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Inclusión Social destina más de 2,4 millones a 1.000 familias con menores en riesgo de exclusión social

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MÁLAGA, 2 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha destinado más de 2,4 millones de euros (2.489.762 euros) a la Diputación Provincial de Málaga y a 16 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para la financiación de los equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección.

A través de un comunicado de prensa detallan que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado esta pasada semana la Orden de la transferencia correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2023 por un total de 1.666.186 euros, a esta cifra hay que sumar el pago desde el 1 de enero al 30 de abril de 2023 que asciende a 823.576 euros.

Señalan que la previsión es que, con estos fondos, que suman 2.489.762 euros, sean atendidas, en total, unas 1.000 familias y 1.900 menores malagueños.

Este programa tiene como objetivo proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección, un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores.

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Se trata de preservar los derechos de los niños y niñas, promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar; y posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores.

En cuanto a las cuantías, Diputación provincial y Ayuntamiento de Málaga, reciben 444.030 euros cada institución; el Consistorio de Marbella recibe 168.098 euros; los ayuntamientos de Torremolinos, Benalmádena y Vélez-Málaga reciben 120.526 cada uno; y, por último, los de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Coín, Nerja, Rincón de la Victoria y Ronda reciben 88.806 cada uno.

Para la consejera de Inclusión Social, Juventud y Familias e Igualdad, Loles López, los equipos de tratamiento familiar son una pieza clave del sistema de protección de los y las menores, y así aparece recogido en la Ley de Infancia y Adolescencia, “que apuesta de forma decidida por la colaboración con las familias andaluzas, en especial las que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo siempre en mente de proteger a la población infantil y detectar aquellas situaciones de riesgo que comprometen su bienestar”.

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Asimismo, y tras destacar la labor de estos profesionales multidisciplinares, ha recordado que las intervenciones llevadas a cabo a través de estos equipos evitan en más del 80% de los casos la separación del medio familiar, “por lo que los y las menores pueden permanecer en su hogar, con los suyos, como es nuestro objetivo”. “Son unos datos que nos reafirman en la necesidad de extender y consolidar la red de equipos de tratamiento familiar y los programas y recursos de apoyo a las familias”, ha proseguido.

Estas transferencias se realizan conforme a lo dispuesto en el Decreto 100/2022, de 7 de junio, por el que se regula el Programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección, “afianzando la continuidad del servicio y dando estabilidad a los equipos”.

En el conjunto de Andalucía la inversión ha superado los 13,8 millones de euros (13.828.437 euros), de los cuales, 4.603.132 millones corresponden al periodo enero-abril y 9.225.305 millones al periodo mayor-diciembre de 2023. De esta inversión se benefician 93 entidades locales, entre las ocho diputaciones provinciales y 85 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

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La previsión es que sean atendidas unas 6.000 familias y 12.000 menores andaluces. En la actualidad, estos equipos para el tratamiento a familias están integrados en toda la comunidad por 462 técnicos y 93 personas coordinadoras con el fin de mejorar las condiciones de las familias en situación de riesgo social, de manera que puedan ejercer adecuadamente sus funciones parentales y evitar la separación de padres, madres, hijos e hijas.


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