MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El panel de expertos de PwC ha elevado al 1,4% su previsión de crecimiento de la economía española para 2023, tres décimas más que en el anterior informe trimestral.
Los panelistas consultados para esta primera encuesta de coyuntura del año “se muestran moderadamente optimistas sobre la evolución de la economía española en 2023, gracias, sobre todo, al buen comportamiento de las exportaciones, y a que el consumo de las familias, a pesar de todo, parece que seguirá aguantando en los próximos seis meses”, según explica PwC en un comunicado.
Descienden del 71,8% al 16,8% lo que piensan que la economía española evolucionará a peor el próximo trimestre, y aumentan en veinte puntos, hasta el 48%, los que creen que dentro de un año será mejor. Sólo el 23% espera más dificultades.
“Parece que la incertidumbre relacionada con la guerra de Ucrania y el hecho de que hayamos pasado un invierno sin problemas de suministro pesa cada vez menos en las perspectivas económicas”, indica el estudio.
En cuanto a la evolución del PIB, el 70% cree que el próximo trimestre seguirá mejor o igual y dentro de un año esta opinión es compartida por el 75% de los panelistas. Una mejoría que coincide también con las previsiones del Banco de España, que esta misma semana ha elevado en tres décimas, hasta el 1,6% su estimación de crecimiento para 2023.
Detrás de esta recuperación de la percepción de los expertos, empresarios y directivos se encuentra la situación económico financiera de las empresas: solo el 8% la califica como mala, y un 92%, como buena o regular.
Es una solidez que se sustenta en la buena evolución de las exportaciones, que en los próximos seis meses aumentarán o permanecerán estables para el 90% de los encuestados. El mismo nivel de respuesta se obtiene cuando se pregunta por la competitividad de las compañías. En cuanto a la creación de empleo, la posición está dividida a la mitad entre los que piensan que va a seguir igual o mejor y los que consideran que la contratación disminuirá.
Las familias siguen siendo las que más se están viendo afectadas por la caída del ritmo del crecimiento económico respecto a 2022. Su situación es regular para la mayoría, pero desciende del 70% al 34% los que piensan que será peor en el próximo trimestre. El consumo, mal que bien, seguirá aguantando, según el 44,7% de los encuestados, aunque el 78% espera una caída de la demanda de vivienda.
INFLACIÓN
El 82% prevé que los tipos de interés se sitúen entre el 3% y el 3,75% el próximo mes de junio. Para finales de año, suben veinticinco puntos los que apuestas que podrían tocar el 4,25%. No obstante, las respuestas de los panelistas tuvieron lugar antes de que se produjeran los últimos acontecimientos en el sector bancario en EE. UU. y en Europa.
La inflación será otro factor clave en los próximos meses. Para junio de 2023, la opinión media de los entrevistados la sitúan en el 4,1% y, a finales de año, en el 3,8%. Cuando se les pregunta por su política de precios, el 60% señala que espera incrementarlos frente al 40% que dice que los mantendrá. El motivo que señalan mayoritariamente (67%) es el incremento de otros costes, en referencia a los de la energía y el transporte.
Las respuestas de los panelistas muestran una preocupación generalizada por la situación de las cuentas y por el aumento del gasto público. El 63,2% asegura que el estado de las finanzas públicas no se ha corregido suficientemente, después de la crisis de 2008, y se ha llegado a la pandemia con un desequilibrio excesivo. Y el 76% estima que después del paquete anticrisis aprobado a finales de 2022 -que incluía cheque para familias, reducción del IVA, apoyo para gastos de transporte público- existe una probabilidad elevada de que los gastos de las Administraciones Públicas excedan las cifras originalmente presupuestadas. De hecho, el 54% y 55%, respectivamente, considera que hay un riesgo alto de incumplir con los objetivos de déficit para 2023 y con los previstos para 2025 en los planes de convergencia.
Por otro lado, el 77,8% opina que los presupuestos para 2023 están claramente condicionados por el año electoral, el 70% cree que puede haber desviaciones discrecionales del gasto público y el 65% estima que el aumento del coste de la deuda pública será superior a las proyecciones del Gobierno. Además, un 69% considera que el gasto en pensiones pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En general, los expertos, empresarios y directivos lamentan (62%) que en esta legislatura no se haya avanzado en la reforma fiscal prevista en el Libro Blanco y destacan (65,5%) que el aumento de la recaudación se esté debiendo al incremento nominal de la economía, pero no a reestructuraciones de fondo que asienten el gasto público a medio plazo. También son una mayoría (67%) los que reclaman una modificación de la normativa tributaria española para que se actualice, automáticamente, la tarifa del IRPF con la inflación. En esta línea, reclaman una firme actuación en la lucha contra el fraude: casi el 90% cree que hay margen de incrementar los ingresos por esta vía.
Finalmente, los encuestados apuestan mayoritariamente (80%) por que agencias fiscales independiente, como la AIReF, realicen el seguimiento de la convergencia fiscal de los Estados miembros y contribuyan a su control, y abogan por que se realice un análisis individualizado por país, a cargo de un organismo independiente de la Comisión. También piden que la participación en los programas de gasto de la UE debería de estar condicionada al cumplimiento de las recomendaciones acordadas con la Comisión Europea.
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