Políticas insostenibles y la corrupción de las élites culminaron en un colapso en 2021 del que el país no se ha recuperado
La ONG recuerda que el suministro constante de electricidad es un derecho humano y su carencia desemboca en más pobreza y desigualdad
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Un nuevo informe de la ONG Human Rights Watch (HRW), especializada en el seguimiento de las crisis humanitarias internacionales, acusa a las autoridades libanesas de décadas de negligencia en la política energética que han llevado al país a un colapso fomentado por la corrupción, la ausencia de alternativas renovables o la codicia de las élites, con el consiguiente impacto en la desigualdad, la pobreza y el medio ambiente.
Ahora mismo el Gobierno solo suministra electricidad, apunta HRW, entre una y tres horas de media al día. El resto del suministro depende de generadores privados, producto de una industria híbrida público-privada, cada vez más inaccesibles conforme “la crisis energética exacerba la desigualdad en el país y empuja paso a paso a la gente a la pobreza”.
HRW señala a Electricité du Liban, la operadora estatal libanesa, por constituir un ejemplo de negligencia endémica “desde hace casi 30 años”; producto de “décadas de políticas insostenibles, marcadas por intereses partidistas”, que desembocó en el derrumbe del sector hace dos años.
CORRUPCIÓN OMNIPRESENTE
Si existe un factor determinante en esta negligencia, es que sucesivos gobiernos libaneses han violado la ley al abstenerse de designar a los miembros de una Autoridad Reguladora de la Electricidad, y fomentar en su lugar el “control absoluto” del Consejo de Ministros y, en particular, el Ministerio de Energía y Agua, que actúa con “escasa transparencia y responsabilidad”.
“El ministro controla la emisión de licencias de producción y permisos, es el encargado de configurar las políticas sobre el sector, supervisa dichas políticas, y gestiona los fondos para su aplicación”, explica la ONG.
Desde esa posición de fuerza “tanto los políticos como elementos relacionados han usado el sector de la electricidad para alcanzar sus objetivos personales” a través, por ejemplo, del enriquecimiento ilícito con la concesión de contratos a dedo y a expensas del estado, o la apropiación de los beneficios del mercado privado de generadores diésel, “tan lucrativo como contaminante”.
EN CAÍDA LIBRE
La crisis endémica del sector energético libanés acabó retroalimentándose con la financiera que terminó de estallar en octubre de 2019 y que llevó al país a declarar su primer ‘default’ en deuda soberana en marzo de 2020.
Desde ahí, la pandemia, la ruptura de las negociaciones políticas para la formación de Gobierno y la enorme explosión que arrasó el puerto de Beirut y media capital en agosto de 2020 acabaron por arruinar la economía de un país donde la inflación alcanzó un 145 por ciento de media en 2021 (la tercera más alta del mundo, después de Venezuela y Sudán) y, en los ámbitos de electricidad, gas y agua rebasó casi un 600 por ciento interanual en junio de 2022.
Una investigación conjunta de Human Rights Watch con instituto libanés de Investigación y Consulta (CRI), realizada sobre unos 1.200 hogares del país, refleja que nueve de cada diez domicilios han sacrificado bienes esenciales a cambio del pago del suministro eléctrico. El mismo estudio revela que, uno de cada cinco de los hogares más pobres del país carece de generador de ningún tipo.
La escasez de electricidad ha afectado la capacidad de la población para llevar a cabo funciones domésticas normales relacionadas con los Derechos Humanos básicos, como recibir agua, cocinar alimentos o participar en actividades educativas o laborales.
Además, la dependencia del sistema eléctrico libanés de plantas que funcionan con fuel oil pesado y generadores diésel provoca una “considerable” contaminación del aire que, a la larga, ha acabado matando a miles de personas cada año en todo el país, según datos de Greenpeace.
A todo esto, y de nuevo según HRW, el Gobierno libanés sigue sin invertir en fuentes de energía renovables “a pesar de que que los recursos solares y eólicos del Líbano podrían multiplicar la energía del país”. En 2019, la cuota de renovables en la generación total de electricidad del Líbano fue solo del 7,83 por ciento, del cual solo el 0,73 por ciento provino de energía solar y solo el 1,82 por ciento de energía hidroeléctrica.
UNA PROFUNDA RENOVACIÓN
HRW pide así a las autoridades libanesas “medidas inmediatas y urgentes” para intentar resolver una crisis que atenta contra los Derechos Humanos de la población y alcanzar “un suministro continuo, asequible y limpio de electricidad que no contribuya a la crisis climática, con un enfoque en aumentar la capacidad de generación de energía hidroeléctrica, eólica y solar”.
Las instituciones financieras internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, deben instar al gobierno libanés a reformar el sector eléctrico. El Banco Mundial, concretamente, “debería abstenerse de financiar cualquier nuevo proyecto de energía que dependa de combustibles fósiles y, en su lugar, brindar apoyo técnico y financiero para expandir la infraestructura de energía renovable”.
“Líbano necesita tomar medidas inmediatas para impulsar el sector eléctrico y revertir la erosión de los derechos económicos básicos”, ha declarado la directora de HRW para Oriente Próximo y Norte de África, Lama Fakih, “porque un suministro sostenible no es una simple amenidad, sino un derecho humano que el Estado tiene la obligación de cumplir”.
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