Cree que el hecho supone un “caso de libro de conflicto de intereses” y un “nuevo caso de corrupción en el ala regionalista del Gobierno”
SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)
Vox ha pedido el cese inmediato de la directora general de Función Pública, Isabel Barragán, por el nombramiento de su marido como jefe de servicio en la Consejería de Presidencia –que recae en el PRC y de la que ella misma forma parte– tras un concurso de méritos que ella misma convocó, designó a los miembros de la comisión que valoraba a los candidatos y firmó la resolución por la que fue el elegido.
Así lo ha denunciado este martes, en rueda de prensa, el portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Cristóbal Palacio, quien ha explicado que Luis Fernando Olaiz, el marido de la directora general, a los dos meses después de obtener esta plaza de jefe de servicio, fue designado como director general de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, cargo que depende de la Consejería de Economía y Hacienda, que depende del PSOE.
Para Vox, la participación de Barragán en un proceso que acabó con el nombramiento de su marido como jefe de Servicio de Administración General es un “caso de libro” de “conflicto de intereses” y supone un “nuevo caso de corrupción en el ala regionalista del Gobierno de Cantabria”.
Vox sostiene que la directora general, al conocer que su esposo intervenía en dicho proceso, “tiene la obligación de abstenerse” y ha señalado que la propia Ley de Régimen Jurídico del Sector Público –la 40/2015– recoge que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den determinadas circunstancias “se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente”.
Entre los motivos de abstención recogidos en la norma citada por Vox, y consultada por Europa Press, figura el de “tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable con cualquiera de los interesados”.
Sin embargo, Vox ha insistido en que fue la propia directora general de Función Pública, un cargo de designación del Gobierno para el que fue nombrada en julio de 2019 –en este caso de la parte regionalista– la que convocó en junio de 2021 el concurso de méritos para la provisión de estos puestos de trabajo, entre los que figuraba el de Jefe de Servicio de Administración General; la que cinco meses después “designó a los miembros de la Comisión de Valoración” del mismo, y la que en febrero de 20022 firmó la resolución por la que se nombraba a su marido para ese puesto.
“SI EL GOBIERNO TIENE LA EXIGENCIA DE LA QUE PRESUME, DEBE CESARLA”
A Vox “no se le ocurre un ejemplo más claro de conflicto de intereses”. “En tres actos administrativos en lo que debiera haberse abstenido esta funcionaria, a día de hoy cargo político, no se abstiene, es más asume competencias que por delegación podrían haber correspondido a la consejera y las aprovecha para nombrar a quien es su marido, el cual, además dos meses después se convierte también en cargo público al ser nombrado director general de Presupuestos”, ha afirmado.
“Si el Gobierno de Cantabria y su presidente tienen el nivel de exigencia del que presumen les exigimos que procedan en 24 horas al cese de esta directora general. Creemos que el comportamiento es inadmisible y que si queremos trasladar a la sociedad la limpieza de la que presume el PRC, el cese debe ser inmediato”, ha aseverado.
El portavoz de Vox ha resaltado que fue el propio Revilla en el que, después de conocerse que la entonces directora general de Juventud, Alicia Renedo, había adjudicado contratos a una empresa para la que trabajó había “vulnerado la Ley de Incompatibilidad, no ha actuado como debía y debe asumir responsabilidades”.
A preguntas de los periodistas acerca de si se plantea emprender acciones legales o llevar este caso ante la Fiscalía, Palacio ha afirmado que “los partidos políticos no están para perseguir permanente las actuaciones presuntamente ilegales o de responsabilidad penal” y su trabajo es hacer que este tipo de casos lleguen a la opinión pública y hacer “crítica política”. “No podemos convertirnos es fiscales de la actuación del Gobierno”, ha afirmado el portavoz de Vox, que cree que la Fiscalía tiene que intervenir de oficio si considera que hay hechos relevantes de los que tenga conocimiento, como ahora ocurre con la noticia que están dando a conocer desde Vox.
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