Vox reclama de nuevo la dimisión de todo el gobierno local y señala los “continuos escándalos y corruptelas” del PSOE
SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, que indaga las denuncias interpuestas por Vox y el PP, por presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos con relación al convenio firmado por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, para que dicha entidad se encargase de la gestión de la moneda social ‘Ossetana’, ha citado investigados a ocho ediles socialistas del actual gobierno local, que se suman a la condición que ya ostentaba el alcalde, el socialista Fernando Zamora, con lo que todos los concejales del PSOE figuran como investigados.
En un auto emitido el pasado 9 de marzo y recogido por Europa Press, dicha instancia judicial cita para el 17 de marzo al edil de Planificación urbana, Infraestructuras, Recursos Humanos, Hacienda y Estadística, Fernando Pozo; junto con los exediles Francisco Amadeo Martínez y Alicia del Carmen Ruiz Madolell; la actual concejala de Régimen Interior, Economía y Desarrollo Local y Turismo, María José Quesada; y la ex edil María Rocío León.
Para el día 22 cita al también excapitular Francisco Javier Ortega y la actual responsable municipal de Bienestar Social, LGTBI y Diversidad, Políticas de Mayores e Integración, Salud y Consumo, Inmaculada Serrano Bartolessi; así como al actual concejal de Educación, Infancia y Voluntariado, Manuel Ramos; y a la delegada municipal de Relaciones Institucionales, Presidencia, Formación e Igualdad, Natividad Martín García; y al edil Claudio Manuel López, responsable de Deportes, Transición Energética y Medio Ambiente.
Para el día 27 de marzo cita finalmente a José Alonso Garrido Pérez, actual edil de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad; a María Francisca Aparicio Cervantes, concejala de Cultura, Fiestas Mayores, Participación Ciudadana y Protocolo; y a un representante de la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía.
EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL
Para ello, “se les ha hecho entrega del correspondiente informe de la Guardia Civil”, un informe que según los partidos denunciantes confirma que se trata de un caso de “corrupción” y según los socialistas descarta que medie malversación de caudales públicos.
Las mencionadas denuncias iniciales del PP y Vox derivan de un informe emitido por los habilitados nacionales del Ayuntamiento de San Juan sobre el convenio firmado por dicha administración con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, al objeto de tal entidad se encargase de la gestión de la moneda social ‘Ossetana’, una herramienta de apoyo social a las personas desfavorecidas de la localidad.
Merced al citado informe de los habilitados nacionales del Ayuntamiento, Vox avisaba de que el modelo de gestión de este programa implica una “actuación arbitraria de la administración, al margen de los parámetros constitucionales”, pues “no hay un reglamento u ordenanza alguna en la que se recojan con claridad y de forma conocida por todos los criterios que se utilizan desde los servicios sociales para designar los beneficiarios de las ayudas” de la moneda social.
LOS GASTOS
Es más, según el partido, “hay muchos gastos que no se corresponden con la finalidad de la moneda ‘Ossetana’, correspondiendo a gastos en bares y verbenas”, así como compras “que no se corresponden con alimentos de primera necesidad, tales como botellas de bebidas alcohólicas”, e incluso “parece ser que algunos beneficiarios de esta moneda no son vecinos del municipio de San Juan”, situaciones que niega el Gobierno local socialista.
El Gobierno local del PSOE, en ese sentido, explicaba en 2021 que esta moneda social había contado desde su creación en 2014 con unos 213.000 euros aportados por el propio Consistorio, la Junta de Andalucía o La Caixa, para ayudar a vecinos del municipio en situación de vulnerabilidad a adquirir productos básicos.
Según el Equipo de gobierno, el mencionado informe de los habilitados nacionales no alude a ningún desvío de fondos, defendiendo que “ni un solo euro de los presupuestados para el programa de la moneda ‘Ossetana’ ha sido destinado a usos ajenos al interés general y siempre se han otorgado las prestaciones según los informes previos de los servicios sociales”.
EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL
Después de que en marzo de 2021 el alcalde prestase declaración ante el Juzgado de Instrucción número 14, manifestando que desconocía que el modelo de gestión de la moneda social ‘Ossetana’ motivase incidencias y que dicho programa fue suspendido una vez conocido el informe de los habilitados nacionales; este nuevo auto cita como investigados a los ocho concejales socialistas restantes miembros del Gobierno local.
El coordinador local de Vox, Ángel Bordas, ha reclamado de nuevo la dimisión del primer edil y de todo su gobierno, de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, avisando de que este caso es “el resultado de una forma nefasta de hacer política” para los “continuos escándalos y corruptelas” del PSOE.
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