Compara las acusaciones contra cargos de su país con las sufridas por España por parte del independentismo catalán
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La defensa del ministro de Seguridad Nacional de Guinea Ecuatorial, Nicolás Obama Nchama, ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional poniendo en duda que ese tribunal especial sea competente en la causa en la que se investiga el presunto secuestro y tortura de opositores del régimen de Teodoro Obiang, y solicita que resuelva sobre ese extremo antes de que se proceda a tomarle declaración como investigado.
Así lo indica en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que avisa al juez instructor Santiago Pedraz, encargado de estas pesquisas, de que dadas sus ocupaciones no puede desplazarse a España para la citación programada para el martes 28 de marzo.
Se da la circunstancia de que Pedraz no ha puesto objeción a que las declaraciones de los tres investigados, Carmelo Ovono Obiang –hijo del presidente–, Nicolás Obama Nchama e Issac Nguema Ondo, se realicen por videoconferencia. Si bien, la defensa de de Carmelo Ovono Obiang ya avisó cuando solicitó la declaración telemática que se acogerían a su derecho a no declarar.
NO ES ESPAÑOL Y NO RESIDE AQUÍ
La defensa de Obama Nchama considera que Pedraz no es competente para investigar a su cliente porque éste “ni es español, ni reside habitualmente en España (…) pues es evidente que su cargo de ministro le impide ausentarse de su país por el tiempo mínimo para considerar siquiera dicha posibilidad acorde a la normativa española de extranjería”.
Añade que ni siquiera se encuentra en España “por lo que al no encontrarse en territorio español falta un requisito básico para que la Audiencia Nacional sea competente”. Al hilo, explica que los distintos delitos que se le imputan, como tortura y contra la integridad moral, exigen que el procedimiento se dirija contra un español o que la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.
“No se produce la conexión específica exigida para que la justicia española pueda entender de los mismos”, indica para reiterar acto seguido que dado que Obama Nchama no estaba en territorio español “huelga abundar sobre cualquier otro extremo por la claridad con la que se expresa en este caso la falta de competencia”.
En cuanto al delito de genocidio o lesa humanidad, señala que se exige que el procedimiento se dirija contra un español, contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.
E incide en que su representado con independencia de ser portador de una autorización para residir en España, no reside habitualmente aquí, “cuestión de sentido común al ser ministro de Estado, lo que requiere su presencia indudable y permanente en su país”.
Suma a esto que los informes remitidos por la Policía arrojan que “ni mediante técnicas de vigilancia operativa ni a través de los controles de frontera se ha podido constatar que Obama Nchama fuera residente en España sino todo lo contrario”.
EL “DISLATE” DE CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN
La querella que admitió Pedraz se centra en el presunto secuestro y las posteriores torturas que habrían sufrido cuatro miembros del MLGE3R: los residentes en España Martín Obiang y Bienvenido Ndong, y los nacionales españoles Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman –que murió en la prisión de Oveng Azem (Mongomo) por esas presuntas torturas–. Los hechos habrían acontecido en un viaje de Madrid a Yuba, en Sudán del Sur, donde habrían sido capturados el 15 de noviembre de 2019.
Sobre los secuestrados, la defensa de Obama Nchama dice que “no obra acreditado siquiera que sean españoles” por lo que es un “dislate” continuar con la instrucción. Y añade que aunque se acreditara que tienen nacionalidad española “no consta que hayan renunciado a su nacionalidad guineo-ecuatoriana para la adopción de la nacionalidad española. Y recuerda que “la única nacionalidad a considerar es la efectiva, pues la otra permanece latente”.
Añade que tampoco se ha probado que fueran siquiera residentes en España, y señala que “poseer una autorización de residencia y encontrarse en España y residir son dos situaciones distintas”. Suma a esto que el supuesto delito se produjo fuera de España, “por lo que al encontrarse los mismos fuera del territorio español, podría incluso discutirse que fueran residentes”.
En cuanto a la posibilidad de que los hechos supusieran un delito de lesa humanidad, la defensa indica que es claro que en este caso no concurre porque los hechos investigados se centran en una presunta detención ilegal de varios ciudadanos ecuatoguineanos, al parecer alguno también con nacionalidad española, para ser juzgados en Guinea Ecuatorial por delitos contra el orden constitucional de dicho país.
Recalca que sobre ese extremo “no corresponde pronunciarse a la Audiencia Nacional por tratarse de una cuestión perteneciente a la soberanía nacional” y que “difícilmente puede concebirse tales conductas como de lesa humanidad pues falta el elemento que da sentido a todas las conductas descritas en dicho delito, como es el que los hechos previstos en el artículo 607 se hayan cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella”.
SITUACIÓN PARECIDA AL INDEPENDENTISMO CATALÁN
Por otro lado, la defensa indica que “no es baladí recordar” que los supuestos secuestrados “residían en Guinea Ecuatorial hasta que, y tras el intento fallido de golpe de estado y a sabiendas de que se proseguía contra ellos causa judicial por graves delitos contra el Estado, huyeron de la justicia en 2017 con destino España”.
Añade que se escudan “bajo la inocente apariencia de una asociación de nombre motivador para continuar maquinando y atentando contra un estado soberano”, y asevera que son “reconocidos terroristas que han colaborado con mercenarios cameruneses, chadianos y centroafricanos” que ahora “además de luchar con armas, con la financiación de determinados actores internacionales, buscan hacer política en forma de querella y vituperar la credibilidad de Guinea a través del manejo interesado de los medios de comunicación”.
Además, apunta la defensa que la situación que vive Guinea Ecuatorial “no es muy distinta de la vivida por España con el independentismo catalán, con personajes como –Carles– Puigdemont refugiado en Bruselas porque ‘la justicia española no le ofrece garantías’ y buscado por similares delitos que los supuestos cuatro secuestrados”.
Por otro lado, sobre el fallecimiento de uno de los detenidos, Julio Obama Mefuman, indica que éste era diabético y tenía posibilidades de fallecer a consecuencia de esa enfermedad, por lo que “la insinuación siquiera de que haya podido fallecer como consecuencia de cualquier tipo de represalia es cuanto menos, altamente injuriosa aparte de carente de toda lógica”.
“Pues poca inteligencia de estado se pretende atribuir cuando hay otras 3 personas en esta misma causa en prisión, todas ellas vivas y que además llevan desde 2019 en prisión, por lo que es evidente la tergiversación que pretende darse de la situación y el poco sentido de la oportunidad que precisamente tendría ahora, realizar ningún atentado contra la salud de dicha persona, más allá de lo ridículo que resulta mencionar siquiera su posibilidad”, añade.
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