Goitia se ha desmarcado del atentado, y ‘Txapote’, ‘Jon’ y ‘Olga’ se han negado a declarar ante Pedraz
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el asesinato del juez Francisco Querol a manos de la banda terrorista ETA en octubre de 2000, ha rechazado las cautelares solicitadas por la Fiscalía contra el exmiembro de la banda Oier Goitia y ha acordado que sólo facilite un domicilio y un número de teléfono para poder localizarle.
Así lo confirman fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, que apuntan que de esta manera el magistrado no ha aceptado la retirada del pasaporte, las comparecencias periódicas en los juzgados y que se le prohíba salir de territorio nacional.
Goitia, en libertad desde 2020 tras cumplir condena, ha sido uno de los cuatro miembros que ha comparecido este jueves ante el juez por el atentado que acabó con la vida de Querol. A preguntas de la Fiscalía, el exmiembro de ETA ha explicado que en la época en la que se produjo el atentado él estudiaba en Barcelona y se encargaba, por orden de otro miembro de la banda, José Luis Rubenach, de mantener un piso en Salamanca para que pareciera ocupado.
DIEZ AÑOS DE PRISIÓN
Fue en mayo de 2020 cuando la Audiencia Nacional ordenó la puesta en libertad de Goitia al haber cumplido la pena de diez años de prisión a la que fue condenado en 2010 por depósito de armas y municiones.
El etarra, de 45 años, estuvo integrado en el comando ‘Buru-Ahuste’, que actuó en Madrid durante los años 2000 y 2001. Fue detenido el 23 de mayo de 2005, gracias a la colaboración de la Policía Nacional y la Policía Judicial francesa, en el interior de una vivienda de la localidad gala de Romans-sur-Isre.
Se encargaba del aprovisionamiento y adquisición de material electrónico, armas y documentaciones falsas en otros países, siendo de gran utilidad en las relaciones internacionales que podía mantener ETA. También estaba encargado de crear una infraestructura en Francia mediante el alquiler de pisos o locales, necesaria para el ocultamiento de sus militantes.
EL RESTO SE HAN NEGADO A DECLARAR
Este jueves también han comparecido ante Pedraz, desde la cárcel de Zaballa (Vitoria), los exjefes de la banda terrorista ETA Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, Juan Antonio Olarra Guridi, ‘Jon’, y Ainhoa Múgica Goñi ‘Olga’. Los tres se han negado a declarar ante el juez.
Esta tanda vino precedida de las comparecencias del miércoles, cuando los exmiembros de la banda Ana Belén Egües –alias ‘Dolores’–, Gorka Palacios, Juan Luis Rubenach e Iván Apaolaza también se negaron a declarar.
En este caso, el juez Pedraz acordó prorrogar la investigación hasta el próximo agosto para seguir indagando en la presunta participación de la cúpula de ETA en el asesinato de Querol. El titular del juzgado acordó dicha medida porque aún estaban pendientes las declaraciones de los exintegrantes de la organización terrorista.
Fue en diciembre de 2021 cuando Pedraz dio curso a una querella de Dignidad y Justicia que busca esclarecer el atentado, en el que además de Querol, que era el objetivo, perdieron la vida su conductor, Armando Medina; el policía nacional Jesús Escudero, y un conductor de la EMT llamado Jesús Sánchez. Otras 30 personas resultaron heridas.
En el marco de las pesquisas, el magistrado recibió el pasado noviembre un informe en el que la Guardia Civil identifica a ‘Iñaki de Rentería’, ‘Mikel Antza’, ‘Txapote’, ‘Jon’, ‘Baltza’, ‘Willy’, ‘Ramuntxo’, ‘Anboto’ y ‘Olga’ como miembros de la cúpula terrorista que dio las “órdenes oportunas” para matar al juez Francisco Querol, que entonces tenía 69 años.
A lo largo de 307 páginas, el Instituto Armado situaba a estos nueve exdirigentes de ETA como miembros de su “máximo órgano de dirección” en esa época, y explicaba que “habrían participado en el diseño, dirección, seguimiento, facilitación de medios e impartición de las órdenes oportunas para la materialización de la acción terrorista”.
La Guardia Civil enmarca el asesinato de Querol en la nueva estrategia acordada en 1997 “de forma colegiada” por la dirección etarra de iniciar una serie de atentados contra jueces, magistrados y fiscales, tras la caída en 1992 de la cúpula de ETA en Bidart (Francia).
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