Considera que pudieron “haber impedido su asesinato”, pero decidieron no dar “la orden” de ponerle en libertad
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La Policía Nacional ha señalado a los exjefes de la organización terrorista ETA Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias ‘Iñaki de Rentería’; José Javier Arizcuren, ‘Kantauri’; María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’ y Mikel Albisu Iriarte, ‘Mikel Antza’, como los responsables de fijar al exconcejal del Partido Popular en Ermua Miguel Ángel Blanco como un “objetivo prioritario” de la banda.
Así se desprende de un informe de 160 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, que los investigadores han remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga a la cúpula de ETA por su presunta participación en el secuestro y posterior asesinato de Blanco, que se produjo en 1997.
Los agentes explican que, como miembros del Comité Ejecutivo de la banda, “tenían la capacidad para decidir la concreta ejecución de una acción terrorista”. “Es más, en el caso de pretender atentar contra objetivos especiales, la dirección de ETA tenía que dar su autorización. En cuanto al asesinato de políticos/concejales del PP, existió orden expresa a una generalidad de comandos, entre ellos el Donosti que fue responsable directo en el caso concreto de Miguel Ángel Blanco”, apuntan.
En este contexto, la Policía asegura que los cuatro exjefes de ETA a los que apuntan “no dieron la orden de poner en libertad” al dirigente ‘popular’ “cuando estaban en situación de plena conciencia de su posición de mando y teniendo el pleno dominio sobre el actuar de sus comandos armados, pudiendo haber impedido su asesinato”.
Así las cosas, indican que el Comité Ejecutivo, a través del aparato militar -del que formaban parte ‘Iñaki de Rentería’, ‘Kantauri’ y ‘Anboto’_”ordenó a sus comandos que tuvieran como objetivo prioritario atentar contra representantes políticos, especialmente del PP, como demuestran pruebas documentales y testificales relacionados con varios de los comandos que actuaban en territorio nacional”.
UN ASESINATO QUE BUSCABA “LA DESESTABILIZACIÓN DEL ESTADO”
“Miguel Ángel Blanco devino en objetivo de la organización ETA en su totalidad, y no solamente del comando Donosti, por ser miembro del Partido Popular para la consecución, bajo el chantaje político y la amenaza de muerte, de la desestabilización del Estado”, insisten los investigadores.
En esta línea, la Policía incide en la importancia de la jerarquía dentro de la banda. “El Comité Ejecutivo funcionaba de forma colegiada, y en él se adoptaban por acuerdo unánime de todos sus miembros las decisiones estratégicas y en ocasiones operativas y tácticas”, explica, añadiendo que esa función “incluía no solo la determinación de la línea estratégica política y militar”.
La dirección de la banda, continúa el informe, también se encargaba del “diseño, la planificación, la coordinación, dirección y en ocasiones también la orden o autorización de realizar los atentados terroristas que eran materializados por los comandos operativos”.
Los miembros del Comité Ejecutivo, entre los que se encuentran los cuatro exjefes señalados, “se correspondían al menos con los principales responsables de dichas estructuras en un número no constante, añadiéndose también en ocasiones algún otro militante, bien porque mantenía un ascendiente sobre cierta subestructura importante, o bien por su destacado historial de militancia”.
ETA, UNA ORGANIZACIÓN “SUMAMENTE JERARQUIZADA”
Como dirigentes de esos aparatos se encargaban, apunta la Policía, “de proporcionar los medios personales y materiales necesarios a los comandos armados operativos para la comisión de los atentados”.
“ETA era una organización sumamente estructurada y jerarquizada en la que sus integrantes tenían una labor encomendada y un responsable al que rendían cuentas de ese desempeño, este responsable les trasmitía las órdenes emanadas de otro responsable superior o directamente del órgano directivo”, concluye el informe.
La estructura de la banda, además, “era muy cerrada y casi de naturaleza militar”. “Cada miembro de ETA dependía de un responsable y ese de otro superior, en una cadena piramidal. Todos los militantes conocían la existencia del Comité Ejecutivo. Las órdenes de cada responsable se acataban en la convicción de que no se trataba de una orden personal, sino que respondía a un plan elaborado por la cabeza de la organización, esa comisión directiva que era el Comité Ejecutivo”, sostienen los investigadores.
En la organización terrorista, continúan, “regía una férrea disciplina mediante la cual se trataban de evitar traiciones, deserciones, delaciones, falta de observancia a las medidas de seguridad impuestas o posturas críticas”. “En alguna ocasión la decisión fue la ejecución del militante”, revelan.
LA DIRECCIÓN EJERCÍA “UN CONTROL TOTAL”
Así, la Policía asevera que “el régimen disciplinario no tenía unas líneas de definición de los actos concretos sancionables ni de las consecuencias de los mismos, lo que derivaba en una aplicación de la disciplina bastante arbitraria”.
La dirección de ETA “ejercía un control total sobre los actos de sus militantes; dónde, cómo, cuándo y con quién realizarían sus funciones o vivirían, afectando a todos los miembros de la organización, también a los presos, los huidos en terceros países y, por supuesto, los que estaban en activo”. “Incluso regulaba cuestiones más personales”, añaden.
Pero, además, el Comité Ejecutivo no solo era el que facilitaba “los instrumentos necesarios para que las células terroristas pudiesen realizar las acciones armadas, sino que estas, como mera herramienta operativa”, lo hacían “en seguimiento de la estrategia y objetivos marcados por el órgano directivo”.
Estas son las conclusiones del informe que la Policía ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, cuando se cumple un año desde que acordase reabrir la investigación sobre el asesinato de blanco tras admitir a trámite una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia.
Cabe recordar que, en el caso del asesinato de Blanco, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ya condenó en 2006 a 50 años de cárcel al exdirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, y a su compañera sentimental y miembro de ETA Irantzu Gallastegui Sodupe, ‘Amaia’, como autores materiales.
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