SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)
Tener una casa, mantenerla en buenas condiciones y poder pagarla es algo imposible hoy para muchas familias en Andalucía. A pesar de su carácter fundamental, en algunos casos supone un factor de empobrecimiento. La infravivienda representa un 34,4% del total de las viviendas andaluzas. Esto incluye edificios sin evacuación de aguas residuales, viviendas en mal estado o edificios de cuatro plantas o más sin ascensor, entre otras, lo que repercute en la salud física y mental de los niños, afectando a su crecimiento, al rendimiento escolar y a su seguridad.
Estos datos se recogen en el estudio que publica este marte Save the Children, ‘Aquí no hay quien viva: un análisis de las dificultades de las familias para pagar la vivienda en Andalucía’, donde analiza, por un lado, qué factores hacen de la vivienda un lugar inadecuado para vivir y, por el otro, qué situaciones hacen que la posesión de una vivienda sea insegura.
Así, a través de un comunicado, Save the Children señala que la infancia andaluza y sus familias tienen que hacer frente, además de a la infravivienda, a otros problemas que hacen de la vivienda un lugar “inadecuado” para el desarrollo de la infancia como la falta de infraestructuras básicas, el hacinamiento, la vivienda en entorno degradado, la vivienda insalubre y el chabolismo.
En España, el 21,4% de los niños y adolescentes habitan en viviendas que presentan goteras en el techo, humedad en paredes, suelo o cimientos, o podredumbre en los marcos de las ventanas o el suelo. En Andalucía, la organización apunta que si analizamos la medida en la cual los hogares disponen de infraestructuras básicas, se observa que muchas familias no disponen de una cocina independiente (de 4 m2 o más), lo cual afecta directamente en la alimentación y la seguridad de los niños que viven en ellas.
Esta situación es más frecuente en la provincia de Málaga, donde casi el 7% de los hogares con niños y adolescentes no dispone de cocina, seguida de Cádiz y Almería, que también muestran altos porcentajes de hogares sin esta infraestructura básica, subrayan.
Save the Children expone también que disponer de espacio suficiente dentro de la vivienda para todos los miembros del hogar es otra de las dimensiones de especial relevancia para los niños, ya que el hacinamiento puede provocar hiperactividad y agresividad, así como impactar en su rendimiento escolar. Y precisa que se considera que la situación de hacinamiento es “grave” cuando se dispone de menos de 15 metros cuadrados por habitante, situación en la que se encuentran el 4,6% de los hogares con niños y adolescentes en Andalucía, cifra superior a la media española.
EL 2,1% DE HOGARES DE ANDALUCÍA, UBICADOS EN ENTORNOS DEGRADADOS
Apunta que adicionalmente a las condiciones específicas de la vivienda, la calidad del barrio o espacio público, determinada por el nivel de acceso a servicios públicos, la distancia de zonas con oportunidades económicas, el grado de cohesión y la exposición a riesgos para la salud –drogas, basura, etcétera, o la seguridad –delincuencia–, inciden directamente en el bienestar y salud de sus habitantes y afectan a la movilidad social. De acuerdo con Einsfoessa 2021, el 2,1% de los hogares de Andalucía estaban ubicados en un entorno degradado, frente al 1,8% de media en el total de hogares españoles.
El estudio de Save the Children se referie igualmente a las viviendas insalubres, aquellas que carecen de condiciones higiénicas-sanitarias adecuadas y detalla que en España el 7,2% de los hogares no reúne las condiciones mínimas para garantizar la salubridad. Mientras, y en relación al chabolismo, apunta que estas situaciones de exclusión residencial en Andalucía están particularmente relacionadas con la población migrante y en especial los trabajadores temporarios, en muchos casos mujeres, y se focaliza principalmente en las zonas de Huelva y Almería.
Por otro lado, según dicho informe, las familias andaluzas con hijos a cargo también se enfrentan a los problemas que acarrea residir en una vivienda insegura cuando no pueden pagar a tiempo su hipoteca o alquiler o cuando se ven abocados a sufrir un desahucio. De este modo, indica que en Andalucía, el 20% de los hogares con niños y adolescentes tienen sobrecarga financiera de vivienda, lo cual la ubica como la séptima comunidad autónoma con mayores dificultades en España.
Esta situación se da cuando las familias tienen que destinar al menos el 30% de sus ingresos al pago de la vivienda y servicios básicos, lo que supone disponer de menos presupuesto para otras necesidades de la crianza. Los mayores incrementos de alquileres se han experimentado en Málaga (casi un 14% entre 2020 y 2015), seguida de la provincia de Sevilla (más de 10% en el mismo periodo) y Almería (9,5%).
Aunque la pandemia trajo consigo las medidas positivas del llamado “escudo social”, el actual contexto del mercado de la vivienda podría devolver a muchas familias a situaciones de riesgo. De hecho, indica que se estima que entre el 70% y el 80% de los desahucios –en Andalucía, sólo durante el 2022, se produjeron 6.252 desahucios– afectan a familias con niños y adolescentes, según datos de Naciones Unidas.
MAYOR INCIDENCIA DE DESAHUCIOS EN ALMERÍA
En el territorio andaluz la mayor incidencia de los desahucios se encuentra en la provincia de Almería, con 3,3 lanzamientos por cada 1.000 hogares, seguida de Málaga (3,0) y Granada (2,0). Jaén presenta el menor número de desahucios en relación con su población (0,9 por cada 1.000 habitantes), y Córdoba y Sevilla también presentan una incidencia menor de los desahucios (1,1 por cada 1.000 habitantes).
Save the Children asegura que, a pesar de los esfuerzos de las administraciones, “el modelo de vivienda tradicional en Andalucía se sigue rigiendo por un cierto continuismo de las políticas de recuperación tras la Covid-19”, asegura Ana Sánchez, portavoz de la organización.
“Creemos que no se están desarrollando correctamente las medidas dirigidas a abordar la pobreza energética o la infravivienda, así como tampoco las relacionadas con la promoción del alquiler social o la protección especial de niños, niñas y adolescentes en los casos de desahucio”, añade Sánchez.
Andalucía cuenta con un parque de vivienda pública de 94,4 mil unidades en total, siendo la tercera comunidad con una mayor magnitud relativa de vivienda social en España. A pesar de este dato, el porcentaje de vivienda pública sobre el total del parque de vivienda andaluz es tan sólo del 2,5%, cifra que dista mucho de la media europea, en 2019 de un 9,3%.
En los presupuestos andaluces de 2022 se destinaron 555 millones de euros a políticas de vivienda. A pesar de que el monto destinado supone un incremento con respecto a años anteriores, “destaca la ausencia de medidas específicas para la protección de las familias o para mitigar impacto de los procedimientos de desahucio, especialmente para las unidades familiares con hijos a cargo”.
¿QUÉ PROPONEMOS PARA MEJORAR ESTA SITUACIÓN?
En su análisis, Save the Children propone una serie de recomendaciones que tienen como objetivo garantizar el derecho a la vivienda en Andalucía desde una perspectiva de infancia. Así, apuesta por mejorar el acceso a ayudas a la vivienda para familias en situación de vulnerabilidad; elaborar una estrategia de erradicación de asentamientos y chabolismo identificando las necesidades específicas de la infancia; reforzar la protección antidesahucios en presencia de niños en el hogar; garantizar e impulsar el uso social de la vivienda; mantener y rehabilitar el parque de vivienda pública y mejorar el alcance y acceso a ayudas a la rehabilitación, acondicionamiento y accesibilidad de viviendas inadecuadas de titularidad privada; y la mejora de la colaboración público-privada en clave de mayor inclusión en la vivienda
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