MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El Defensor del Pueblo recibe quejas de personas con discapacidad, especialmente con discapacidad auditiva o visual, que encuentran dificultades para acceder a los servicios bancarios, para recibir la comunicación que se les dirige por parte de las entidades bancarias o para poder operar en cajeros automáticos.
Así consta en el informe anual del organismo correspondiente al ejercicio 2022 y difundido este lunes. Según el Defensor del Pueblo, la nota común de estas quejas es la denuncia de que la estandarización de estos servicios se ha “olvidado” de sus necesidades específicas. Así, explica que la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) ha planteado ante el Defensor del Pueblo las dificultades de accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva que acuden a las entidades bancarias y que consisten en limitaciones en el acceso a la información y a la comunicación y su interacción con el entorno tanto en oficinas como en el uso de cajeros automáticos u otro tipo de servicios debido a la falta de provisión de productos de apoyo que proporcionen la accesibilidad auditiva y la comunicación oral.
En su contestación al Defensor del Pueblo, el Banco de España ha manifestado al respecto que, al tratarse de una cuestión relacionada con la reciente actualización del protocolo para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, “comparte la relevancia del problema apuntado y la necesidad de abordar medidas dirigidas a asegurar la inclusión financiera de los colectivos afectados”. Por ello, el Banco de España contemplará la cuestión en su informe anual de seguimiento de la situación.
El Defensor del Pueblo explica que ha recibido un informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa en el que se señala que se está trabajando por parte del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 en el anteproyecto de Ley en materia de requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios. Este proyecto pretende efectuar la transposición de la Directiva (UE) 2019/882 por la que se establecen los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios, que tiene “especial incidencia” en este ámbito. El documento se ocupa, por ejemplo, de la accesibilidad de los terminales de pago y de los cajeros automáticos, “lo que contribuirá a concretar las obligaciones de los operadores del mercado en este y otros sectores en relación con la atención a la accesibilidad física y material en la prestación de servicios a personas con discapacidad auditiva”.
De la misma opinión es la Dirección General de la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis), que ha comunicado al Defensor del Pueblo que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de transposición. También alude la Oadis al estado de tramitación del proyecto del real decreto por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, que se considera otro elemento normativo llamado a incidir en las condiciones de prestación de los servicios bancarios a colectivos con diversidad funcional.
“El Defensor del Pueblo sigue con interés todas estas iniciativas y confía en que los períodos de implantación de las medidas que se establezcan no sean excesivamente dilatados”, apunta.
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