GRANADA, 2 (EUROPA PRESS)
La Universidad de Granada (UGR) inició un procedimiento de información reservada para valorar si en el contenido de la denuncia por supuesto acoso presentada por una estudiante de doctorado, que ha contado su caso tras recibir un premio del Consejo Social de la institución académica, “concurrían indicios que pudieran resultar en una infracción disciplinaria”. Tras valorar ese informe, incoó un expediente disciplinario el pasado mes de noviembre.
Así lo han indicado en la tarde de este jueves desde la UGR, después de que la estudiante de doctorado aprovechara su intervención tras recibir un premio del Consejo Social a los mejores expedientes académicos para señalar que hace diez meses denunció haber sido víctima de acoso sin que hasta el momento se haya resuelto “nada”.
En este contexto, la UGR es la principal interesada en que, “de demostrarse ciertas, se sancionen las conductas de acoso sexual cometidas por cualquier miembro de la comunidad universitaria”. Sin perjuicio de lo anterior, esto debe hacerse “preservando todas las garantías previstas en la ley”, han resaltado desde la institución académica.
Los hechos denunciados, han detallado, se han abordado de acuerdo a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, una vez trasladada la denuncia a los órganos competentes, la UGR inició las actuaciones previstas: establecer las medidas oportunas para evitar el contacto entre la parte denunciante y la denunciada, oír a ambas y recabar la información necesaria para proceder a esclarecer los hechos.
La instrucción del mencionado expediente se está llevando a cabo de acuerdo al procedimiento que marca la ley, tanto por el Estatuto Básico del Empleado Público, como por el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos.
Dicho procedimiento de instrucción conlleva elementos como la práctica de diligencias, la formulación de un pliego de cargos, plazos de alegaciones, pruebas que puede solicitar la persona expedientada, práctica de prueba, propuestas de resolución, nuevo plazo de alegaciones y, por último, la correspondiente resolución.
La ley obliga a seguir “un procedimiento garantista”, que conlleva el empleo del tiempo necesario para su consecución, dentro del plazo que la ley establece para ello, según ya apuntó la rectora de la UGR, Pilar Aranda, en el citado acto, y que ya atendió a la denunciante “en cuanto tuvo conocimiento de la denuncia, manteniendo así mismo diferentes conversaciones con el decano de la facultad de Psicología”, han detallado desde la institución académica.
Todo ello previo nombramiento de un instructor y del inicio del proceso sancionador en curso. Igualmente, se ha atendido a la denunciante, por parte de los órganos correspondientes, una vez iniciado dicho proceso, en todas aquellas ocasiones en las que ésta ha solicitado información al respecto.
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