MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La Plataforma de Infancia, organización compuesta por más de 70 organizaciones de infancia, teme que la ley de Familias, aprobada este martes en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, “no llegue a asumir las obligaciones mínimas” establecidas por la Directiva de Conciliación Europea y no reconozca “adecuadamente” la remuneración de los permisos parentales.
A falta de una valoración del texto final de la Ley y de acuerdo con los anuncios realizados por el Gobierno, las organizaciones de infancia temen que el texto “no especifique ni reconozca adecuadamente” la remuneración de los permisos parentales, “al menos durante los dos meses mínimos” que establece la Directiva de Conciliación Europea.
“La remuneración de los permisos parentales es una obligación de la directiva que debe ser traspuesta para cumplir con las obligaciones europeas y garantizar que todas las familias puedan acogerse a esta medida y cuidar más allá de los tres años”, ha explicado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.
Además, atendiendo a la transposición de los permisos para cuidadores y de los permisos parentales, a las organizaciones de infancia les preocupa que el Gobierno “haya hecho uso de la denominada ‘cláusula pasarela’, absorbiendo los permisos ya existentes, y reduciendo así la posibilidad de su disfrute”.
La semana pasada, la Plataforma de Infancia hizo llegar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la petición de cumplir los mínimos exigidos por la Directiva europea de Conciliación en cuanto a la remuneración de los permisos parentales y de ir más allá en el resto de compromisos.
“La ley de familias es una oportunidad para ser más ambiciosos en el reconocimiento de la diversidad familiar, la conciliación y la reducción de la pobreza infantil”, ha añadido Ibarra, lamentando que el Ejecutivo “no haya recogido las propuestas” que le han trasladado como “prioritarias”.
RENTA DE CRIANZA HASTA LOS 18 AÑOS
Entre otros asuntos, a las organizaciones de infancia les preocupa que no se garantice la universalidad de la prestación de apoyo a la crianza, “dejando fuera a las madres en situación de inactividad”, y que no se prevea su ampliación hasta que el niño o niña cumpla los seis años, con el compromiso de ampliarse hasta los 18 años en el medio o largo plazo.
Otra preocupación es que no se amplíen los días del “permiso para cuidadores” a siete días, tal y como había anunciado el Gobierno con anterioridad a este anteproyecto de ley, y que no se incluya como enfermedad susceptible de dar derecho a este permiso “cualquier enfermedad común que requiera reposo domiciliario e imposibilidad de acudir al centro educativo, cuando se trate de cuidar a niños y niñas”.
También lamentan que el texto no equipare “la duración y prestación de todos los permisos” de las familias monoparentales para cuidar a niños y niñas a los que disfrutan las familias biparentales, “perpetuando la discriminación que sufren estos niños y niñas al disponer de la mitad de tiempo de cuidado que el resto”.
En todo caso, desde la Plataforma de Infancia valoran esta ley como “una pieza necesaria para avanzar en la igualdad para todos los niños y niñas”, ante los “elevados índices de pobreza infantil en España, la baja tasa de natalidad, la falta de medidas de conciliación, los modelos familiares no tradicionales y el escaso apoyo a las familias para la crianza”.
Por otro lado, desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) han valorado “positivamente” esta nueva ley, ya que tiene en cuenta el apoyo a la crianza, a los hogares con niños y la conciliación.
“Son elementos necesarios que ayudan a la sostenibilidad económicas de las familias”, ha destacado el presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, Carlos Susías, quien considera que la nueva norma “será un apoyo en la lucha contra la pobreza infantil y pobreza en la unidad familiar”.
Asimismo, el presidente de EAPN-ES considera que la nueva norma será “un refuerzo” frente a los efectos de las sucesivas crisis que han impactado “de forma más cruda” en los hogares en situación vulnerable.
Según el XII Informe sobre el Estado de la Pobreza de EAPN-ES, es “especialmente preocupante” la situación de los hogares monoparentales con uno o más menores a cargo: más de la mitad, el 54,3%, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, y un 26,2%, en situación de pobreza severa.
A estas cifras se suma la “elevada” tasa de pobreza o exclusión social en menores de 18 años que, según el mismo informe, alcanzó un 33,4% en 2021; y la de las familias numerosas, pues el 27,2% de las personas que viven en hogares con tres o más niños se encuentran en situación de pobreza severa, cifra que casi multiplica por tres los datos registrados en el resto de los hogares.
En todo caso, para Susías, la ley de familias presentada este martes es “el mínimo” sobre el que trabajar en la futura tramitación parlamentaria. “La ley debe ser apoyada y mejorada si queremos tener un país más justo que se preocupa por sus familias”, ha subrayado, al tiempo que ha aprovechado para reclamar al Gobierno que “retome el proyecto de ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que incluya una reforma integral del bono social energético”, así como “la aprobación urgente de la ley de vivienda”.
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