El BNG buscará apoyo en el Pazo do Hórreo para exigir que la iniciativa que partió de Galicia se apruebe “en los mismos términos” en el Congreso
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS)
El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha descartado que el presidente gallego, Alfonso Rueda, vaya a participar en una reunión sobre el traspaso de la AP-9, como había demandado por carta –tanto al titular de la Xunta como al líder del PSdeG, Valentín García Formoso– la líder del BNG, Ana Pontón.
Como alternativa y el argumento de que se trata de un asunto ceñido al Parlamento, que en su día remitió una iniciativa legislativa unánime al Congreso para lograr la transferencia de la autopista, el PPdeG plantea que se reúnan los portavoces en la Cámara y, así, impulsar de nuevo “un frente común” que fuerce dar “agilidad” a la tramitación en Madrid.
Puy ha explicado que, tras recibir la carta de Pontón, el presidente gallego contactó con él para transmitirle una idea con la que él, ha afirmado, “concuerda”: que “tratándose de una propuesta” que partió del Parlamento, cualquier paso al respecto de la misma debe abordarse en el mismo ámbito.
En su intervención, el portavoz de los populares en el Pazo do Hórreo se ha quejado de la “lentitud” de tramitación de la iniciativa gallega en el Congreso y ha sugerido que denota que “no hay excesiva voluntad de impulsarla” por parte de la “mayoría” que sustenta al Gobierno central, al tiempo que ha reivindicado que fue la “insistencia” de los populares la que ha favorecido que haya pasos en la ponencia.
A la espera de lo que responda el BNG, cuya jefa de filas no se encontraba en la Xunta de Portavoces, Puy ha defendido que es “más respetuoso” con la Cámara que haya una reunión entre los portavoces parlamentarios. Y, aunque ha recordado que el Bloque justificó su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, en un pacto que, entre otras cuestiones, aludía a este traspaso, ha apelado a “olvidar” este tipo de cuestiones y reforzar “un frente común” en el Pazo do Hórreo.
En todo caso, ha rememorado “cuando el Bloque acusaba al Gobierno de Rajoy” de vetar el traspaso y ha apuntado que él, ya entonces, afirmó que “los problemas de transferencias son más complejos que simples cuestiones de voluntad política”, ya que hay “inercias históricas”. De hecho, ha admitido que, en vista de los plazos, es “escéptico” en relación a que el traspaso de la AP-9 se pueda cerrar en esta legislatura.
Pero ha insitido en que los grupos gallegos deben pedir “que se haga” y “con las dotaciones económicas pertinentes. “Supongo que el Bloque estará de acuerdo con esto”, ha indicado, antes de insistir en la importancia de no recibir la titularidad y gestión de la autopista “sin calcular bien el coste efectivo que supone”.
APROBACIÓN SIN VARIAR “LOS TÉRMINOS” DE LA INICIATIVA GALLEGA
Por su parte, Olalla Rodil, viceportavoz del BNG, ha responsabilizado a PP y PSOE de presentar enmiendas en el Congreso para tratar de “hacer descarrilar” la iniciativa aprobada por unanimidad en la Cámara gallega, además de “dilatar” los plazos.
En este punto, ha anunciado que en el pleno de la próxima semana introducirá una proposición no de ley en la que se insta a los grupos con representación en el Congreso a que apoyen el texto “en los términos votados unánimemente” en Galicia.
Puy no ha avanzado cuál será las postura de los populares al respecto de esta iniciativa, que valorará el grupo parlamentario, pero ha incidido en la importancia de que se garanticen las “dotaciones económicas” para asumir la infraestructura.
“FIN A LA CONCESIÓN”
El Bloque ha manifestado, asimismo, tras conocer los “beneficios extraordinarios” obtenidos por Audasa en 2022, la necesidad de que el Gobierno “actúe cuanto antes y finalice la concesión” de la AP-9.
En un comunicado, el diputado en el Congreso, Néstor Rego, ha recalcaldo que hay una resolución de la Unión Europea (UE) que “considera que las prórrogas no se ajustaron a la legalidad”, que la infraestructura está “más que amortizada” y considera “escandaloso” que la ciudadanía gallega “siga pagando”.
Rego ha reclamado al Gobierno “atender a los intereses de la ciduadanía y de las empresas de Galicia y no a los de una empresa privada, participada por fondos buitre, y dar por finalizada la concesión”.
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