Prosigue el juicio por el accidente que provocó 80 muertes y 140 heridos: “Si se hubieran analizado los riesgos no estaríamos aquí”
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS)
La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido hace ya casi 10 años en la curva de A Grandeira, en Angrois (Santiago), se alegra de que Adif vaya a poner en servicio en las próximas semanas el sistema de seguridad ‘ERTMS’ en el eje atlántico y también en el entorno de la estación compostelana, lo que incluye el tramo en el que se produjo el descarrilamiento.
El portavoz de esta plataforma, Jesús Domínguez, presente en la capital gallega para comparecer en el juicio por el siniestro ferroviario, ha afirmado que como ciudadanos los integrantes de la asociación de afectados se alegran “un montón” del despliegue y activación de este sistema de control y “de que llegue hasta Santiago, hasta A Coruña y hasta donde sea”, pero, a renglón seguido, ha avisado: “Que no lo desconecten”.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de declarar ante la jueza, ha pedido al administrador de infraestructuras ferroviarias, cuyo ex jefe de seguridad está procesado en este juicio, “que antes de desconectarlo hagan los análisis de riesgos pertinentes y tomen las medidas preventivas”.
Y es que, según ha evidenciado, “puede estar –el ‘ERTMS’– hasta Santiago, hasta A Coruña o hasta Moscú, pero si lo desconectas por retrasos, que fue lo que se hizo en nuestro caso, pues de poco va a servir”.
La puesta en servicio del sistema de protección del tren ‘ERTMS’ en su nivel 1 en el eje atlántico y en el entorno de la estación de Santiago, incluido el tramo en el que se produjo el accidente del Alvia, en la curva de A Grandeira, llevará a Adif a interrumpir la circulación los días 22, 23 y 24 de abril, según informó la propia empresa pública.
Esta puesta en servicio llega 10 años después del siniestro ferroviario en el que murieron 80 personas y 140 resultaron heridas. Desde el pasado octubre y hasta el próximo julio, la titular del juzgado de lo penal número 2 de Santiago, Elena Fernández Currás, trata de determinar las responsabilidades penales por lo ocurrido, con el ex alto cargo de Adif y el maquinista como acusados.
“UN MOMENTO DURO”
En febrero, el proceso inició su parte civil, en la que a las víctimas les “toca exponer el daño físico, moral y psicológico” que sufrieron. “Es un momento duro, pero más todavía cuando sabes que la tragedia era evitable”, ha subrayado Jesús Domínguez, que este martes declara junto a su pareja.
“A lo largo de todo el juicio oral ha quedado demostrado que si Adif, tal y como dice el escrito del fiscal, hubiera hecho su trabajo y hubiera analizado los riesgos, tanto en la puesta en servicio de la línea, como cuando se desconectó el sistema de seguridad, no estaríamos aquí”, ha advertido.
Eso, ha recalcado, “aún genera más dolor y frustración a las víctimas y familiares, saber que era evitable el accidente” que causó 80 fallecimientos.
El estatuto de la víctima “es claro”, según resalta el portavoz de la plataforma de víctimas, “y hay un daño moral, y no tanto por que tenga una compensación económica”. “Al final las víctimas y familiares hemos tenido que dedicar mucho tiempo, porque no lo digo yo, lo dicen los autos de los jueces: Adif no colaboraba, no entregaba papeles; ha habido papeles que han aparecido tres y cuatro años después”, ha denunciado.
En este sentido, ha recordado que las víctimas se movilizaron y acudieron a Bruselas, y también propiciaron la entrega de “papeles de Adif” al instructor de la causa, “como las actas que demostraban que se tenía que haber hecho el informe de evaluación independiente”.
“Toda esa lucha, ese trabajo, ha sido un daño añadido, porque había instituciones que no estaban colaborando”, ha reiterado. El hecho es que les ha “quitado muchas horas”, pues le han dedicado “miles de horas a este asunto”, según ha llamado la atención.
CUATRO AÑOS PARA CORTABITARTE
Consciente de que “reparar todo el daño es imposible”, Jesús Domínguez incide en que “lo que sí que puede hacer la sentencia es reparar en parte y sobre todo, que traslade el escrito de acusación de la plataforma y de otras víctimas y del fiscal, en lo referido a Adif”.
Lo que piden es cuatro años de cárcel al ex director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, “por no hacer los análisis de riesgos al inaugurar la línea y al desconectar el sistema de seguridad”. Esto, ha concluido, “sería una satisfacción evidente”.
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