SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)
El Sindicato de Policías Municipales de España (Sppme) ha elevado un escrito al Ayuntamiento hispalense, avisando de que la unión temporal de empresas (UTE) Grúa de Sevilla, adjudicataria del mencionado servicio público, incurriría en diferentes “incumplimientos” de sus obligaciones contractuales, al contar con ocho de sus 18 vehículos “no aptos” para el servicio, entre otras incidencias, reclamando así una “revisión” de la entidad y penalizaciones que ascenderían a 466.000 euros.
En su escrito, el sindicato expone que el pliego de condiciones técnicas regulatorio del concurso promovido para la adjudicación del contrato de gestión del servicio municipal de grúa estipula la obligación de contar con “un mínimo de 15 grúas operativas equipadas para la prestación eficaz y eficiente del servicio en todos los requerimientos” estipulados y, si bien la UTE “dispone de 15 grúas, sólo nueve de ellas son aptas para el servicio, ya que las demás no cumplen con los requisitos exigidos”, como la “capacidad para la retirada de vehículos hasta 2.500 kilos de masa máxima autorizada”.
“En el caso de las grúas de arrastre (también llamadas de pala), para calcular la capacidad, hay que restar a esta cantidad los 750 kilos que como máximo pueden remolcarse sin freno con arreglo a las fichas técnicas de los vehículos, así que para cumplir con lo exigido se necesitarían grúas con una carga máxima de 1750 kilos, 1.750 cargados y 750 remolcados”, precisa.
LA SITUACIÓN DE LAS GRÚAS
Según la información que asegura contar el sindicato, que promueve un calendario de paros parciales en este servicio en Semana Santa y Feria en demanda de que la plantilla conserve la cuantía salarial que abonaba la anterior adjudicataria del servicio, la grúa H2, por ejemplo, “directamente no cumple con el pliego, porque su capacidad de carga útil es ridícula, de sólo 555 kilos”.
“En la pegatina que usan como placa exterior aparece cambiada la tara real de 2945 kilos por la carga útil, de forma que daría una carga útil de 2.945 kilogramos, un burdo engaño, ya que no corresponde con lo reflejado en su ficha técnica”, avisa el Sppme.
La grúa H10, igualmente, “tiene una carga útil de 495 kilos y en su placa exterior aparece una tara muy inferior; la 11 sólo tendría una “carga útil de 685 kilos y por tanto tampoco cumpliría en cuanto a su capacidad de carga útil de arrastre, con la tara también alterada a la baja en la placa exterior”; y otras tres de las grúas tampoco cumplirían los requisito porque su “maniobrabilidad no les permite trabajar en calles estrechas”.
LOS REMOLQUES
Además, alega el sindicato que de los tres remolques aportados por la empresa, sólo uno de los mismos cumple los requisitos, exponiendo que los dos restantes carecen de “los arcos de apoyo”.
“Hasta ocho vehículos de los 18 que tienen que acreditar no serían actos para el servicio. Al incumplimiento en cuanto a las grúas y remolques, habría que sumar las carencias en cuanto a dotaciones de las grúas y algo extremadamente grave, como la ausencia de emisoras tanto en grúas como en Administración. Esta ausencia de emisoras dificulta enormemente el servicio, y ha provocado situaciones de peligro entre la plantilla de gruístas, al producirse varios altercados con ciudadanos y no poder pedir auxilio de forma rápida y eficiente”, avisa el Sppme.
Igualmente, indica que la UTE “está obligando, en múltiples ocasiones, a los trabajadores a retirar coches con un peso superior al permitido en su ficha técnica lo cual, además de ser una ilegalidad, pone en peligro la integridad de los mismos, al provocar tanto perdidas de tracción y pérdidas de control de la dirección como sobrecarga y desgaste de los frenos”.
LAS CONDICIONES LABORALES
Del mismo modo, el sindicato señala que la UTE “no se ha subrogado de las condiciones laborales de los trabajadores de la anterior empresa concesionaria del servicio, limitándose a darles de alta en la seguridad social acogiéndolos a un convenio colectivo diferente (convenio colectivo andaluz de grúas móviles autopropulsadas) y no alconvenio colectivo de retirada e inmovilización de vehículos, depósito y gestión de cobros de la grúa municipal de Sevilla (…), con la evidente pérdida de derechos tanto económicos como sociales que todo ello conlleva”.
Aspectos como estos y otros aludidos en el escrito, según el Sppme, implican “penalizaciones” que ascenderían a un total de 466.000 euros a abonar por la UTE adjudicataria, por lo que el sindicato reclama “una revisión exhaustiva del cumplimiento del contrato por parte de la UTE y se tomen las medidas necesarias para remediar las deficiencias encontradas” y penalizar a la entidad.
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