MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
Las comunidades autónomas están adelantando o extendiendo el periodo oficial de alto riesgo de incendios forestales y adaptándose con nuevos planes a la nueva realidad del fuego, bien por necesidad o bien porque ahora es obligatorio desde la aprobación el pasado verano de un Real Decreto para armonizar las medidas en los distintos territorios y que establece que estas deben contar con un plan de prevención, vigilancia y extinción vigente todo el año.
El año 2023 comenzó con muy buenos datos, ya que en enero y febrero ardieron 5.396,85 hectáreas de superficie, lo que supone un 45,96 por ciento menos que en el mismo periodo de 2022. En total se contabilizaron 1.094 siniestros frente a los 2.042 del año anterior y ninguno de ellos superaba las 500 hectáreas arrasadas.
Sin embargo, la segunda quincena de marzo la situación ha dado un vuelco, influida por las condiciones meteorológicas, el cambio climático, una sequía prolongada y temperaturas récord, de más de 30ºC en varios días y localidades.
El 23 de marzo el fuego comenzó en Villanueva de Viver (Castellón) y no se ha detenido hasta su estabilización este viernes, 31 de marzo, tras quemar 4.700 hectáreas, según cifras provisionales, en las provincias de Castellón y Teruel.
Esta misma semana, Asturias ha pasado de apenas tener algún pequeño conato a sufrir una cadena de más de un centenar de incendios forestales, algunos muy cerca de municipios poblados. Este viernes permanecían activos más de 90 frente a los 120 del jueves y este sábado los 78 municipios del Principado tendrán nivel de máximo riesgo. En Cantabria, por su parte, cerca de una treintena de fuegos permanecen activos aunque este jueves eran diez más.
Esta semana Castilla y León, Extremadura, Galicia, Aragón o Andalucía también han sufrido incendios. Dos de los más agresivos fueron el de Baleira (Lugo) donde ardieron más de 1.400 hectáreas; en el de Candelario (Salamanca), unas 160 hectáreas quemadas y en Alhama de Aragón (Zaragoza) han registrado el más grande de esa comunidad este año, con casi 12 hectáreas quemadas el 20 de febrero.
PLANES AUTONÓMICOS
En este contexto las comunidades autónomas deben tener aprobados planes de contingencia ante los incendios forestales.
Así, en Navarra aprobaron el pasado mes de noviembre el Plan INFONA que establece un mapa de riesgo. Precisamente, Ibargoiti y Mélida son los dos primeros municipios cuyos planes han sido aprobados por el Gobierno de Navarra y otros 21 los están redactando.
Aragón, por su parte, este año por primera vez tiene “todas” las cuadrillas terrestres de extinción operativas los 12 meses de año, un mes más que en 2022, igual que las brigadas helitransportadas también permanecen contratadas todo el ejercicio, lo que ha llevado a un presupuesto de contratación de 3,2 millones de euros, hasta alcanzar los 33,3 destinados al operativo, según han informado fuentes del Gobierno de Aragón a Europa Press, que precisan que en este momento “todos los medios están disponibles en todo momento”, con 62 brigadas terrestres, 8 helitranspotadas que disponen de 6 helicópteros ligeros y dos medios así como otros medios aéreos y terrestres.
Asimismo, durante el año se han realizado tareas selvícolas en 4.000 hectáreas, que han pasado de las 2.000 hectáreas a las 4.000 en los últimos años, lo que ha requerido “triplicar el presupuesto” para una comunidad que cuenta con 2,5 millones de hectáreas forestales. Solo en Teruel, a consecuencia del incendio en la vecina Villanueva de Viver se han quemado al menos 800 hectáreas.
Castilla y León, por su parte, una de las comunidades más extensas y que ha sufrido con intensidad el fuego en los últimos veranos, firmó un acuerdo en septiembre de 2022 con el diálogo social para aumentar el presupuesto del operativo, que pasará de los 65 millones de euros de 2022 hasta los 127 millones en 2025. Este 2023 en concreto, destinará 87,1 millones de euros a prevenir, vigila y extinguir incendios.
Desde la Junta han indicado a Europa Press que las cuadrillas terrestres, las helitransportadas y los retenes de maquinaria pesada, han ampliado su tiempo de prestación de servicios hasta mínimo de 9 meses, para incrementar las superficies de tratamientos selvícolas preventivos.
Entre las mejoras previstas, los planes de los castellano-leoneses pasan por que el personal de la Junta, hasta ahora discontinuo pasará a ser fijo y las empresas públicas y privadas que colaboran en el Operativo reforzarán los centros de mando, con personal especializado, para que estén activos todos los días del año y lograr una capacidad de respuesta adecuada las 24 horas del día.
También tienen previsto que el personal que atiende las autobombas incremente sus tiempos de prestación de servicio de manera progresiva, incorporándose ya en el 2023 un primer turno a 12 meses, y un segundo durante el mismo periodo en 2025. Recientemente, su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos-Suárez Quiñones, ha señalado que el operativo está activado desde el 1 de enero. Ahora la comunidad está en riesgo medio por incendios y adelantará un mes, al 1 de junio, la declaración de época de riesgo alto y prolongará dicha situación hasta mediados del mes de octubre.
Por su parte, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid han indicado a Europa Press que ya está elaborado y Publicado el ‘Plan de Prevención, Vigilancia y Extinción de la Comunidad de Madrid 2023’ para cumplir el Real Decreto del Ejecutivo.
En todo caso, precisan que durante todo el año se acometen trabajos de prevención, como desbroces, mantenimiento de cortafuegos, pastoreo preventivo, entre otras, por parte de las Brigadas y retenes forestales así como por la maquinaria pesada necesaria, en situación de alerta permanente, para poder actuar ante cualquier fuego, excepto en época de alto riesgo cuando el operativo es diferente.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid cuenta con convenios de actuación conjunta con Ayuntamiento y con las comunidades limítrofes. En los dos primeros meses del año la región registró 7 incendios de los que cinco fueron conatos, con menos de una hectárea afectada. En total, se han quemado 17 hectáreas de superficie.
En Extremadura, por su parte, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha recomendado este mismo miércoles aplazar las quemas de restos agrícolas en el campo “debido a las previsiones del ascenso de temperatura y el elevado riesgo de incendio”.
Mientras, en Baleares aún no han registrado ningún fuego de importancia y allí la temporada de alto riesgo comienza el 1 de mayo. Desde el gobierno balear han informado a Europa Press que hasta esa fecha, cada año van aumentando progresivamente los medios de extinción para que el 1 de mayo ya estén todos activos. Desde este sábado, 1 de abril, se aumenta una brigada más del Institut Balear de la Natura (IBANAT) y llega un helicóptero a la base de Ibiza.
No obstante, fuentes del Gobierno insular han apuntado que de momento no se espera adelantar la temporada pero no se descarta, en función de la situación.
Finalmente, el gobierno de la Región de Murcia ha señalado a Europa Press que desde este 1 de enero se ha puesto en marcha un nuevo contrato que incluye a todas las brigadas forestales de extinción con “pleno empleo durante todo el año”. Además, desde octubre de 2022 a marzo de 2023 han realizado actuaciones selvícolas en 550 hectáreas.
La Región mantiene el operativo todo el año y pondrá en marcha la época de alto riesgo de incendios al iniciar el mes de junio. Hasta entonces, el 16 de abril ampliará en 15 días la prestación de servicio la aeronave de coordinación y vigilancia y otros 15 días los del helicóptero de extinción en la base de Zarcilla de Ramos (Lorca) que comenzará el 17 de mayo.
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