Pide al Ministerio los informes para conocer las situaciones excepcionales que permitirían hacer extracciones y volver a autorizarlas
SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)
El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha asegurado tener la conciencia “muy tranquila” ante la denuncia impuesta por la Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico (ASCEL) contra el Gobierno de Cantabria por la autorización de caza de lobos que publicó el pasado mes de junio y que posteriormente paralizó la Justicia. “No falseamos datos”, “lo que es falso es lo que dice ASCEL”, ha asegurado.
Así lo ha señalado Blanco este martes tras la rueda de prensa para presentar la XII Feria de Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios de la Comarca de Liébana, en la que ha recordado que el subdirector general de Medio Natural, Ángel Serdio, está citado para declarar ante la Fiscalía este miércoles, 29 de marzo, y que posteriormente lo hará el director general de Biodiversidad, Antonio Lucio, y luego, él mismo, aunque aún no han sido citados.
Blanco ha hecho hincapié en que no declararán en calidad de imputados “ni mucho menos”, sino que se trata de una situación “preprocesal” por parte de la Fiscalía ante la denuncia de ASCEL, con el objetivo de conocer los datos del Gobierno de Cantabria.
El consejero ha incidido en que ASCEL, una asociación “ultra conservacionista y proteccionista”, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han llevado a Cantabria a “esta situación de prohibición del control del lobo” al incluirlo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (LESPRE).
A su juicio, hay que “hacer que el ganadero sobreviva y que sus animales sobrevivan y para eso necesitamos controles, controles que tenemos vetados desde el 21 de septiembre de 2021”.
Y sobre el supuesto falseamiento de datos que denuncia ASCEL, ha afirmado que son “rigurosamente presentados por los agentes del medio natural, que son los que informan de los ataques y de las muertes de los animales” de los ganaderos, que superaron los 2.000 ejemplares en 2022. “Cifra récord”, ha apuntado, insistiendo en que tiene la conciencia “tranquila” de haber aportado “datos fiables” refrendados por los servicios jurídicos y técnicos del Gobierno regional.
Por otro lado, ha señalado que actualmente la Consejería está recabando los informes preceptivos del Ministerio aunque, ha dicho, “no nos han hecho llegar ni los últimos y seguramente estos tampoco, pero vamos a intentar recabar de nuevo los informes que la Ley marca como preceptivos”.
“Son informes que el Ministerio nos ha de hacer llegar sobre la situación que provocaría esos controles en la población del lobo ibérico, controles que debemos seguir insistiendo en hacer sobre ejemplares y manadas concretas, habida cuenta de la superpoblación de lobos constatada en Cantabria y del número excesivo y grave de ataques sobre los animales de los ganaderos”, ha insistido.
Al hilo, ha incidido en que “somos gente de Ley, cumplimos la Ley, y el LESPRE indica que ante situaciones excepcionales puedan hacerse controles excepcionales”, para lo que, ha apuntado, “se necesita el informe de quienes han hecho la Ley, es decir, del Ministerio”, y que a pesar de las “promesas” de la Dirección General de Biodiversidad del Estado “no nos han llegado”.
“Vamos a seguir recabando esos informes para volver a dictar órdenes de extracción. Si el año pasado las dictábamos por un número de ataques, este año con más motivo, con más número de ataques, con más ejemplares en las manadas de lobos. Con muchas más razones vamos a seguir solicitando esas extracciones, dentro de las herramientas que en estos momentos nos deja la Ley, y apelando también al buen juicio de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC)” y “con todo el respeto” a los magistrados, que “atienden a una ley injusta que es la orden del LESPRE”.
Para concluir, Blanco ha destacado que espera que la ministra para la transición Ecológica, Teresa Ribera, sea sustituida “cuanto antes” por un ministro que tenga “la suficiente energía y agallas” para “volver la situación atrás” y “darle la autonomía a las comunidades para realizar esos controles en defensa de sus ganaderos”.
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