Dice que le encontraron hojas de cálculo con una columna de “cash” y que parece que Espinosa llevaba “contabilidad A y B”
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, que instruye el ‘caso Mediador’, acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza para el general de la Guardia Civil investigado, Francisco Espinosa, con el objetivo de evitar que ocultara o destruyera pruebas, porque de permanecer en libertad “podría frustrar la investigación policial” y para “conjurar el riesgo de fuga”. Constata pagos de la trama y asegura que se hallaron más de 61.000 euros en su domicilio de “ilícita procedencia”.
Así consta en el auto de 16 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que la jueza apunta que Espinosa en su comparecencia judicial reconoció las reuniones, las comidas y los viajes a Fuerteventura y Las Palmas que le habrían pagado. “También ha reconocido parcialmente que había pedido tarjetas prepago, y ha negado haber recibido dinero, pero el dinero hallado respondería a esos pagos en b y de dudosa procedencia, a la vista de la investigación patrimonial”, añade la jueza.
En este sentido, y para atar las vinculaciones del general con empresarios ligados a la trama, la jueza considera que deben seguir practicándose diligencias como la citación de “testigos clave” –empresarios, ganaderos y funcionarios públicos–, el clonado de sus múltiples dispositivos y el requerimiento a la FIIAP.
Recuerda asimismo que en el registro de su domicilio en Madrid fueron hallados fajos de billetes de 50 y 200 euros por importe de 61.110 euros “de ilícita procedencia”. Esos billetes eran guardados en parte en una caja de zapatos en el armario de su casa, y envueltos en prendas.
LAS HOJAS DE CÁLCULO
En el registro también se hallaron cuatro documentos que reflejan en tablas ciertas cantidades “en lo que parece ser un control doméstico de ingresos y gastos”. Añade que llama la atención que una columna tuviera el título de ‘cash’ “y aun más las cantidades expresadas”. “Así las cosas, pareciera que Espinosa registraba su contabilidad A y B”, indica la magistrada, para aclarar que esto “vendría a incrementar la carga incriminatoria” contra el general.
En el repaso que hace de la causa la magistrada en el auto, incluye que Espinosa habría hecho “uso de las relaciones personales que tendría con personas relevantes del sector público y empresarial en el ámbito de las Islas Canarias” y que su participación en la trama criminal era “esencial” por esos contactos y por “la capacidad de transmitir confianza a los distintos empresarios en la consecución de sus ilícitos propósitos”.
En esa intención enmarca que recibiera a empresarios en su despacho de la Comandancia General de la Guardia Civil de la calle Guzmán el Bueno (Madrid), que aportaba “seriedad y poder” a la trama delictiva. Estas influencias “no eran altruistas” y la jueza recoge que el ‘mediador’ Marcos Antonio Navarro Tacoronte relató en sede judicial que eran a cambio de “fiestas o ingresos”.
LOS PAGOS DE EMPRESARIOS
Entrando en los indicios que recaen sobre el general, la jueza recoge varios hitos. Uno es la relación de Espinosa con el empresario Antonio Bautista, a quien se le ofrecieron importantes contratos en el sector privado y acceso a subvenciones públicas. La primera reunión con él fue el 14 de septiembre de 2022.
Como contraprestación, Bautista pagó un vuelo a Fuerteventura de Espinosa y su amante, a quienes les sufragó dos noches en el Hotel Eurostars Las Salinas. Además, el general habría exigido como “premisa innegociable” para ejercer su influencia que contratara a su compañera sentimental, Adelaida. La magistrada dice que según oficios policiales Espinosa recibió también dinero en metálico, numerosos obsequios, tarjetas de prepago y otros gastos de ocio.
En esos acuerdos entre Espinosa y Bautista se dio la promesa de lograr un contrato de 35 millones de euros en Cabo Verde, de los que el 10 por ciento debían ser para el general. Cabe recordar que durante su última etapa en el cuerpo fue director de los Grupos de Acción Rápida de vigilancia y de intervención en el Sahel (GARSI Sahel) hasta su jubilación.
En el auto se incluye que el general se valía de ese cargo en el marco de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) para ofrecer esos contratos privados a empresarios. Y cita el caso del empresario José Suárez Estévez –alias ‘El Drones’–, que habría resultado adjudicatario en distintos concursos en el Sahel en 2020 y 2021.
La magistrada indica que a Espinosa, al que en ocasiones en la trama se referían como ‘El Viejo’ o ‘Papá’, se le imputan “delitos graves”, “especialmente si se atiende a que en la fecha de la comisión del delito se valió de su condición como miembro de la Guardia Civil, y de sus medios –como su despacho y chófer–“.
LOS SOBRES DEL GENERAL
Añade que, ‘prima facie’ los hechos que se le imputan son susceptibles de ser calificados como “delitos de grupo criminal, tráfico de influencias y cohecho”. Y recuerda que según la declaración del ‘mediador’ Navarro Tacoronte, una forma de contraprestación al general era “a través de importes en efectivo, entre 1.500 euros y 3.000 euros entregado previamente a las reuniones, cuyo último beneficiario era el sobre al general”.
La magistrada da cuenta además de un primer análisis del teléfono móvil de general, y asevera que “pone de manifiesto la participación de Espinosa en tales operativas” relativas a la trama criminal a tenor de las conversaciones con empresarios investigados. Y pone de relieve que se ha encontrado un grupo de whatsapp denominado ‘EQUIPO A’ en el que estaban además del general varios empresarios canarios.
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