El senador del PSOE dice que el auto del Supremo le produce “desazón y desconfianza” y se pregunta si hay “dos códigos penales distintos”
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 (EUROPA PRESS)
El senador del PSOE y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, ha tildado este viernes de “incomprensible” el archivo de la causa del ‘caso Reparos’ que afecta al senador de CC Fernando Clavijo y cree que esto incrementa la “desconfianza” en la cúpula judicial española.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación ha dicho también que los aforamientos son una “degradación” del orden constitucional y una derogación efectiva de principios constitucionales tan primordiales como el de la igualdad ante la ley.
En esa línea expone que el aforamiento permite a la persona investigada “elegir” el tribunal que le va a investigar y elque le va a juzgar, “y eligen altos tribunales, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y no los jueces que integran la justicia ordinaria”.
Pérez resalta que el Consejo de Estado avaló en 2016 el aforamiento “cuando se investigan actos que el aforadoha realizado en el ejercicio de su cargo” pero entiende que “es un escándalo y una derogación de principios constitucionales primordiales que cargos públicos de todo el país que están siendoinvestigados por actuaciones indiciariamente delictivas en el ejercicio de su cargo como alcaldes se aforen, se conviertan en senadores o diputados, para elegir el tribunal que les va ainvestigar y que les va a juzgar”.
En esa línea reconoce que el auto del archivo le produce “desazón y desconfianza”.
El senador socialista –denunciante del caso– entiende que es “difícilmente comprensible” que se excluyan asuntos judiciales y de corrupción “graves” de “personalidades del mundo conservador”, apuntando que “es casi inexplicable” la exministra María Dolores de Cospedal haya quedado fuera del ‘caso Kitchen’.
Asimismo apunta que “los mismos altos órganos judiciales despliegan toda una jurisprudencia creativa e imaginativa en un campo tan delicado como el del derecho penal”, poniendo como ejemplo que en el ‘caso ERE’, a juicio de los magistrados discrepantes y autoridades en Derecho Penal como Quintero Olivares, “aplican analógica y extensivamente figuras delictivas del Código Penal que las propias garantías de la ciudadanía deberían impedirlo y prohibirlo”.
En algunos casos, detalla, “sustituyen pruebas efectivas por suposiciones, y sobre esa base sustentan enjuiciamientos y condenas”.
Con respecto al ‘caso Reparos’ indica que fue remitida al Tribunal Supremo una memoria “muy argumentada” de la jueza de instrucción y un escrito de más de cien folios de la Fiscalía Anticorrupción, que llevó la dirección de esta investigación desde que en 2019 solicitara que interviniera ante la inhibición de la Fiscalía ordinaria durante año y medio a la hora de impulsar las diligencias judiciales para investigar este asunto.
Según Pérez, el ‘caso Reparos’ “es de una extraordinaria gravedad y ha consistido básicamente en que en el término municipal de La Laguna se derogaron de facto las leyes relativas a la contratación del sector público y se creó, en palabras de la Fiscalía Anticorrupción, un mercado protegido”.
EN LA LAGUNA OPERABA UN “RÉGIMEN DE MONOPOLIO”
El edil comenta que se activó un “régimen de monopolio” para determinadas empresas de tal manera que “se impidió durante años el derecho de igualdad y libre competencia en la contratación a las demás empresas y ciudadanos” y que el propio Ayuntamiento seleccionara la mejor oferta en calidad y precio.
En virtud al archivo de la causa, Pérez se pregunta si hay “dos códigos penales distintos”, uno que aplica la justicia ordinaria a laciudadanía y otro que aplican altos órganos judiciales a los aforados.
“Es como si volviéramos a la edad precontemporánea, previa a las revoluciones liberales, cuando la sociedad era una sociedad estamental en la que cada estamento tenía su estatuto jurídico y sus jueces”, destaca.
De hecho, pone sobre la mesa el “agravio comparativo” que supone que a la exalcaldesa de San Juan de La Rambla, Fidela Velázquez, la hayan inhabilitado más de 8 años “por pagar 3.000 euros a un medianero de una finca expropiada por el Ayuntamiento o 4.000 euros en pluses a funcionarios al margen del procedimiento legal”.
En el ‘caso Reparos’, prosigue Pérez, la Fiscalía Anticorrupción apunta a “cientos de decretos, algunos de ellos comprometiendo al margen de la ley y pagando cantidades millonarias”, lo que le da pie a pensar “a cambio de qué”.
Con todo, anuncia que presentará un recurso de súplica ante el Alto Tribunal en cumplimiento del deber legal que impone a los funcionarios y cargos públicos el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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