Critican que actualmente se les aplica el convenio de despachos y oficinas, que “no se ajusta” a sus necesidades
PAMPLONA, 3 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos con representación en las empresas públicas de Navarra (LAB, LANKIDE, UGT, CCOO, ELA, CGT y AFAPNA) han destacado la necesidad de contar con un convenio propio por motivos de “transparencia y seguridad jurídica” y para “tener un marco ajustado a la situación de las empresas públicas, y un marco estable de negociación colectiva”.
Así lo ha manifestado este viernes Asier Otxoa, de Nasertic, en representación de los sindicatos, en una sesión de trabajo parlamentaria solicitada por Navarra Suma, PSN, Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra, en la que ha comparecido junto a representantes sindicales de otras empresas públicas como Tracasa, Intia o Nasuvinsa.
Tras subrayar que esta es una “reivindicación histórica”, Otxoa ha explicado que, actualmente, más del 95% de los 1.500 – 1.600 trabajadores de las empresas públicas están encuadrados en el convenio de oficinas y despachos. Algo que “hace 40 años” tampoco tenía “mucha importancia” porque en ese momento “se aplicaban más las condiciones de la Administración que las que marcaba el convenio en ese momento”.
Sin embargo, Otxoa ha reivindicado que hoy en día dicho convenio “no se ajusta a las empresas públicas” porque “está dirigido a asesorías pequeñas”. “Y nosotros, como empresas públicas, tenemos un encaje complicado”, ha asegurado, tras añadir que el 31 de diciembre de 2023 es su “fecha de caducidad” y cuya negociación “está parada”.
Otxoa ha asegurado que las empresas públicas necesitan “un marco ajustado a la situación” que tenemos”. “Aunque cada empresa pública somos muy diferentes, en realidad a lo que más nos parecemos y con lo que trabajamos es con la Administración Núcleo”, ha manifestado, tras asegurar que “tenemos una problemática común a todas las empresas públicas”.
Por otro lado, ha acusado a CPEN, su patronal, de mantener una “actitud irresponsable” con respecto a este tema, ya que les ha trasladado que “se sienten cómodos con el ‘status quo’ actual”. “CPEN nos indica que ellos no participan en la patronal de oficinas y despachos. Normal, no pintan nada ahí, pero estamos dejando el convenio que nos es de aplicación a expensas de otros. Otros están decidiendo qué se aplica en las empresas públicas del Gobierno de Navarra”, ha advertido.
Según ha relatado, en la pasada legislatura “se nos propuso una vía intermedia” que “no era lo que queríamos, pero era un avance”. “Le dimos una oportunidad y fruto de eso se llegó a distintos acuerdos y se creó un grupo de trabajo permanente”, ha explicado. Sin embargo, ha criticado que, tras la pandemia, se produjeron “cambios unilaterales” en distintas directrices por parte de CPEN.
“Somos conscientes de la complejidad de hacer un convenio, pero que sea un tema complejo y que va a llevar tiempo -no se puede hacer en dos días, en lo que queda de legislatura es imposible hacerlo-, no puede ser una excusa para no solucionar un problema que lleva más de 40 años pendiente. Y que CPEN esté cómodo tampoco puede ser una excusa”, ha dicho. Por todo ello, Otxoa ha apostado por crear ahora una mesa de trabajo para que cuando se conforme el nuevo Gobierno “se pueda empezar a negociar ese convenio”.
“Necesitamos soluciones efectivas a nuestros problemas, y la mejor solución, más allá de vías intermedias que damos por superadas, es crear un convenio propio para las empresas públicas”, ha reivindicado, tras considerar que este “es un tema de voluntad política”.
Durante el turno de los grupos, la parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha indicado que ya son “muchos colectivos disconformes con el Gobierno de Navarra”, cuya palabra “no vale nada”, y ha remarcado que hay “alternativas diferentes” a un convenio. “La fórmula también podría ser otra, por ir a lo práctico y resolver la situación, la solución podría ser un grupo permanente de trabajo”, ha señalado.
El parlamentario de PSN Javier Lecumberri ha reconocido que “es complejo conseguir un convenio para empresas tan dispares, que incluso tienen propietarios distintos porque no todas son al 100% empresas públicas, y que tienen actividades distintas” pero ha asegurado que el convenio de oficinas y despachos “no resuelve sus problemas”. “Es un parche, habrá que buscar una solución que no sea ese convenio”, ha afirmado, para a continuación subrayar que el grupo permanente quizás “no sea la solución pero sí un camino importante” que hay que seguir estudiando. “Igual no es un convenio, pero se está acercando mucho”, ha señalado.
Por parte de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha compartido que tanto el objetivo como las tareas de las empresas públicas “por muy diversas que sean, no encajan en el convenio de oficinas y despachos”, y ha considerado que el grupo de trabajo “es una vía agotada”. “No pueden estar al albur de esa voluntad o esa falta de voluntad -política-. Para nosotras, todo apunta a la necesidad de que se dé un paso más y se negocie un convenio laboral”, ha apuntado, tras manifestar que es una demanda “justa y racional” y señalar que “el convenio sería, o queremos pensar que será, un mecanismo eficaz para garantizar que todo el empleo que hay en las empresas públicas sea de calidad”.
Arantxa Izurdiaga, de EH Bildu, no ha compartido las propuestas de NA+ y PSN de “continuar avanzando en esa vía intermedia” planteada la pasada legislatura, en referencia al grupo de trabajo. “Creemos que esta vía está ya agotada”, ha manifestado, tras añadir que esta medida fue “un fracaso” y apostar por asumir “de una vez por todas la negociación de un convenio colectivo”.
Finalmente, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha coincidido en que un grupo de trabajo “no sirve”, a pesar de que haya “podido servir en un momento determinado para salir adelante en una situación” concreta. “Tienen toda la razón”, ha trasladado a los sindicatos, para a continuación subrayar que el convenio de despachos y oficinas “no es un referente” para ellos.
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