VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia en el que apoya la petición del letrado Vicente Grima de recusar al magistrado José Manuel Megía, designado ponente del ‘caso Erial’, en el que está procesado su cliente, Vicente Cotino, y 18 personas más, entre ellas, el expresidente de la Generalitat y exministro, Eduardo Zaplana, por “enemistad manifiesta”.
Para el fiscal, la petición es “coherente” y “sobradamente justificada” dada esa “enemistad manifiesta” y puesto que el magistrado de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia también ha denunciado al letrado con anterioridad. El representante del ministerio público señala que el abogado, nada más tener conocimiento de la designación de la sala que juzgará el caso Erial, el pasado 8 de febrero, comunicó esa circuntancia y el hecho de que existían antecedentes “luego justificados, de abstención del magistrado en las causas en las que intervenía”.
La Letrada de la Administración de Justicia contestó a la comunicación afirmando que no se habían tenido en cuenta esos antecedentes al no ser “vinculantes”. Una decisión contra la que recurrió en reposición el letrado. Para Anticorrupción, este planteamiento de la defensa del empresario Cotino es “coherente con el sentido de la justicia que debe presidir las actuaciones jurisdiccionales que, como valor superior del ordenamiento jurídico, proclama el artículo 1 de la Constitución”.
DENUNCIAS YQUEJAS
En esta línea, apunta que en el escrito de recusación el letrado expone los motivos para ello y se relata un historial “no solo de denuncias cruzadas sino de quejas personales, con expresiones de profunda animadversión”, incluidas una denuncia por cohecho contra el magistrado, que fue sobreseida provisionalmente. Además, exponía el historial de sustituciones del juez en los asuntos con intervención de este letrado –alguno desde 2001– y correcciones en la composición de la sala desde 2007. El magistrado también denunció ante Fiscalía al letrado en 2007, unas diligencias que fueron archivadas.
Para la Fiscalía, esta situación es “incompatible” con el artículo 1 de la Constitución ya que se produce en el ámbito judicial y compromete la “garantía de imparcialidad” que debe presidir la función jurisdiccional por lo que está “sobradamente justificada” la abstención del magistrado que rechazó la sala. Por tanto, y desde la “posición de imparcialidad” que debe presidir la fucnión jurisdiccional, el fiscal entiende que las causas de recusación alegadas están “sobradamente justificadas”.
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