HUELVA/MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
SEO/BirdLife ha asegurado este miércoles que la Proposición de Ley conjunta de PP y Vox para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, “tiene como finalidad quitar toda validez al Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana” y “amnistiar pozos ilegales”, por lo que ha apuntado que “vulnera la legislación, ignora el consenso científico y acerca al humedal a la extinción”.
El responsable de la Oficina Técnica de SEO/BirdLife en Doñana, Carlos Dávila, ha señalado que, “con base a unos supuestos derechos adquiridos que no se documentan, pretende generar una amnistía de facto a 650 explotaciones infractoras, haciendo absurda la propia existencia del Plan de la Corona Forestal y atacando la línea de flotación del Consejo de Participación de Doñana, al eliminar toda credibilidad en los acuerdos alcanzados entre administraciones y sociedad civil durante siete años de procesos participativos”.
En una nota de prensa, SEO/BirdLife ha afirmado que es “de una enorme gravedad” que un grupo parlamentario “proponga acciones enfrentadas a la propia legislación que representa, ignorando que el acuífero haya sido declarado sobreexplotado por el Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y el mal estado ecológico de Doñana, inmerso en el mayor ciclo seco de su historia y enfrentado a una crisis de biodiversidad sin precedentes”.
“Así lo reconocen y recogen los informes técnicos y científicos de todas las administraciones ambientales nacionales; las recomendaciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Convenio Ramsar y la Unesco; los acuerdos suscritos por el propio Consejo de Participación de Doñana o las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, ha apuntado la ONG ambiental
A esto, Davila ha añadido que “todo ello sin olvidar que cualquier agresión a Doñana que afecte a su biodiversidad y ecosistemas acuáticos suponer una vulneración de las Directivas Europeas de Aguas, de Hábitats, y de Aves” con “el único objetivo de beneficiar a un residual grupo de infractores que en absoluto representan al sector agrario andaluz, y que crean unas expectativas de consumo de agua que serán imposibles de cumplir sin dañar por completo los valores naturales del parque nacional y la extinción de las especies que en él habitan”.
Para el técnico de SEO/BirdLife, “utilizar Doñana como arma electoral para obtener un puñado de votos es de una irresponsabilidad institucional cortoplacista y demuestra una falta de conciencia ambiental inadmisible en una administración que tiene entre sus manos la obligación de conservar un Patrimonio de la Humanidad en riesgo de extinción”.
“Que un grupo parlamentario con responsabilidades de gobierno lidere la aprobación de una Ley que convierte en papel mojado un plan de consenso, ignorando sus consecuencias y la necesidad de proteger su propio patrimonio natural, es impropio de un país europeo”, ha subrayado.
PLAN DE CONSENSO POR DOÑANA
Para SEO/BirdLife el Plan Especial de Ordenación de los regadíos en la zona norte de la Corona Forestal de Doñana (Decreto 178/2014, de 16 de diciembre), “significó un positivo avance hacia la regulación de la deficiente ordenación territorial de las zonas agrícolas de la comarca, poniendo freno, parcialmente, a la ocupación de áreas forestales y a la extracción ilegal de agua”, al tiempo que ha señalado que “a pesar del tiempo transcurrido, este plan se encuentra solo en una fase incipiente, siendo trascendental acelerar sus procedimientos para cumplir los objetivos marcados”.
Por otra parte, ha expresado su “apoyo” al Marco de Actuaciones para Doñana que desarrolla el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), “remando en una dirección a la que debería sumarse un plan de ordenación y reestructuración de todo el sector agrícola del entorno del espacio natural protegido”.
Este plan, a juicio de la organización, “debe supeditar la evolución de la agricultura a la conservación a largo plazo de los hábitats y las especies de Doñana”, ajustando las dotaciones públicas y privadas “a la disponibilidad real del agua”, y que “limite el uso de los recursos para que se respete el régimen de aportes de agua que precisan los ecosistemas”.
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