MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El PSOE se ha desmarcado en el Congreso del apoyo que dio en el Parlamento de Baleares a la proposición de ley para modificar la norma estatal de Arrendamientos Urbanos para topar el precio de los alquileres y considera que la propuesta es “innecesaria” ya que en estos momentos está en tramitación la Ley de Vivienda.
En concreto, esta proposición de ley que ha debatido este martes el Congreso venía del Parlamento de Baleares, donde fue impulsada por Més per Menorca, y salió adelante gracias a los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, Més per Mallorca y el Grupo Mixto.
Sin embargo, el diputado del PSOE Pere Joans Pons cree que, pese a que ve interesante esta proposición de ley, es “innecesaria” dado que actualmente está en tramitación la Ley de Vivienda en la Cámara Baja, aunque con diferentes puntos de vista entre los dos socios de Gobierno de coalición.
REPRESENTANTES DEL PARLAMENTO BALEAR
En cualquier caso, la mayoría de diputados que han tomado la palabra durante este debate han coincidido en señalar el problema de acceso a la vivienda, en Baleares en concreto, y a lo largo de todo el territorio nacional.
De hecho, han acudido al debate de este martes una representación del Parlamento de Baleares, formada por diputados de los tres grupos que dieron su apoyo a esta proposición de ley en esta cámara, Més, PSOE y Unidas Podemos: Josep Castells Baró, Joan Ferrer i Ripoll y Pablo Jesús Jiménez i Fernández.
Los tres han defendido la necesidad de sacar adelante esta proposición de ley, aportando datos de la carestía del precio de los alquileres en Baleares en las últimas fechas.
PROBLEMA DE LA VIVIENDA
Así, durante el debate los diferentes portavoces, aunque han coincidido en combatir el problema de la vivienda, han ido mostrando posiciones dispares sobre este proyecto de ley y la manera de abordar este asunto.
De este modo, la diputada del PP y líder de esta formación en Baleares, Marga Prohens, cree que esta proposición de ley demuestra la “incapacidad” del Govern para abordar el acceso a la vivienda. “Ante su incapacidad de sacar vivienda al mercado, ahora vienen a imponer”, ha denunciado.
Por su parte, la diputada de Vox Cristina Alicia Esteban cree que la proposición de ley que viene del Parlamento de Baleares ya “reconoce” que es inconstitucional en su exposición de motivos, al compararla con la ley de vivienda de Cataluña, que finalmente fue llevada al Tribunal Constitucional.
En el caso de Ciudadanos, pese a que no ha intervenido en el Pleno su líder, Patricia Guasp, sí que ha hecho declaraciones a los medios de comunicación: “Seguimos denunciando la política fracasada en vivienda de Armengol y decimos ‘no’ a su medida intervencionista de limitar los precios del alquiler”.
También el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha rechazado directamente esta proposición de ley “como defensor de la propiedad privada”, aunque ha entendido “la preocupación” de las islas Baleares en materia de vivienda.
CON GRUPOS A FAVOR
En contraposición, grupos como la CUP, Más País, PDeCAT, el BNG y ERC, además de Unidas Podemos, sí que han brindado publicamente su apoyo desde la tribuna a esta proposición de ley que da capacidad normativa a las CCAA para que puedan topar el precio de los alquileres en zonas tensionadas.
Sin embargo, el PNV, que ha agradecido al Parlamento balear que haya traído esta iniciativa, ha destacado la “inconcluencia” de determinadas políticas que no pretenden, según ha dicho, buscar la solución a este problema.
MODIFICABA DOS ARTÍCULOS
En concreto, la iniciativa venía a modificar los artículos 10 y 17 de la ley de arrendamientos urbanos, en lo relativo a la prórroga del contrato y en darle capacidad normativa a los Gobiernos autonómicos para que puedan poner un límite en el precio del alquiler en aquellas zonas que se encuentren tensionadas.
Según el texto de la proposición de ley, al que ha tenido acceso Europa Press, se planteaba este régimen de limitación del precio del alquiler con un régimen sancionador y un sistema de resolución extrajudicial de conflictos producidos entre arrendadores y arrendatarios.
Además, proponían que la declaración y la vigencia de una zona de mercado residencial tensionado establecida en esta norma requerirá de la elaboración de una memoria que la justifique, “a través de datos objetivos y fundamentada en la existencia de un especial riesgo de abastecimiento insuficiente de vivienda para la población residente”.
“La declaración, de acuerdo con este procedimiento, de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado conllevará la redacción, por parte de la administración autonómica competente, de un plan específico que propondrá las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como su calendario de desarrollo para el período de vigencia de la declaración de la zona de mercado residencial tensionado”, expone la proposición de ley.
En lo que tiene que ver en la modificación del artículo 10 de la ley de arrendamientos urbanos, la proposición de ley planteaba que en cuanto a la prórroga del contrato, si ninguna de las partes hubiese notificado a la otra de su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogaría obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años.
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