MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reclamó este miércoles “mejoras” en la “protección” de los derechos de los consumidores y anunció que trasladará sus peticiones a los partidos políticos que concurren a las elecciones que se van a celebrar a lo largo de 2023 en materia de atención a la salud mental, alimentación, vivienda, banca o energía.
Así lo precisó en un comunicado emitido coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor y en el que, entre las medidas para “mejorar” dicha protección, destacó la promoción de una “mejor atención de la salud mental”, así como de programas de “mejora” de la alimentación en la población en general.
Con respecto a la primera medida, abogó por aumentar el número de psicólogos en atención primaria, convencida de que, a pesar del incremento de enfermedades de este tipo, el acceso a los servicios de salud mental en la sanidad pública “es muy limitado”.
En relación a la alimentación, instó a “fomentar” programas de mejora de la alimentación en la población general, que, a su juicio, pasan por “fortalecer” políticas de seguridad alimentaria, “mejorar” la composición de los alimentos y la calidad nutricional a través de un sistema de información frontal basado en Nutriscore y “aprobar cuanto antes” la normativa sobre publicidad de alimentos dirigida al público infantil.
En paralelo, solicitó la creación de un parque público de vivienda en alquiler que permita acceder a una vivienda a colectivos a los que, en la actualidad, por el incremento de los precios de la compra y el alquiler y el encarecimiento de las hipotecas, “les resulta imposible”.
En la misma línea, reclamó la aprobación de ayudas públicas “puntuales” a hogares afectados por la escalada del Euribor, con necesidades económicas “agravadas” por el incremento de las cuotas en las hipotecas a tipo variable, además de una normativa que permita facilitar los acuerdos con entidades bancarias para reducir cuotas mediante la ampliación de plazos o la concesión de moratorias.
Junto a ello, reivindicó la implementación de medidas de protección del consumidor en el ámbito de los criptoactivos, que, a su entender, pasan por aumentar las obligaciones de información en las webs y aplicaciones sobre el riesgo de perder la inversión, la entrega de un documento de datos fundamentales antes de la compra de cualquier criptoactivo y la realización de un test de “idoneidad” previo a dicha compra.
Además, también demandó medidas para garantizar el acceso a servicios bancarios y evitar la exclusión financiera, aumentar la transparencia en el mercado de energía, dar el “impulso definitivo” a la descarbonización de la movilidad, promover un etiquetado de sostenibilidad “fiable, claro y útil para el consumidor” y llevar a cabo desarrollos normativos “adicionales” del real decreto sobre el consumidor vulnerable.
COMPRA COLECTIVA DE ENERGÍA
En otro orden de cosas, anunció el lanzamiento de su séptima compra colectiva de energía e invitó a los consumidores a sumarse a ella para, “entre todos, conseguir una tarifa de gas y electricidad competitiva” que les permita “hacer frente” a lo que consideró una “espectacular subida de precios de la energía”.
Asimismo, dicha compra colectiva pretende “dinamizar” el mercado de la energía, “animando” a los proveedores a ofertar tarifas “interesantes para una colectividad de consumidores”.
Hasta el 27 de abril, los consumidores podrán inscribirse a través de www.quieropagarmenosluz.org y, tras la subasta entre las empresas comercializadoras, recibirán una oferta individualizada con el ahorro obtenido.
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