nuestro tejido económico, social y medioambiental” aunque “no sean visibles”.
Ha puesto en valor que el Gobierno murciano, la Junta de Andalucía, la Diputación de Alicante y el propio Scrats se hayan coordinado y hayan “aunado sus esfuerzos” poniendo “todo su potencial humano de técnicos y sus aportes jurídicos”, lo que ha dado “empaque y seriedad” a un asunto “tan importante”, mostrando una “unidad de acción fundamental”.
PÉRDIDA DE 15.300 EMPLEOS
Por su parte, Melgarejo ha destacado que el aumento de los caudales ecológicos en el Tajo hasta 8,65 m3 por segundo en el ámbito de planificación 2022-2027, significará “una merma para los caudales trasvasados de 105 hm3, 27 de los cuales repercutirían directamente en el descenso de los abastecimientos y 78 para el regadío”.
De este modo, quedarían unos caudales de 119 hm3 al año para regadío, teniendo en cuenta que la media de los últimos 44 años ha sido, aproximadamente, de 200 hm3 al año. “Esto significa una falta de garantías para le regadío que tienen unas repercusiones inmediatas como una pérdida de un 15,6% de la superficie de regadío (27.314 hectáreas)”, ha añadido.
Asimismo, implicará una caída de valor patrimonial de unos 5.692 millones de euros y supondrá la pérdida de 15.300 empleos, a lo que habría que añadir las prestaciones económicas procedentes de IRPF, Seguridad Social e IVA.
La elevación de 1 m3 por segundo de caudal ecológico en Aranjuez, significa la pérdida de 31,5 hm3 por año en la cuenca receptora, es decir, 28,5 hm3 tras descontar el 10% de las pérdidas por la transferencia de agua.
Este aumento de 1 m3 por segundo en Aranjuez “representa la pérdida de 5.600 hectáreas (ha) en la cuenca receptora; la pérdida de más de 88 millones de euros de producción; la caída en el margen neto de más de 29 millones de euros; la pérdida del Valor Añadido Bruto (VAB) de más de 297 millones de euros para el conjunto de la cuenca; así como la pérdida de 5.900 empleos”.
Para la Región de Murcia, el incremento de cada m3 por segundo en el sector del regadío “representaría unas pérdidas de 149 millones de euros al año”; así como la “pérdida de 1.815 empleos”. En cuanto al efecto sobre el conjunto de los sectores económicos, se perderían 3.669 empleos; y significaría la reducción de más de 185,3 millones de euros al año en concepto de VAB.
En lo que respecta al efecto sobre el abastecimiento, el incremento de cada m3 por segundo en Aranjuez, significaría una subida del 61% en las tarifas (de 0,69 euros por m3 a 1,04 euros por m3) como consecuencia del incremento de la necesidad de agua desalinizada en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
En cuanto a las tres provincias (Murcia, Alicante y Almería), el aumento de cada m3 por segundo en Aranjuez supondría la pérdida de 224 millones de euros al año y de 2.967 empleos solo en el sector del regadío. En cuanto a la repercusión en el conjunto de los sectores económicos, supondría la caída de unos 300 millones de euros al año del VAB y la desaparición de 6.819 empleos.
Finalmente, un hm3 de agua que se deja de trasvasar tiene una repercusión potencial económica de en torno a los 10,5 millones de euros en las tres provincias y conlleva la desaparición de 207 empleos.
- Te recomendamos -
