Fuentes justifica que los Pactos de la Villa impiden la enajenación de vivienda y suelo destinados a protección pública
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El grupo municipal CS defenderá en el Pleno de Cibeles de este martes una moción de urgencia que propone modificar, de forma inmediata y urgente, el Pliego General de Pactos y Condiciones Económico-Administrativas del Plan 18.000 —-un programa del Ayuntamiento de Madrid de los años 90 para construir viviendas protegidas en terreno público, de modo que los ciudadanos únicamente adquirían un derecho de superficie durante unos años, no la plena propiedad– para incluir en la oferta de venta de cuotas alícuotas de suelo a favor de los superficiarios las parcelas sometidas a protección pública en la actualidad.
Para “garantizar el carácter social y no especulativo”, recoge el texto de la moción de urgencia, estos inmuebles no podrían ser objeto de posteriores transmisiones en ningún momento por encima de módulo de vivienda protegida vigente, dejando constancia de ello en el Registro de la Propiedad.
Además la venta no podría realizarse sin la previa autorización del Ayuntamiento de Madrid, que mantendría un derecho de tanteo y retracto a su favor, así como a favor de la EMVS respecto de todas las transmisiones.
CS también propone poner en marcha un proceso de consulta y participación con los afectados para “estudiar y establecer un criterio de valoración, dentro de la legalidad y de acuerdo a las prácticas actuales de tasación de las parcelas ya descalificadas”.
NACIMIENTO DEL PLAN 18.000
Entre 1984 y 1997, el Ayuntamiento de Madrid puso en el mercado parcelas pertenecientes al patrimonio municipal destinadas a la construcción de viviendas de protección oficial en régimen de cooperativa. Se hizo mediante la constitución de derechos de superficie con carácter gratuito durante 75 años a favor de los adjudicatarios, entre las que se encuentran el Plan 18.000.
Eran viviendas de protección oficial de promoción privada y de régimen general o especial. “Desde el principio, numerosos superficiarios solicitaron adquirir la plena propiedad de sus viviendas mediante la compra de la cuota de suelo que les correspondiera de las viviendas, locales comerciales, anejos y garajes, en la misma proporción a las cuotas que dichos inmuebles tienen asignados en los elementos comunes que integran cada uno de los edificios construidos en las parcelas municipales cedidas en derecho de superficie”, han recordado en Ciudadanos.
Primero en 1992 y luego en 2009, el Ayuntamiento ofreció a los adjudicatarios la posibilidad de comprar la parte proporcional del suelo que les correspondía en la división horizontal. El Pliego de Condiciones Económico-Administrativas del 24 de noviembre de 2009, que regía la enajenación directa y onerosa, fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2012.
Ya en mayo de 2013, con Ana Botella en el gobierno, se aprobó un nuevo Pliego General de Pactos y Condiciones Económico-Administrativas, que estuvo vigente hasta el 30 de enero de 2018, con Manuela Carmena al frente. En este punto, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, criticó en la reciente comisión del ramo que desde entonces no fue posible la compra de suelo “puesto que se desconocen los motivos por los que el anterior equipo de Gobierno no prorrogó los pliegos”.
PACTOS DE LA VILLA
Debido al interés de los superficiarios en adquirir su cuota de suelo para consolidar su plena propiedad, el pasado 26 de enero se aprobó un nuevo pliego “pero cumpliendo el acuerdo del Pleno” que incorporaba la medida consensuada en los Pactos de la Villa y propuesta por la oposición, que establece que “ningún suelo ni vivienda destinados a protección pública podrán ser enajenados en ningún caso por el Ayuntamiento de Madrid, quedando como patrimonio y titularidad de todos los madrileños”.
Esto supone, remarcan en CS, que el Ayuntamiento “no puede vender en este programa suelos destinados a protección pública, sólo los calificados como libres y a precio de mercado”, mientra que los superficiarios del Plan 18.000 “consideran que es un agravio comparativo con respecto al resto, al haberlo podido comprar con la calificación de suelo protegido, con una valoración bien distinta y no libre, tal y como es condición obligatoria si se quiere cumplir con lo acordado en los Pactos de la Villa”.
LO QUE PIDEN LOS VECINOS
Decenas de vecinos que en su momento accedieron al Plan 18.000 reclamaron la semana pasada al Gobierno de PP y CS que el precio del suelo de sus viviendas, al borde de los 30 años desde su construcción, no salga a la venta ahora pero “multiplicado por ocho”.
El portavoz socialista en Desarrollo Urbano, Pedro Barrero, se preguntaba si lo que está buscando el Gobierno local con esta “multiplicación por ocho” es “hacer caja con estas familias mediante la venta del suelo público” o si les considera “los paganini de esos 236 millones de euros de déficit”.
En la misma línea, el portavoz del Grupo Mixto, José Manuel Calvo, quien fuera delegado de Desarrollo Urbano Sostenible en el mandato anterior, lamentaba que el problema viene porque “la evaluación del mercado lo marca ‘Idealista’ y ‘Fotocasa'”. Estos dos portales inmobiliarios dicen que la venta del suelo del Plan 18.000 “sale por 400.000 euros” por pisos de 30 años, esto es, “a precios de obra nueva en Valdebebas”.
Calvo demandaba a Mariano Fuentes que, siguiendo los cauces técnicos y administrativos correspondientes, “se fije una valoración razonable para que las viviendas tengan un precio acorde a su valor, que es lo que piden los vecinos”.
Mariano Fuentes, a su vez, afeaba a la oposición su postura ante el Plan 18.000 en el mandato anterior, para calificar que este “es el típico marrón heredado de la izquierda”. El delegado ya se abría a, si hay consenso por parte de todos, modificar los Acuerdos de la Villa alcanzados para evitar ventas de vivienda pública –el objetivo de la oposición con esta propuesta era que no se volviera a producir como pasó con el gobierno de Botella– y enajenar esos suelos.
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