MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) examinó en un informe la posición de la discapacidad y la accesibilidad en la nueva Ley Orgánica 2/2023 del 22 de marzo, del Sistema Universitario, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de marzo.
En dicho informe se especifica que la ley consta de un preámbulo en cuatro partes, diez títulos compuestos por cien artículos, diecisiete disposiciones adicionales, doce transitoria, una única, y una parte final con doce disposiciones finales entra las que se incluye la de su entrada en vigor.
En la segunda parte del preámbulo, se enuncia un espíritu de mayor inclusividad del sistema universitario al mencionar que “en materia de accesibilidad las universidades deben garantizar a personas con discapacidad un acceso universal a los edificios y sus entornos físicos y virtuales, así como al proceso enseñanza-aprendizaje y evaluación”.
En el informe el Cermi realizó una valoración general de la Ley Orgánica en la que expresó “su satisfacción global con los contenidos sobre discapacidad e inclusión de la nueva Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, que entrará en vigor el próximo 12 de abril”. El Cermi celebró que el texto definitivo de la nueva Ley de Universidades aprobado por las Cortes Generales recoge buena parte de las propuestas que el Cermi formuló a lo largo de la tramitación de la iniciativa.
El informe destaca y desgrana la igualdad, la no discriminación y la equidad como los principios rectores que dirigen la Ley orgánica. Además, en el informe se agrega un apartado relacionado con los cambios en el articulado de la Ley Orgánica del Sistema de Universidades las políticas en el que se establecen y señalan condiciones de accesibilidad; y medidas a desarrollar con impacto en las personas con discapacidad. En este último punto se explica que la norma “prevé el desarrollo normativo y reglamentario necesario para su cumplimiento y la consecución y garantía de los derechos que señala. Competencias que recaen tanto en las Universidades, como Comunidades Autónomas a las que pertenecen, y que son necesarias para promover la accesibilidad, equidad y mecanismo de no discriminación mencionados”.
“Aspectos como la consideración transversal de la discapacidad en toda la renovada regulación del sistema universitario, las garantías de no discriminación, accesibilidad universal, acción positiva y ajustes razonables, así como la exención del pago de matrículas para el estudiantado con discapacidad, o la necesidad de que las universidades cuenten en su estructura con una unidad de atención a este grupo, constituyen elementos propicios para el ingreso, permanencia y progreso de las personas con discapacidad en la enseñanza superior”, indica el informe.
El Cermi destaca como cuestiones positivas de la ley, el robustecimiento de la consideración de la discapacidad en la política de becas, el establecimiento de un cupo de reserva del 5% para los estudios de doctorado o concreciones referentes a la contratación de Personal Docente e Investigador con discapacidad, o la reserva de plazas para todo el personal laboral. “Todas ellas, son medidas de calado con el fin de garantizar y ofrecer unas universidades públicas accesibles e inclusivas para todos y todas”.
Finalmente, el Cermi expresa en este informe su confianza “en que esta nueva Ley suponga un impulso para el proceso de progresiva participación de las personas con discapacidad en el sistema universitario en igualdad de condiciones y sin restricciones ni discriminaciones asociadas a esta circunstancia”.
Se puede acceder al informe en ‘https://cermi.es/novedad/informe-del-cermi-sobre-los-contenidos-en-materia-de-discapacidad-y-accesibilidad-que-incorpora-la-ley-organica-22023-de-22-de-marzo-del-sistema-universitario’.
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