MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
España terminó 2022 con un déficit público del 4,8% del PIB, un resultado que es dos décimas inferior al objetivo que el Gobierno se marcó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 y que comunicó a Bruselas, del 5%.
Este dato, sin embargo, es peor de lo previsto en los últimos meses por la Comisión Europea y el Banco de España –4,6%–, así como por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) –4,5%–, aunque mejora todas las estimaciones que estos mismos organismos hicieron durante la confección de las cuentas públicas.
El Gobierno prosigue así la senda de reducción de deuda, aunque su necesidad de financiación sigue a niveles elevados. En 2021, el déficit se situó en el 6,76% del PIB, frente al 8,4% que comunicó en Bruselas. Y para 2023, prevé reducirlo hasta el 3,9%. Estas cifras aún son superiores al techo del 3% que establecen las reglas fiscales, que se reactivarán para 2025, previsiblemente. Para entonces, el Gobierno sí se ha comprometido con la Comisión a cumplir con este límite.
En una rueda de prensa para presentar los datos de ejecución presupuestaria del ejercicio 2022, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, puso en valor que el Gobierno ha llevado a cabo la mayor reducción de déficit de la historia en dos años sin ayuda financiera –49.500 millones de euros– y ha colocado a España como el país que más lo ha bajado en Europa desde la pandemia. En este sentido, cabe recordar que el déficit se disparó hasta el 10,3% en 2020 por la pandemia de la covid-19.
Por administraciones, Montero detalló que la mayor parte del déficit fue asumido por la Administración central, con un 3,1% del PIB, mientras que el de las comunidades autónomas fue del 1,1% y el de la Seguridad Social se situó en el 0,5%. Por su parte, las corporaciones locales incurrieron en un déficit del 0,1%.
En comparación con los datos de ejecución presupuestaria de 2021, el conjunto de las administraciones públicas ha reducido su déficit en 19.170 millones, lo que representa un ajuste fiscal que equivale al 2,1% del PIB. En el caso del Estado, la reducción del déficit es de casi 32.500 millones de euros, gracias a un incremento de más de 43.600 millones de los ingresos.
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS RÉCORD
La recaudación tributaria fue protagonista en la ejecución presupuestaria, ya que se incrementó en un 14,4% interanual, hasta alcanzar los 255.463 euros de recaudación, un nuevo máximo histórico que supone una subida anual de más de 32.000 millones de euros. Montero achacó este número a que la economía y el empleo tuvieron un comportamiento “mejor de lo previsto”, y solo justificó en la inflación “una tercera parte” del incremento de la recaudación, ya que los ingresos por IRPF y Sociedad crecieron más que por IVA.
Por tributos, la recaudación del IRPF se incrementó un 15,8% por el incremento de empleos y salarios –y, por ende, de retenciones–, hasta alcanzar los 109.485 millones. La de Sociedades creció un 20,8% por el “buen comportamiento” de los beneficios empresariales y se elevó hasta los 32.176 millones. Y la del IVA aumentó un 13,9% por la inflación y la mejora del consumo, hasta situarse en los 82.595 millones.
Asimismo, los impuestos especiales registraron una mejora del 2,5% pese a las rebajas fiscales implementadas por el Gobierno para atajar la crisis energética, y supusieron 20.224 millones en ingresos.
“Ha quedado acreditado que es falso que el Estado esté teniendo una recaudación de forrarse con motivo de la inflación. Si los ingresos aumentan es porque aumenta la riqueza y la creación de empleo”, declaró Montero en alusión al Partido Popular, antes de subrayar que el incremento de la recaudación tributaria se ha destinado a hacer frente a la coyuntura económica.
GASTO PÚBLICO
En este sentido, afirmó que el impacto de las medidas del Gobierno para mitigar el alza de los precios es “muy superior” al efecto de la inflación sobre la recaudación. Así, reiteró que el Ejecutivo ha destinado 45.000 millones a las medidas anticrisis, de los que 10.000 millones se corresponden a avales a las empresas.
De ese esfuerzo fiscal, 22.000 millones se correspondieron a las medidas aprobadas en 2022, entre ellas, la bonificación al precio de los carburantes, la gratuidad de Cercanías y Media Distancia, y la rebaja de los impuestos relacionados con la electricidad.
COMUNIDADES Y AYUNTAMIENTOS
Por subsectores, las comunidades autónomas han incrementado su déficit desde los 630 millones registrados en 2021 hasta los 15.085 millones, lo que supone una subida equivalente al 1% del PIB. Este incremento estaba previsto, ya que el Gobierno cesó las transferencias extraordinarias para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de la covid-19.
En cuanto a las corporaciones locales, pasaron de tener un superávit de 3.271 millones de euros a cerrar con un déficit de 1.647 millones, lo que supone un incremento de 0,4 puntos del PIB. Montero explicó que esta necesidad de financiación es de carácter técnico, ya que
Por último, la ministra celebró que la Seguridad Social ha reducido a la mitad su déficit, desde los 12.039 millones de 2021 hasta los 5.986 millones. Este resultado se debe a un incremento de los ingresos de 4.800 millones y una reducción de los gastos de poco más de 1.250 millones.
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