MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
La Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales concluyó este martes su breve recorrido en el Senado y vuelve al Congreso para su aprobación definitiva tras rechazarse varios vetos e incorporar algunas algunas enmiendas de varios grupos, ninguna de ellas relativa a los perros de caza, que continúan excluidos de la norma.
La Comisión de Derechos Sociales del Senado estuvo la semana pasada cerca de rechazar esa ley al votar con 15 votos a favor y 15 en contra las propuestas de veto registradas por el PNV y UPN. Para que salieran adelante era necesaria la mayoría absoluta, lo que implicaría la devolución inmediata del texto al Congreso.
El Pleno de la Cámara Alta vivió esta tarde una situación similar, puesto que las propuestas de veto del PP y del PNV recibieron 132 votos a favor, a solo uno de la mayoría absoluta y, por tanto, de que prosperaran.
Algo similar parecido con la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal, que se salvó ‘in extremis’ en la Comisión y la propuesta de veto del PP reunió este martes 130 apoyos.
Ambos textos vuelven al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, puesto que la Ley de Bienestar Animal suma enmiendas del PSOE, ERC, PNV, Junts, Compromís y Más Madrid, y la reforma penal añade enmiendas de ERC, Junts, Compromís, Más Madrid y Més per Mallorca.
PERROS DE CAZA
Las votaciones se produjeron después de que el debate conjunto de ambos proyectos legislativos se prolongara esta mañana durante más de cinco horas, clausurado por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien destacó que la Ley de Bienestar Animal “no llega tan lejos” como quería Unidas Podemos. “He intentado absolutamente todo para reconstruir el consenso que construimos en el seno del Gobierno para proteger también a los perros de caza”, indicó.
Recalcó que “el trabajo no termina” tras la aprobación de la norma en el Parlamento, admitiendo que los perros de caza quedarán excluidos de la ley, puesto que, a su juicio, “este país tiene una deuda” con esos animales.
“Vamos a seguir trabajando todos los días hasta tener la fuerza suficiente que nos permita incluir a los perros de caza. Hasta entonces, quiero reiterar mis disculpas como ministra a todas las personas que cada día ven las consecuencias de esa realidad de maltrato, que sanan, cuidan y acompañan a los perros de caza cuando al final de la temporada son abandonados, cuando vagan aterrorizados porque, precisamente, sus cuidadores, que tenían que haberles protegido, no lo han hecho y a los que hallan también cachorritos descartados y enterrados en cal viva”, comentó.
CRÍTICAS
Por otro lado, varios portavoces de partidos de la oposición advirtieron a Belarra de que la Ley de Bienestar Animal deberá ser reformada como la ley del ‘sólo sí es sí’ -impulsada por el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero-, que el Grupo Socialista modificará en el Congreso después de que más de 700 agresores sexuales se hayan visto beneficiadas por esa norma.
“Todo parece indicar que es el próximo juguete roto de la ministra Belarra. La ministra Irene Montero ya tiene el suyo y la ministra Belarra quiere seguir la misma senda, avanzar el mismo camino y tener el mismo resultado”, indicó Pedro Rollán, del PP. Su compañero Fernando de Rosa abundó: “De los creadores del ‘sólo sí es sí’ y de la ‘ley trans’ nos llega ahora la nueva Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, un auténtico bodrio de ley”.
Alberto Catalán, de UPN, comentó que la norma “desprecia el rigor jurídico y científico”. Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid, comentó que “parece que el desastre” de la ley del ‘sólo sí es sí’ “se va a convertir en la tónica habitual”. Y Ruth Goñi, senadora independiente ex de Ciudadanos y ahora afiliada al PP, auguró que a la Ley de Bienestar Animal le ocurrirá “lo mismo” que a la de garantía integral de la libertad sexual.
Otras críticas vertidas desde la oposición es que Ley de Bienestar Animal promueve el intrusismo profesional, genera inseguridad jurídica, limita el derecho de las personas, invade competencias de otras administraciones y ataca al mundo rural.
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