SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 (EUROPA PRESS)
El colectivo de casi un millar de brigadistas con contratos con una duración de seis meses plantean la necesidad de ponerse a trabajar ante el “alto riesgo” de incendio forestal en la comunidad gallega.
Lo hace a través de la Asociación de Trabajadores/as de Incendios Forestales de Galicia, que traslada “el desconcierto y preocupación” que tienen estos trabajadores fijos-discontinuos de la Xunta.
En concreto, señala que este jueves la Dirección Xeral de Defensa do Monte “publicó un comunicado donde informa que vistas las condiciones meteorológicas a corto y medio plazo se declara desde el jueves 6 de abril el inicio del horario de alto riesgo”.
Al respecto, su titular, Manuel Rodríguez, indicó a Europa Press este jueves que lo habitual en Semana Santa es, como se ha hecho, un “refuerzo” de las guardias, en los turnos de los profesionales del dispositivo contra incendios. En concreto, dijo que se refuerzan los turnos de noche y se prolongan las jornadas e insistió en que es “una práctica habitual”.
En un comunicado emitido este viernes, esta asociación afirma estar “viviendo la tragedia que está sucediendo en Castellón, Teruel, Asturias y en el resto de la península debido a las condiciones climáticas”, y advierte de que Galicia “es un polvorín debido a su orografía y masa forestal”.
Añade que la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior a través del 112 declaró este jueves en las provincias de A Coruña y Lugo nivel naranja por vientos del suroeste de hasta 100km/h.
En este contexto, lamenta que “el servicio de incendios se encuentra con muchas plazas sin cubrir y en mínimos de personal, ya que cerca de 1.000 empleados públicos siguen en sus casas, mientras está ardiendo la comunidad”.
Ve “inviable que se puedan cubrir todos los turnos las 24 horas del día con el personal al 100% y las brigadas al completo” y critica que “los presupuestos para incendios se han ido incrementando en millones para la creación de nuevas bases, medios aéreos, medios físicos, centros de logística, formación, pero no” percibe “intención del aumento del tiempo de trabajo del colectivo de seis meses”.
“Se nos dice que no hay partidas presupuestarias para nuestra ampliación y luego vemos que se están gastando los fondos públicos en pagar a la UME o a las BRIF que vienen de otras comunidades para que realicen nuestro trabajo”, incide.
Por todo ello, aseguran sentirse “en total abandono por parte de la administración”, al entender que “prácticamente” están “para labores de extinción, ya que la prevención se externaliza en empresas privadas y ni siquiera en los meses de inactividad tienen derecho a la formación”.
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