HUELVA, 3 (EUROPA PRESS)
WWF ha lamentado que el Partido Popular haya registrado este viernes en el Parlamento de Andalucía una nueva proposición de ley para modificar el Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana en “un nuevo intento de amnistiar a los regantes ilegales ante las próximas elecciones municipales”. Para WWF, la actual propuesta, “disfrazada de plan de mejora y de recuperación” de Doñana, es “tan grave e inaceptable como la anterior”.
Según ha indicado la organización en una nota de prensa, además, supone “un incumplimiento de los compromisos” del presidente Juanma Moreno de “proteger Doñana y un nuevo engaño a la sociedad y a los propios agricultores del entorno del parque”. Asimismo, señalan que es “una clara provocación a las instituciones europeas que han condenado a España por el grave deterioro de Doñana y el incumplimiento de las recomendaciones de la Unesco”.
“El Partido Popular vuelve a poner en riesgo el futuro de Doñana, su biodiversidad y la imagen de las fresas y del sector agrícola del Condado y de Huelva para beneficiar a unos pocos ilegales. La nueva propuesta carece del consenso de una gran parte de los actores del territorio. Además, ignora la ordenación de los suelos agrícolas que estableció el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad) en 2004 y que fue incorporada al Plan Especial de la Corona Forestal (Peofcd) en 2014, también conocido como Plan de la Fresa”, han criticado desde WWF.
En este sentido, la ONG ha subrayado que ambos planes “cuentan con el aval del Consejo de Participación de Doñana y la Unesco” y el Plan de la Fresa “ha sido admitido por la Comisión Europea como una de las medidas para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España por el estado crítico en que se encuentra el paraje”.
Por todo ello, WWF ha indicado que la vía escogida para la modificación del Plan de la Fresa a través de una proposición de ley “no tiene justificación”, ya que “de acuerdo con la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), la Junta de Andalucía es la competente para la modificación de estos planes sin necesidad de recurrir al Parlamento”.
Al respecto, el procedimiento elegido para la modificación del Plan de la Fresa por el Gobierno andaluz, a juicio de WWF, “solo pretende evitar la participación pública, la normativa de evaluación de impacto ambiental y los informes preceptivos para la aprobación y modificación de los mismos como el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ya se ha expresado en contra”.
Por otro lado, la organización ha detallado que el Plan Especial se elaboró junto a su Estudio de Impacto Ambiental y se redactó un Informe Previo de Valoración Ambiental. Las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental “fueron incorporadas al Plan”, así como los requerimientos de los informes sectoriales, entre ellos el correspondiente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, “que mostraba su conformidad con las estipulaciones del Plan en relación con las competencias estatales en materia de agua”.
“Estos trámites e informes no existirán en esta tramitación parlamentaria de la modificación del Plan de la Fresa, lo que demuestra que el PP Andaluz y la Junta de Andalucía persiguen un único interés, el amnistiar a un reducido grupo de explotaciones ilegales, que reivindican unos derechos que son inexistentes, sin posibilidad de oposición ciudadana o de informes negativos que pongan en riesgo la modificación por su evidente ilegalidad”, ha reprochado WWF.
Además, la organización sostiene que se han presentado “más de un centenar de recursos contra el Potad y el Plan de la Fresa, ninguna sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o el Tribunal Supremo ha anulado ningún artículo o disposición de los mismos, lo que demuestra que sus normas son legales y justas y los derechos históricos aludidos son inexistentes”.
“Por ello, estos regantes ilegales han acudido a la vía de la presión para que sean los políticos, justo antes de las elecciones municipales de mayo, los que cambien las normas para su exclusivo lucro e interés empresarial”, ha añadido.
Por todo ello, WWF exige “nuevamente” al Gobierno andaluz que “retire esta propuesta y que cumpla con sus competencias y obligaciones legales y ejecute de una vez el Plan de la Fresa en su actual redacción”, ya que con ello “se lograría beneficiar al acuífero, los valores universales de Doñana y de la agricultura legal de este territorio, dando solución a muchos de los problemas que ahora mismo se plantean en relación con los regadíos del Condado”.
“AMNISTIAR LOS REGADÍOS ILEGALES”
Por otro lado, SEO/BirdLife ha lamentado la “obstinación” del Gobierno de Andalucía por “amnistiar a los regadíos ilegales”, que “medran en la corona forestal de Doñana”, al presentar nuevas propuestas parlamentarias dirigidas, a su juicio, “a incrementar la superficie de regadío en el entorno del parque nacional, que se encuentra en una situación hídrica crítica”.
En este sentido, la organización ambiental considera que se trata de una “decisión unilateral” del Gobierno andaluz que “ignora el criterio de organismos internacionales como la UNESCO, la Convención de Ramsar, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, los informes de la Estación Biológica de Doñana, las denuncias de las ONG ambientales como SEO/BirdLife, los informes de la comunidad científica y las advertencias de la Comisión Europea”.
Al respecto, SEO/BirdLife ha criticado que la Junta de Andalucía lleva desde 2014 “sin implementar los compromisos adquiridos” en el Plan de la Corona Forestal (PEOFCD) en 2014 para la ordenación de los cultivos de frutos rojos en Doñana, el cual “sí cuenta con el apoyo del Consejo de Participación” del parque.
“Especialmente grave es hacer caso omiso a las advertencias de la Comisión Europea sobre importantes multas a España por el incumplimiento de los compromisos de conservación de los valores naturales de una de las principales joyas naturales de Europa. Multas que pagaremos los andaluces y resto de españoles”, ha advertido el responsable de la Oficina Técnica de SEO/BirdLife en Doñana, Carlos Davila.
En este sentido, Davila ha explicado que el compromiso de aguas superficiales para el abastecimiento de las fincas agrícolas “debe ir paralelo a la ordenación territorial y el uso sostenible de los recursos, no al incremento de la superficie regable y a la amnistía de infractores en un grave agravio comparativo entre agricultores”.
“El Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana (PEOFCD), aprobado en 2014 y que debería suponer una herramienta clave de la Junta de Andalucía para abordar la ordenación de los regadíos del Doñana, continúa sin ejecutarse ocho años después de su aprobación. Mientras tanto, según los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la sobreexplotación afecta al 62% de los sectores del acuífero, que se encuentran en una situación peor a la que le correspondería según la pluviometría”, ha apuntado Davila.
Asimismo, el responsable de SEO/BirdLife ha remarcado que las políticas sectoriales “deben asumir e integrar las políticas y normativas de conservación de la naturaleza”, como las Directivas de Agua, Aves y Hábitats, “asegurando, así, la viabilidad socioeconómica de las poblaciones locales mediante modelos de producción más sostenibles, basados en los valores naturales de su zona, adaptados y resilientes ante los efectos del calentamiento global en la cuenca mediterránea”.
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