MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha defendido este jueves en el Congreso la gestión de María Gámez al frente de la Guardia Civil frente a “falsedades” y ha reiterado que el anterior equipo al frente del Ministerio del Interior, con Juan Ignacio Zoido (PP) como titular de la cartera, trató de “tapar” en 2017 de manera “sorprendente” la investigación del ‘caso Cuarteles’ haciendo caso a un informe de Pedro Vázquez Jarava, un general que consta actualmente como principal imputado.
En su intervención ha defendido la gestión de María Gámez hasta su reciente renuncia como directora de la Guardia Civil, que ella misma vinculó con la imputación de su marido en una derivada de los ERE de Andalucía. Pérez ha sostenido que es un “ejemplo” para todos y que su legado no podrá ser “ensombrecido nunca por ninguna falsedad disfrazada de tinta y voceada por aquellos que temen que la comparativa engrandezca sus miserias”.
Como hizo el pasado lunes en la Comisión de Interior el ministro Fernando Grande-Marlaska, el ‘número dos’ de este departamento ha vuelto a vincular al PP con las presuntas irregularidades en obras en cuarteles adjudicadas al constructor Ángel Ramón Tejera de León, ‘Mon’, un empresario canario que también sale citado en el sumario del ‘caso Mediador’ y que afecta al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘tito Berni’, entre otros.
Pérez se ha centrado en el ‘caso Cuarteles’ para recordar que se comenzó a investigar en 2016 por Asuntos Internos al afectar “al propio seno de la Guardia Civil”, en concreto a Vázquez Jarava, pero en 2017, por orden del director de este cuerpo, José Manuel Holgado, se paralizó al tener en cuenta un informe firmado por este mismo mando en el que se instaba al archivo al no detectar delitos.
El ‘número dos’ de Marlaska ha hablado de un “intento de taparlo” por parte “de los responsables políticos del Partido Popular” a pesar de que Asuntos Internos alertaba ya entonces del incremento de adjudicaciones presuntamente irregulares a ‘Mon’, por una facturación que “ascendía a 2,11 millones de euros desde 2014 a 2016”.
Esa investigación incipiente ya detectó “numerosas irregularidades graves e indicios de delito”, que han derivado a la imputación del teniente general Vázquez Jarava, responsable del Mando de Apoyo con el PP en el Gobierno y jubilado en enero de 2018. En concreto, se le investiga por presuntamente beneficiarse de dádivas del empresario canario a cambio de la adjudicación de obras.
AVISO AL DAO EN ABRIL DE 2017
En este contexto, en abril de 2017 desde Asuntos Internos se remitió un informe al teniente general Palo Martín Alonso, en ese momento Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, con el fin de que lo remitiese a la Fiscalía.
Sin embargo, “de manera sorprendente”, según Rafael Pérez, “se permitió que el propio teniente general Vázquez Jarava elaborase un informe de respuesta a la Servicio de Asuntos Internos, el cual remitió en mayo de 2017, y en el que pedía que el informe de Asuntos Internos con los indicios de delito no fuera remitido a la Fiscalía”.
El ‘número dos’ de Interior ha lamentado que “no sólo se le hizo caso” sino que el 27 de diciembre de 2017 el entonces director General de la Guardia Civil, José Manuel Holgado –nombrado por Zoido– emitió una resolución en la que ordenaba el archivo de las actuaciones de Asuntos Internos de la Guardia Civil y avalando el informe de Vázquez Jarava.
“El informe de Asuntos Internos no sólo no fue remitido a la Fiscalía, sino que tampoco supuso ningún menoscabo en la confianza depositada por José Manuel Holgado, el entonces director general de la Guardia Civil, en su responsable del Mando de Apoyo, ni tampoco de sus superiores, el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el ministro Juan Ignacio Zoido”, ha afeado Rafael Pérez.
De acuerdo al secretario de Estado, esa confianza hacia Vázquez Jarava comenzó con Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio, momento en el que se propició un ascenso “de urgencia” –en ocho meses– del mando de la Guardia Civil que actualmente es el principal imputado en el ‘caso Cuarteles’.
Rafael Pérez ha recordado que el 29 de mayo de 2018, en paralelo a la moción de censura que llevó a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil recibió un correo electrónico de la Sección de Operaciones del Estado Mayor, con un documento adjunto anónimo que se había recibido en la Secretaría de Estado de Seguridad.
En este documento se relataban varias irregularidades en materia de contratación de obras referentes a la Comandancia de Ávila, y que guardaban relación con el mismo contratista, ‘Mon’, que ya había aparecido en la investigación que se cerró a finales de 2017 por el director de la Guardia Civil. Este mismo empresario aparece citado el sumario del ‘caso Mediador’.
DIFERENCIAS ENTRE GOBIERNOS DE PP Y PSOE
Como Marlaska el pasado lunes, el secretario de Estado ha subrayado las diferencias entre el Gobierno del PP y el PSOE a la hora de investigar presuntos casos de corrupción. Con los ‘populares’, según él, las investigaciones “se cierran y se impide el envío a los órganos judiciales”, con ellos Asuntos Internos actúa correctamente como “policía judicial”.
Rafael Pérez ha defendido que la investigación del ‘caso Cuarteles’ “avanzó” a raíz de su llegada al Gobierno y porque el actual equipo ha “dotado de más y mejores medios” a Asuntos Internos, que actúan bajo la dirección de un juzgado, primero en Ávila y actualmente en Madrid.
En este sentido, ha reiterado que las irregularidades en la Guardia Civil son “hechos puntuales de personas aisladas”, sin afectar al conjunto del Instituto Armado.
De hecho, el ‘número dos’ de Interior ha aprovechado para hacer una defensa cerrada de Asuntos Internos, señalando que en el 90% de los casos sus investigaciones se inician tras la detección de irregularidades por parte de las propias unidades o miembros de la Guardia Civil, lo que demuestra que es un servicio “de excelencia”.
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