Goitia se ha desmarcado del atentado, y ‘Txapote’, ‘Jon’ y ‘Olga’ se han negado a declarar ante Pedraz
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Santiago Pedraz que adopte medidas cautelares contra el exmiembro de ETA Oier Goitia, uno de los investigados por el asesinato del juez Francisco Querol en octubre de 2000 en Madrid. Interesa la retirada del pasaporte, comparecencias periódicas en los juzgados y que se le prohíba salir de territorio nacional.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han explicado que estas cautelares, a las que se han adherido el resto de acusaciones, han sido solicitadas al término de su declaración de esta mañana ante el juez Santiago Pedraz, instructor del caso.
Goitia, el único que ha respondido este jueves, y sólo a preguntas de la Fiscalía, ha explicado que en la época en la que se produjo el atentado contra Querol en Madrid él estudiaba en Barcelona y se encargaba, por orden de otro miembro de la banda, José Luis Rubenach, de mantener un piso en Salamanca para que pareciera ocupado.
En mayo de 2020 la Audiencia Nacional ordenó la puesta en libertad de Goitia al haber cumplido la condena de diez años de prisión a la que fue condenado en 2010 por depósito de armas y municiones.
El etarra, de 45 años, estuvo integrado en el comando ‘Buru-Hauste’, que actuó en Madrid durante los años 2000 y 2001. Fue detenido el 23 de mayo de 2005, gracias a la colaboración de la Policía Nacional y la Policía Judicial francesa, en el interior de una vivienda de la localidad gala de Romans-sur-Isre.
Se encargaba del aprovisionamiento y adquisición de material electrónico, armas y documentaciones falsas en otros países, siendo de gran utilidad en las relaciones internacionales que podía mantener ETA. También estaba encargado de crear una infraestructura en Francia mediante el alquiler de pisos o locales, necesaria para el ocultamiento de sus militantes.
TXAPOTE, JON Y OLGA
Desde la cárcel de Zaballa (Vitoria) han comparecido también esta mañana los exjefes de la banda terrorista ETA Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, Juan Antonio Olarra Guridi, ‘Jon’, y Ainhoa Múgica Goñi ‘Olga’. Los tres se han negado a declarar ante el juez.
Según estas mismas fuentes, han declarado por videoconferencia y no han renunciado al principio de especialidad –por el que solo tienen que responder ante la justicia española por los hechos por los que fueron entregado por Francia–.
Esta tanda vino precedida de las comparecencias del miércoles, cuando los exmiembros de la banda Ana Belén Egües –alias ‘Dolores’–, Gorka Palacios, Juan Luis Rubenach e Iván Apaolaza también se negaron a declarar ante el juez.
LA PRÓRROGA DE PEDRAZ
Estos interrogatorios han tenido lugar después de que, el pasado enero, el juez Pedraz acordara prorrogar la investigación hasta el próximo agosto para seguir indagando en la presunta participación de la cúpula de ETA en el asesinato de Querol. El titular del juzgado acordó dicha medida porque aún estaban pendientes las declaraciones de los exintegrantes de la organización terrorista.
Fue en diciembre de 2021 cuando Pedraz dio curso a una querella de Dignidad y Justicia que busca esclarecer el atentado, en el que además de Querol, que era el objetivo, perdieron la vida su conductor, Armando Medina; el policía nacional Jesús Escudero, y un conductor de la EMT llamado Jesús Sánchez. Otras 30 personas resultaron heridas.
En el marco de las pesquisas, el magistrado recibió el pasado noviembre un informe en el que la Guardia Civil identifica a ‘Iñaki de Rentería’, ‘Mikel Antza’, ‘Txapote’, ‘Jon’, ‘Baltza’, ‘Willy’, ‘Ramuntxo’, ‘Anboto’ y ‘Olga’ como miembros de la cúpula terrorista que dio las “órdenes oportunas” para matar al juez Francisco Querol, que entonces tenía 69 años.
A lo largo de 307 páginas, el Instituto Armado situaba a estos nueve exdirigentes de ETA como miembros de su “máximo órgano de dirección” en esa época, y explicaba que “habrían participado en el diseño, dirección, seguimiento, facilitación de medios e impartición de las órdenes oportunas para la materialización de la acción terrorista”.
La Guardia Civil enmarca el asesinato de Querol en la nueva estrategia acordada en 1997 “de forma colegiada” por la dirección etarra de iniciar una serie de atentados contra jueces, magistrados y fiscales, tras la caída en 1992 de la cúpula de ETA en Bidart (Francia).
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