SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
Después de que el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla haya ampliado al resto de ediles del PSOE la investigación que pesa sobre el alcalde de San Juan de Aznalfarache, el socialista Fernando Zamora, tras las denuncias interpuestas por Vox y el PP por presunta prevaricación y malversación con el convenio firmado por el Ayuntamiento con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, para la gestión de la moneda social ‘Ossetana’; el PP ha reclamado la dimisión de todo el Gobierno local, conformado entre el PSOE y Unidas Podemos.
Así lo han manifestado el secretario general del PP de Sevilla, José Ricardo García, y la candidata del PP a la Alcaldía de San Juan, María Luisa Moya, a las puertas del Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, a cuenta de la última decisión del mismo.
En un auto emitido el pasado 9 de marzo y recogido por Europa Press, dicha instancia judicial cita para este viernes al edil de Planificación urbana, Infraestructuras, Recursos Humanos, Hacienda y Estadística, Fernando Pozo; junto con los exediles Francisco Amadeo Martínez y Alicia del Carmen Ruiz Madolell; la actual concejala de Régimen Interior, Economía y Desarrollo Local y Turismo, María José Quesada; y la ex edil María Rocío León.
Para el día 22 cita al también excapitular Francisco Javier Ortega y la actual responsable municipal de Bienestar Social, LGTBI y Diversidad, Políticas de Mayores e Integración, Salud y Consumo, Inmaculada Serrano Bartolessi; así como al actual concejal de Educación, Infancia y Voluntariado, Manuel Ramos; y a la delegada municipal de Relaciones Institucionales, Presidencia, Formación e Igualdad, Natividad Martín García; y al edil Claudio Manuel López, responsable de Deportes, Transición Energética y Medio Ambiente.
Para el día 27 de marzo cita finalmente a José Alonso Garrido Pérez, actual edil de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad; a María Francisca Aparicio Cervantes, concejala de Cultura, Fiestas Mayores, Participación Ciudadana y Protocolo; y a un representante de la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía.
EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL
Para ello, “se les ha hecho entrega del correspondiente informe de la Guardia Civil”, un informe que según los partidos denunciantes confirma que se trata de un caso de “corrupción” y según los socialistas descarta que medie malversación de caudales públicos.
En ese sentido, María Luisa Moya ha reclamado la “inmediata dimisión” del alcalde y los demás ediles investigados, así como que el Ayuntamiento “deje de trabajar con la ONG implicada”. “Es vergonzoso que un Gobierno al completo que se encuentra bajo la condición de investigado pueda concurrir a las elecciones en una lista electoral”, ha enfatizado, señalando que las diligencias judiciales abordan posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencia, contra la intimidad y falsedad documental.
José Ricardo García ha indicado de su lado que hace ya un mes el PP reclamaba la dimisión del alcalde y de sus ediles, solicitando además “explicaciones al PSOE de Sevilla por apoyar y mantener a Zamora como alcalde y candidato pese a la gravedad de los hechos. “¿Por qué mantiene el PSOE a un alcalde con una gestión salpicada por corrupción? ¿Ese es el futuro que quiere el PSOE de Sevilla para San Juan y para la provincia?”, ha preguntado retóricamente.
Las mencionadas denuncias iniciales del PP y Vox derivan de un informe emitido por los habilitados nacionales del Ayuntamiento de San Juan sobre el convenio firmado por dicha administración con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, al objeto de tal entidad se encargase de la gestión de la moneda social ‘Ossetana’, una herramienta de apoyo social a las personas desfavorecidas de la localidad.
LA VERSIÓN DEL PSOE
Frente a dicho informe desfavorable y las denuncias judiciales, el Gobierno local del PSOE explicaba en 2021 que esta moneda social había contado desde su creación en 2014 con unos 213.000 euros aportados por el propio Consistorio, la Junta de Andalucía o La Caixa, para ayudar a vecinos del municipio en situación de vulnerabilidad a adquirir productos básicos.
Según el Equipo de gobierno, el mencionado informe de los habilitados nacionales no alude a ningún desvío de fondos, defendiendo que “ni un solo euro de los presupuestados para el programa de la moneda ‘Ossetana’ ha sido destinado a usos ajenos al interés general y siempre se han otorgado las prestaciones según los informes previos de los servicios sociales”.
Pero después de que en marzo de 2021 el alcalde prestase declaración ante el Juzgado de Instrucción número 14, manifestando que desconocía que el modelo de gestión de la moneda social ‘Ossetana’ motivase incidencias y que dicho programa fue suspendido una vez conocido el informe de los habilitados nacionales; el juzgado ha citado como investigados a los ocho concejales socialistas restantes miembros del Gobierno local.
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