BRUSELAS, 22 (EUROPA PRESS)
Con motivo del Día mundial del agua, una delegación de representantes de la Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) ha viajado a Bruselas para denunciar las “limitaciones” de la participación social en materia de agua y medio ambiente en la administración autonómica andaluza y en la administración general del Estado.
Invitados por el europarlamentario de Izquierda Unida Manuel Pineda, cuatro representantes de la MSA han mantenido una reunión en la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea con Claudia Olazábal y con eurodiputados andaluces y miembros de la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, según una nota de prensa.
En estas reuniones, una coalición de organizaciones formada por CCOO-A, UGT-A, COAG-A, UPA-A, Aeopas, Facua-A, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción Andalucía, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua y Red Andaluza de la NCA han trasladado los diferentes escritos y comunicados que han realizado en sus cinco años de funcionamiento, con especial atención a las cuestiones que se relacionan con la información pública y participación en la gestión y planificación hidrológica.
Las organizaciones de la MSA han advertido que las funciones de los órganos de participación reglada en materia de agua y medio ambiente en la Junta de Andalucía y el Estado, establecidos en los últimos años por imperativo legal, “chocan” con las “reticencias” o el “rechazo” por parte de los representantes políticos y de los equipos técnicos.
También han advertido que la mayoría de estos órganos, son convocados generalmente para refrendar decisiones tomadas de antemano por la administración, y se han convertido en instancias burocráticas, con una concepción de la participación y consulta meramente formalistas.
Por otro lado, las organizaciones han señalado que existe “un claro desequilibrio en el seno de estos órganos”, en los que se da mayor participación a las administraciones públicas y a los agentes económicos más poderosos frente a los agentes sociales.
Asimismo, han alertado sobre la imposibilidad práctica de participar ‘ab initio’ en el diseño de propuestas, lo cual se opone a los principios establecidos por el convenio Aarhus y por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Las organizaciones citan como ejemplo de esta “mala praxis” el Consejo Andaluz del Agua del pasado 1 de febrero, en el que “la Junta de Andalucía informó de la aprobación de los planes hidrológicos de las demarcaciones mediterráneas, Tinto-Odiel-Piedras y Guadalete-Barbate, sin dejar a discutir las materias que habían suscitado más interés y polémica”, y, por supuesto, “sin abrir debate alguno”. Actitud que también “achacan” a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de gestión estatal, la cual “incurre en este mismo tipo de funcionamiento”, según han explicado.
Por todo ello, la MSA considera necesario abordar un cambio en profundidad en la composición, competencias, objetivos y normas de funcionamiento, de tal manera que se garantice una verdadera participación de la sociedad civil mediante la articulación de instrumentos de participación que sean accesibles, imaginativos, operativos, digitales, y, por último, deben tener una composición, representación y proporción socialmente equilibrada, garantizando la voz de los intereses generales y primando la presencia femenina, poco presente hasta ahora.
Además de las cuestiones relativas a la participación, la MSA ha aprovechado esta visita a Bruselas para trasladar su posicionamiento sobre un reparto social del agua en el actual contexto de escasez del recurso para el riego. Las organizaciones han demandado que se tengan en cuenta criterios sociales a la hora de aplicar recortes. Por ello, solicitan a la Junta de Andalucía y al Estado que priorice agua para aquellas pequeñas explotaciones agrarias con un modelo de producción social y profesional.
Para ello, los colectivos proponen que se haga una discriminación positiva que garantice al menos una unidad de trabajo agrario para el titular de la explotación, asegurando el total de su dotación o un recorte menor que el que se debería aplicar a superficies agrarias mayores.
Por último, la MSA ha expresado su preocupación por que se respete escrupulosamente la legalidad en este contexto de crisis. Esto debería traducirse en garantizar la prioridad de los abastecimientos urbanos, con especial atención a aquellos en situación más vulnerable, y los caudales ecológicos imprescindibles para el mantenimiento de la vida en nuestros ríos y acuíferos.
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