Fiscalía pide inhabilitarla durante un año y multarla con 12.000 euros
BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) juzgará este miércoles a la consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, por presunta desobediencia en la organización y la celebración del referéndum del 1-O en 2017.
Serret se enfrenta a una petición de condena de un año de inhabilitación, algo que ella misma ha declarado que contempla “absolutamente” que puede ocurrir, y la Fiscalía también pide imponerle una multa de 12.000 euros.
Desde enero de 2016 y durante los meses previos al referéndum, Serret encabezaba el departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, desde donde la Fiscalía cree que intervino para garantizar la votación.
Tras el 1-O, Serret se fue a vivir a Bélgica como hicieron otros consellers del Govern que presidía Carles Puigdemont, pero en marzo de 2022 ella se personó en el Tribunal Supremo (TS) ante el juez Pablo Llarena.
El instructor del 1-O acordó enviar la causa sobre Serret al TSJC, lo que ha desembocado en el juicio del miércoles.
ACUSACIÓN
Entre los actos que le atribuye la Fiscalía al acusarla de colaborar en los preparativos del 1-O, expone que Serret estaba entre los consellers que acompañaron a Puigdemont y al entonces vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, cuando el 9 de junio de 2017 presentaron la pregunta que se haría en el referéndum.
El escrito de acusación de la fiscal también relata que el 6 de septiembre de 2017, tras aprobarse en el Parlament la celebración del referéndum, “la totalidad de los integrantes del Govern –presidente, vicepresidente y 12 consellers–, desatendiendo nuevamente los requerimientos del Tribunal Constitucional y con pleno conocimiento de la ilegalidad de la iniciativa, firmaron el decreto de convocatoria del referéndum”.
“La acusada conocía perfectamente la ilegalidad de las decisiones que se estaban tomando, que las mismas ignoraban por completo los mandatos del Tribunal Constitucional, y que se estaban destinando fondos públicos a unos fines manifiestamente delictivos”, añade la fiscal en el escrito de acusación.
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