MADRID/VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)
La Comunitat Valenciana es la quinta autonomía en cuanto a la valoración de todos los indicadores de atención a la dependencia con una nota media de 6,2, según el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Según se extrae de este informe en España se “mantienen las enormes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión”. Así, nueve comunidades aprueban la escala este año, y la media estatal logra el aprobado con cinco.
En concreto, la Comunitat es la quinta tras Castilla y León (8,5), Castilla La Mancha (7,9), Andalucía (7,6) y Madrid (6,5). Mientras, Murcia (2,4) y Canarias (2,9) mantienen la última posición.
El 20,02% de la población valenciana potencialmente dependiente está atendida, una cifra superior a la media nacional del 19,9%. Mientras, hay un 28,33% de personas susceptibles de percibir ayudas por la dependencia que las han solicitado, una cifra inferior al 30,56% estatal.
Asimismo, la Comunitat Valenciana es la segunda que más personas ha incorporado al sistema de dependencia por detrás de Canarias. Hay un crecimiento del 14,13% entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, casi el doble de la media nacional, un 7,47%.
Según los datos del Observatorio 27.394 personas están a la espera en la Comunitat Valenciana, de ellas 16.283 están a la espera de valoración y 10.571 están ya en lista de espera. En el conjunto nacional 353.965 personas están a la espera de recibir atención a la dependencia, 8.799 menos que en 2021.
Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero sólo hay dos comunidades por debajo a ese margen en sus promedios: Castilla y León (125); y País Vasco (136). La Comunitat Valenciana lo resuelve en 300 días en promedio En el otro extremo estarían Canarias (977 días); Andalucía (544) y Murcia (486).
Así, las comunidades con mayor ‘limbo de la dependencia’, personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (27,1 por ciento), La Rioja (18,9 por ciento) y País Vasco (17,5 por ciento); y las que menos Castilla y León (0,18 por ciento), Castilla La Mancha (3,71 por ciento)y Aragón (4 por ciento).
Al igual que ocurrió en 2020 y 2021, Cataluña y Andalucía acumulan casi la mitad de las personas fallecidas en lista de espera. En el caso de la Comunitat Valenciana 3.805 personas fallecieron a la espera de ser valoradas, con lo que ocupa el noveno puesto por la cola.
Cabe destacar hay seis autonomías con una lista de espera por debajo del 5 por ciento y que reducen su lista respecto de 2021: Castilla y León (0,18 por ciento); Castilla la Mancha (3,7 por ciento; Aragón (4,0 por ciento); Cantabria (4,7 por ciento), Navarra (4,8 por ciento) y Galicia (4,6 por ciento).
El Observatorio revela también que en el primer año del plan de choque (2021), diez gobiernos de comunidades autónomas “hicieron caja” con el incremento presupuestario que realizó la Administración General del Estado: Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja, al disminuir su aportación neta al sistema de atención a la dependencia.
Por último, en la Comunitat Valenciana el gasto medio por habitante dependiente se situó en 1.135 euros, algo por debajo de la media nacional de 1.191 euros.
DATOS NACIONALES
Un total de 353.965 personas están a la espera de recibir atención a la dependencia, 8.799 menos que en 2021, según el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que advierten de que, a este ritmo, “se tardarían 35 años en lograr que no haya ninguna persona esperando algún trámite”. Además, más de 45.000 personas dependientes fallecieron en la lista de espera entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.
En concreto, hay 131.810 personas esperando a ser valoradas, 7.214 más que las 124.596 del año anterior, y 177.423 con el derecho reconocido pero en espera de recibir atención, 15.923 personas menos que el año anterior. A estos se suman 22.829 personas con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio y 21.903 que las CCAA no han registrado y están pendientes de valorar.
Según el documento el 44,6 por ciento de las personas desatendidas (80.862) son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado.
Aunque por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), actualmente, se tardan 344 días de media, y cinco comunidades superan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia, Extremadura y Galicia).
SERVICIOS CADA VEZ MÁS ‘LOW COST’
Por otro lado, los autores del estudio valoran que las prestaciones y servicios son cada año “más ‘low cost’ e insuficientes” para las necesidades de las personas en situación de dependencia. Así, por ejemplo, señalan que las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 234,96 euros; y la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila entre 445,5 euros al mes (Grado II) y 550,8 euros al mes (Grado III).
Asimismo, añaden que la ayuda a domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,45 horas al mes, 57,1 horas al mes para los grandes dependientes, lo que representa dos horas y media diarias de lunes a viernes, una intensidad “claramente insuficiente”, según los autores del Observatorio.
Además, de los datos se desprende que, durante el periodo interanual comprendido entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 fallecieron 45.360 personas en las listas de espera de la dependencia –19.661 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 25.699 sin haber podido ejercer sus derechos–. Esto supone que diariamente fallecen más de 124 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios.
Por otro lado, el dictamen sostiene que, por primera vez, el coste global del sistema superó los 10.000 millones de euros, llegando a 10.495 millones de euros; y añade que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2022 asciende a 9.717 millones de euros, de los cuales, 7.723 millones fueron asumidos por las Administraciones Públicas y el resto (1.995 millones) lo aportan las personas usuarias en forma de copago regulado (20,5%).
Del gasto público directo en dependencia en 2022, el informe precisa que la Administración General del Estado ha aumentado en 1.842 millones de euros la financiación, llegando al 33,9%, mientras que las CCAA han reducido su aportación y disminuyen su porcentaje de financiación hasta el 66,1%.
Los autores del estudio destacan que el recorte acumulado de la Administración General del Estado en dependencia, al que puso fin el Plan de Choque, ha sido de 6.321 millones de euros.
En este sentido, subrayan que el Gobierno de España “cumple” con el aumento presupuestario del Plan de choque para la Dependencia pero “la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr el objetivo de la reducción de la lista de espera, incrementar las prestaciones y servicios y ni siquiera ejecutar el incremento presupuestario”.
En concreto, denuncian que, en el primer año del plan de choque, diez gobiernos de comunidades autónomas “hicieron caja” con elincremento presupuestario: Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.
De esta forma, los autores del informe indican que “solo” hay 15.923 personas menos en lista de espera que, sumadas a las 38.807 del año 2021, no alcanzan las 60.000 que planteaban como objetivo el primer año, y avisan que, al ritmo del último año se tardarían once años en lograr la plena atención.
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