Recuerda que en los sectores más afectados viven 4.500 personas que han pasado los tres últimos inviernos sin suministro eléctrico
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La institución Defensor del Pueblo ha remitido un informe al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa en el que reitera que la situación en la Cañada Real Galiana de Madrid, sobre todo en los sectores V y VI, es “insostenible” y de “emergencia humanitaria”, por lo que “requiere de una solución urgente” ante la falta, entre otras carencias, la falta de suministro eléctrico.
El envío de esta información a instancias europeas es la respuesta a una petición al Defensor del Pueblo formulada por el Comité Europeo de Derechos Sociales, según ha informado la institución a través de un comunicado.
El Comité atiende una reclamación de varias organizaciones respecto a la situación que, desde otoño de 2020, padece este asentamiento poblacional ubicado en la Cañada Real Galiana, a pocos kilómetros del centro de la capital de España, y cuyos vecinos han pasado los tres últimos inviernos sin suministro eléctrico.
En el escrito se detallan los antecedentes históricos de la Cañada Real Galiana, los orígenes del asentamiento poblacional, las leyes autonómicas que lo regulan y las administraciones implicadas, y se enumeran las gestiones realizadas desde que, el 19 de octubre de 2020, un grupo de vecinos de la Cañada Real registrase en el Defensor del Pueblo una queja por el corte del suministro eléctrico.
Los sectores más afectados –el V y el VI– se encuentran en los términos municipales de Madrid y Rivas-Vaciamadrid. Allí viven más de 4.500 personas, muchas en situación de vulnerabilidad, como mayores, enfermos crónicos y menores, insiste el Defensor.
RECOMENDACIONES
El informe, remitido a finales de marzo, enumera las diversas recomendaciones emitidas desde la institución que preside Ángel Gabilondo a las administraciones afectadas y al Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, creado en diciembre de 2015 con el objetivo de coordinar a administraciones y entidades implicadas en esta zona.
El Defensor del Pueblo explica al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa de que, el 17 de mayo de 2017, se firmó el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana para buscar la “solución más favorable para el asentamiento irregular de la Cañada Real Galiana, ponderando los intereses y derechos que sean de carácter general”.
Asimismo, recuerda que tras la firma del Pacto, en la Asamblea de Madrid se comenzó a ejecutar un plan de choque que contemplaba mejoras en una serie de servicios en los sectores I a V y el realojo para el sector VI.
Además, a raíz de la primera queja, en octubre de 2020, por corte de suministro eléctrico de carácter general, se iniciaron actuaciones ante la Dirección General de Industria, Energías y Minas de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, la cual alegó, según señala el Defensor, que la empresa distribuidora de electricidad en la zona había justificado estos cortes para garantizar la seguridad de las personas y los bienes ante el riesgo que podrían generar las sobrecargas.
Esta institución emitió entonces las primeras recomendaciones solicitando el restablecimiento del suministro eléctrico, recomendación que hizo llegar a todas las administraciones implicadas y que posteriormente trasladó también al Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para Cañada Real Galiana.
RESTABLECER EL SUMINISTRO ELÉCTRICO
Ya en 2022, el Defensor del Pueblo se reunió con asociaciones de vecinos afectados y con el propio Comisionado que generaron nuevas recomendaciones. Así, el pasado mes de diciembre, el Defensor del Pueblo instó a restablecer el suministro eléctrico con “carácter de urgencia” y reiteró a todas las administraciones implicadas que la energía eléctrica “es esencial para la protección de la salud de las personas” y, en consecuencia, “de sus vidas”, al tiempo que subrayó que “es un derecho reconocido en el Artículo 43 de la Constitución”.
También lo es, señaló, “el derecho a la vida y a la integridad física”, reconocido en el Artículo 15 de la Carta Magna, la “protección de la familia y de los menores” (Artículo 39) y “de la tercera edad” (artículo 50).
Además, recordó que la electricidad “es necesaria para garantizar el derecho a la educación”, que consagra el artículo 27 de la Constitución, y que su falta “afecta al desarrollo educativo de los menores que residen en la Cañada Real y a la integración social”.
El Defensor del Pueblo demandó “más proactividad de las administraciones y organismos implicados” en la resolución de este problema y, tras enquistarse la situación, la institución ha propuesto que hasta que no se adopten las soluciones definitivas en la Cañada Real –el realojo, en el caso del sector VI– se estudie “aplicar una solución transitoria”, que para este organismo pasaría por la concesión de títulos habilitantes que permitan solicitar la contratación provisional del suministro eléctrico.
Esta propuesta, que aliviaría temporalmente el problema, está siendo estudiada por las administraciones implicadas, concluye el Defensor en su escrito al Consejo de Europa.
- Te recomendamos -
