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El Congreso activará otra investigación sobre las ‘cloacas’ del Estado con el PP, que coincidirá con precampaña del 28-M

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Los grupos tienen que tener designados a sus componentes en dos semanas

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El PSOE y Unidas Podemos han decidido mover ficha para activar la constitución de la nueva comisión de investigación sobre las llamadas ‘cloacas’ del Estado, que la Cámara acordó crear el pasado 15 de septiembre y que se encargará de volver a reabrir pesquisas sobre asuntos como la conocida como ‘Operación Cataluña’ o la trama ‘Kitchen’, que ya fueron objeto de sendas investigaciones con anterioridad. Se calcula que las comparecencias de los implicados se producirán en plena precampaña de las municipales y autonómicas.

En concreto, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa del Congreso ha dado de plazo hasta el próximo 21 de marzo para que los grupos comuniquen quienes serán sus representantes en este órgano. Este es el paso previo para su constitución, que podría hacerse efectiva antes de final de mes.

La semana pasada las formaciones independentistas presentaron un escrito a la Mesa del Congreso pidiendo que se activara esa investigación, una solicitud que ha sido atendida por los dos grupos mayoritarios, que suman mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López ha justificado la decisión en la necesidad de “conocer toda la verdad” sobre un “asunto gravísimo para el sistema democrático”, ha apuntado directamente a la implicación de la cúpula del PP, cuando lo presidía Mariano Rajoy, en la “utilización política de los aparatos del Estado para tapar la corrupción” y ha mencionado incluso la posible “destrucción de pruebas”.

Esquerra Republicana, EH-Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP y el BNG solicitaron que se creara ya la comisión tras conocerse la semana pasada un juzgado de Madrid había abierto una investigación sobre las maniobras de grupos policiales dirigidos por el Ministerio del Interior para desacreditar al independentismo.

Esa causa tiene su origen en una denuncia del expresidente del Barça Sandro Rosell contra el excomisario José Manuel Villarejo y diversos policías por los delitos de organización criminal, falsedad documental, acusación y denuncia falsa, malversación y detención ilegal.

CUARTA COMISIÓN CONTRA EL PP

El cometido de este órgano será revisar, de nuevo, supuestas tramas parapoliciales en el Ministerio del Interior bajo el mandato del ministro Jorge Fernández Díaz durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Es la cuarta comisión sobre el PP aprobada en la Cámara desde 2017.

En concreto, lo que se aprobó el 15 de septiembre fue una propuesta de las formaciones independentistas, pactada con el PSOE, para realizar pesquisas sobre la conocida como ‘Operación Cataluña’ y ampliar las llevadas a cabo en el curso anterior sobre la ‘Operación Kitchen’.

Una vez que los grupos designen a sus representantes en la comisión, es decir, a partir del día 21 ya podrá constituirse este órgano. Así las cosas, el grueso de las comparecencias de los implicados en la investigación se celebrarían en plena precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Los independentistas impulsaron la comisión el pasado mes de junio tras conocerse que la justicia andorrana investigaba al expresidente Mariano Rajoy y sus exministros de Hacienda e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, respectivamente, por su presunta relación con los intentos de conocer “mediante vías ilegales” información bancaria secreta de líderes políticos independentistas.

Pero la iniciativa no se debatió en el Pleno del Congreso hasta pasado el verano y, para entonces ya habían sido difundidos nuevos audios del excomisario José Manuel Villarejo que apuntaban a la implicación de la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la ‘Operación Kitchen’ la trama para espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas en busca de pruebas que vinculaban a cargos del PP con casos de corrupción.

Por eso el PSOE presentó una enmienda a la propuesta de comisión de investigación para que, además de lo relativo a la denominada ‘Operación Cataluña’ se ampliase la investigación anterior sobre la ‘Kitchen’.

OTRA VEZ LA OPERACIÓN CATALUÑA

Así, la comisión finalmente tendrá por objeto “investigar las actuaciones del Ministerio del Interior durante el Gobierno del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales, así como su relación con posibles entramados privados o lobbies de presión, la posible intromisión en la soberanía de otros países y las conexiones de esta trama con la denominada ‘operación Catalunya'”.

Esta nueva comisión de investigación se sumará a las dos anteriores realizadas en el Congreso sobre las llamadas ‘cloacas’ policiales en la etapa del primer Ministerio del Interior del Gobierno Rajoy.

La primera, sobre la llamada ‘Operación Cataluña’ para espiar y desacreditar al independentismo catalán tuvo lugar en 2107 y, ya en esta legislatura, se hizo la de la ‘Kitchen’. En ambos casos, y pese al voto en contra del PP, el Congreso ya ha sentenciado a los responsables políticos del ministerio de aquellos años.

Y TAMBIÉN LA FINANCIACIÓN DEL PP

Pero es que, además, entre 2017 y 2019 la Cámara Baja ya acogió otra investigación, ésta sobre la financiación ilegal del PP, un órgano que se puso en marcha cuando aún gobernaba Rajoy porque su creación fue uno de los compromisos que adquirió Ciudadanos con el PP para apoyar su investidura.

Sin embargo esa investigación se cerró en 2019 tras constatar la imposibilidad de que los grupos parlamentarios llegaran a un acuerdo sobre sus conclusiones. Mientras Podemos y Ciudadanos intentaron que se mandatara al Congreso que saliera de las urnas en abril de aquel año que retomara la investigación y citara a Rajoy, el PSOE y el PP se opusieron.

Por el contrario, a lo largo de estos últimos años el Congreso ha vetado todas las comisiones de investigación pedidas sobre los negocios del rey Juan Carlos y ha rechazado peticiones para investigar asuntos como la gestión de la pandemia del coronavirus, los abusos a menores tuteladas en Baleares y Comunidad valenciana, el espionaje a políticos independentistas con el software Pegasus o, más recientemente, la tragedia de la valla de melilla del pasado 24 de junio.


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