MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
Comisiones Obreras cargó este miércoles con dureza contra la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos, y opinó que es “más que preocupante” que una multinacional española “que ha crecido a la sombra de los contratos e inversiones realizadas con las administraciones públicas españolas como la infraestructura del AVE, decida deslocalizarse fiscalmente para optimizar sus beneficios”.
Esta es la principal idea que se recoge en un comunicado en el que el sindicato acusa a la compañía presidida por Luis del Pino de lanzar esta propuesta a los accionistas para aprovechar “las ventajas fiscales” de los Países Bajos.
Para la organización, este comportamiento es “irresponsable”, más “en un momento donde las multinacionales españolas deberían mostrar su compromiso con el país”. “Este tipo de decisiones muestran la insolidaridad de Ferrovial con su país de origen”, apostillaron desde el sindicato.
El sindicato liderado por Unai Sordo mostró de este modo su rechazo a la resolución del Consejo de Administración de Ferrovial, que acordó ayer someter a votación de la Junta General de Accionistas la fusión de Ferrovial con su filial holandesa Ferrovial International mediante la absorción de la primera por la segunda, con lo que, en caso de aprobarse, la sede social de la empresa pasaría de España a Países Bajos.
Ferrovial International es el ‘holding’ que agrupa todos los negocios del grupo de la constructora fuera de España y trasladó su sede de Reino Unido a Países Bajos en 2018 con la justificación del ‘Brexit’. Ahora, la deslocalización de Ferrovial se justifica en su interés estratégico de cotizar primero en el mercado bursátil de Países Bajos, y posteriormente también en los Estados Unidos, al tener entre Estados Unidos y Canadá el 81% de su actividad, el 36% de sus ventas y el 29% de su accionariado.
Asimismo, desde la compañía han asegurado que continuarán en el Ibex, que no tienen previsto cambios en el ámbito laboral y que su decisión tendrá un mínimo impacto en su tributación en España. En 2022, Ferrovial pagó en España un total de 282 millones de euros en impuestos, de los que 9 millones corresponden al Impuesto de Sociedades, según el sindicato dirigido por Unai Sordo.
Sin embargo, en CCOO denuncian que la deslocalización podría ahorrar a la constructora “al menos” 39 millones en el pago de sus impuestos, “según estimaciones de la propia Ferrovial, gracias a unas condiciones fiscales más favorables en Países Bajos, solo en la tributación por los dividendos recibidos de sus filiales o empresas participadas en el resto del mundo”.
“EFECTO ARRASTRE”
“Mientras en Países Bajos están exentos de tributación, en España ‘solo’ están bonificados al 95%. Es decir, por ejemplo, los dividendos del aeropuerto de Heathrow, 25% propiedad de Ferrovial, irán directamente a Holanda y de ahí podrán ser repartidos entre los accionistas sin tener que tributar en España. Durante el año 2022, los dividendos recibidos por Ferrovial alcanzaron los 475 millones de euros, aunque en ejercicios anteriores alcanzaron los 700 millones de euros”, indicaron desde el sindicato.
En este contexto, CCOO mostró su preocupación por el posible “efecto arrastre de otras unidades de negocio de la compañía como pueden ser inicialmente los Servicios Centrales, con una doble pérdida de empleo y de tributación, en otros impuestos como IVA e IRPF con el traslado de una parte relevante de sus personas con mayores sueldos a Países Bajos”.
“Es esta, por tanto, una decisión que CCOO reclama debe ser reconsiderada por la compañía y, en su defecto, analizada desde los poderes públicos para intentar evitar estas estrategias de planificación fiscal que generan perjuicios claros al interés general”, añade el comunicado.
Por último, el sindicato afirmó que este tipo de acontecimientos hacen imprescindible que la Unión Europea avance hacia las propuestas recogidas en el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre un conjunto de medidas destinadas a combatir el fraude y la elusión fiscales y a avanzar en la convergencia entre los sistemas fiscales de los países de la UE, “evitando prácticas de dumping fiscal por parte de Estados como Países Bajos, entre otros, que ya han sido señalados por la propia Comisión Europea en distintas ocasiones”.
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