MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
La patronal de las aseguradoras, Unespa, no ve encaje “con la realidad” de las aseguradoras a la enmienda formulada por el PSOE y Podemos al proyecto de Ley que crea la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero que pide garantizar la atención presencial a los mayores en sucursales “al menos, dos días laborables por semana con un mínimo de seis horas de atención al público cada uno de ellos”.
Portavoces oficiales de Unespa trasladaron a Servimedia este posicionamiento sobre la enmienda registrada por el PSOE y Podemos, que tiene como población objetivo los mayores de 65 años, las personas con discapacidad y los habitantes de municipios con población inferior a 5.000 habitantes, así como los consumidores que tengan especial situación de desprotección, y se refiere a los servicios relacionados con el contrato de seguro.
Dicta que las aseguradoras garanticen la atención presencial en sucursales abiertas al público o, de no tenerlas, “a través de otros establecimientos abiertos al público”, con una frecuencia de, “al menos, dos días laborables por semana con un mínimo de seis horas de atención al público cada uno de ellos”.
Desde Unespa manifestaron que la enmienda “no encaja con la realidad de la actividad aseguradora donde la prestación del servicio relacionada con el contrato de seguro se desarrolla allí donde ocurre un percance y abarca todo el ámbito territorial”.
La enmienda también propone designar en cada sucursal una persona con formación específica que asuma el cargo de “gestor del mayor” y proveer de sistemas de atención preferente a personas mayores en las sucursales de atención presencial “durante un periodo mínimo de tres horas diarias”.
A ello también se suma la propuesta de un servicio de atención telefónica sin coste adicional, operativo durante el horario comercial, de atención preferente y la adaptación de páginas web y aplicaciones para este segmento de clientes.
Desde Unespa confiaron en que “durante la tramitación parlamentaria del proyecto pueda aclararse esta cuestión”, ya que incidieron en que los siniestros se pueden producir en cualquier parte del territorio y no siempre hay una sucursal próxima.
Se trata de una enmienda que se ha replicado para las entidades de crédito, las gestoras y las empresas de servicios de inversión.
El proyecto de Ley se encuentra en el Congreso de los Diputados en fase de elaboración del informe, después de que el pasado 22 de marzo se cerrada el plazo para presentar enmiendas. En total, se han formulado más de 200 propuestas de cambio.
El pasado mes de noviembre, el Gobierno remitió a las Cortes la creación del nuevo organismo, que integrará los actuales servicios de reclamaciones de los organismos supervisores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores -CNMV- y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), que dejarán de realizar estas funciones y tendrá la finalidad de resolver quejas contra incumplimientos de las normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros o contra el abuso de cláusulas contractuales.
El punto más polémico es que se ha establecido una tasa de 250 euros a pagar por las entidades por cada reclamación presentada.
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