Grupos de las disidencias de las FARC estarían dando carnet de identidad a la población para controlarla en Caquetá, ha denunciado
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, ha denunciado este viernes que si no se modifica una de las cláusulas contenidas en el proyecto de ley de sometimiento de grupos armados sin estatus político podrían salir cerca de 3.500 personas de las cárceles colombianas condenados o procesados por delitos de lesa humanidad, como secuestros, tráfico de personas, masacres o desplazamientos forzados.
El fiscal general ha presentado una lista con 12 ‘líneas rojas’ dentro del proyecto de ley presentado por el presidente, Gustavo Petro, quien defiende que se trata de un gran acuerdo de paz, y que prevé beneficios jurídicos a los miembros de grupos armados –entre los que no se incluyen jefes de las organizaciones ni sospechosos de participar en delitos graves– a cambio de colaboración y rendición.
“Por vía de este artículo de no eliminar el concierto para delinquir agravado o no limitar el artículo primero del 326, estarían desocupándose básicamente las cárceles o por lo menos se generaría un comercio de beneficios y de negocios en las cárceles del país”, ha explicado en rueda de prensa, según ha recogido Noticias Caracol.
En este sentido, ha tildado de “muy grave” el plan planteado por Petro y ha afirmado además que supone un “boquete” por el que se filtraría toda la alta criminalidad. “No los cabecillas, sino todas las personas que están por debajo que hubiesen cometido esos delitos”, ha afirmado.
EL CONTROL DE LA POBLACIÓN
Por otro lado, Barbosa ha alertado que la Fiscalía cuenta con información de que grupos de las disidencias de las FARC estarían dando carnet de identidad a la población, en lugares como el departamento de Caquetá, para ejercer un control de las entradas y salidas de las localidades.
“Tenemos información que está siendo verificada por la Fiscalía. Están carnetizando en Caquetá a ciudadanos por parte de organizaciones criminales para que entren a ciertos municipios. Esa es una información que está siendo verificada por la Fiscalía y que seguramente va a ser puesta hoy en consideración en el Consejo de Seguridad”, ha expresado, según ha recogido la cadena RCN.
El miércoles, se presentó en el Congreso la iniciativa del Gobierno para someter a los grupos armados sin estatus político al poder judicial. Petro defendió que este texto es semejante al de legislaciones de Estados Unidos, en las que se contempla la posibilidad de otorgar beneficios jurídicos a delincuentes a cambio de ayudar a desmantelar sus redes criminales.
Sin embargo, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, sostiene lo contrario, que esta nueva iniciativa beneficiará a narcotraficantes. En esa línea protesta la oposición, que pese a que ya ha sido desmentido por el Gobierno, insiste en afirmar que con esta ley se daría estatus político a las organizaciones del crimen organizado.
El texto, pensado para organizaciones como el Clan del Golfo y otras estructuras paramilitares, plantea penas de prisión de entre seis y ocho años para aquellos que se acojan al plan, además de un crea un fondo especial para reparar a las víctimas financiado con los bienes adquirido ilegalmente por estas personas.
En caso de que obtenga el visto bueno del Congreso, el Gobierno de Petro podrá entonces iniciar conversaciones para desestructurar a cambio de beneficios judiciales a estos grupos, mientras continúan las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la espera de que comience el mismo proceso con las disidencias de las FARC, únicos grupos con carácter político.
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