MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
El asesor jurídico del Cermi Estatal, Óscar Moral, anunció este jueves la puesta en marcha de una alianza, liderada por el Cermi e integrada por entidades sociales como Fundación ONCE o Fundación Aequitas, cuyo objetivo será conseguir una “acelerada y óptima” implantación de la reforma en el apoyo a personas con discapacidad.
Así lo afirmó en una rueda de prensa en el Senado de España, en el marco de las jornadas ‘Más de un año tras la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica’, donde valoró la aplicación de la norma.
“No podemos esperar a que el tiempo corrija o asienten los aspectos más importantes de la reforma”, señaló Moral, que añadió que es “necesario promover acciones que faciliten y aceleren el proceso de implantación de esta reforma, facilitando que se consigan sus objetivos”.
En este sentido, el asesor jurídico del Cermi Estatal hizo un llamamiento al resto de entidades del sector, así como personas relevantes del mundo de la discapacidad y a los propios protagonistas a los que afecta esta ley, para que se sumen a esta alianza que “nos atañe a todos”.
Moral destacó que el balance general de estos casi dos primeros años de la reforma es “muy positivo” y que ha supuesto un “hito fundamental” en el trabajo de adaptación del ordenamiento jurídico español a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como un “paso adelante en el respeto al derecho de igualdad de todas las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica”.
No obstante, dijo, es una realidad que el despliegue de una reforma de esta transcendencia está suponiendo “un considerable reto”, no sólo jurídico, sino también social y administrativo. En este sentido, los cambios impulsados por la Ley 8/2021, “deben ir acompasados con un cambio del entorno, una transformación de la mentalidad social y un esfuerzo de formación y capacitación de todos los profesionales implicados”.
Moral también se refirió al Observatorio de Jurisprudencia sobre sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica, que analizó 220 resoluciones judiciales y que sostiene que, desde la aprobación de la reforma, se han incrementado los casos de jurisdicción voluntaria (del 7% al 28%), lo que va en línea con la Ley. Sin embargo, solo el 35% de las resoluciones analizadas respetan la voluntad de la persona con discapacidad y solo un 20% se acomodan completamente a la filosofía de la misma, si bien ese porcentaje aumenta hasta el 50% si contemplamos la existencia de una acomodación parcial.
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