Reclaman al Ministerio que convoque la mesa de retribuciones que contempla una ley de 2003
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Las cuatro asociaciones judiciales –APM, AJFV, FJI y JJpD– y la Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria en la carrera fiscal– han solicitado una reunión con el Ministerio de Justicia para abordar mejoras retributivas, en el contexto de las negociaciones entre los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el departamento de Pilar Llop por la huelga indefinida que comenzó el cuerpo el 24 de enero en demanda de mejoras salariales.
En un comunicado conjunto enviado a nivel interno a la carrera judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, las asociaciones judiciales recuerdan que, junto a la AF, el año pasado presentaron “una demanda para que se condenase a la administración a convocar la mesa de retribuciones, tal y como está obligada a hacer, en los términos previstos en la disposición adicional primera de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal”.
“A la vista de los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas y por todos conocidos, parece que ahora sí existe esa voluntad negociadora por parte del Ministerio de Justicia y también la capacidad de dar respuesta presupuestaria a las reivindicaciones económicas”, explican la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y Juezas y Jueces para la Democracia.
Por ello, explican los cuatro firmantes, “hemos solicitado la convocatoria urgente y sin demora de una reunión para acometer ya la adecuación de nuestras retribuciones salariales y dar cumplimiento efectivo a la Ley 15/2003”.
Por su parte, la AF ha emitido su propio comunicado en el que indica que, “como quiera que en las últimas semanas el Ministerio de Justicia está manteniendo reuniones con el comité de huelga de las asociaciones de LAJ para tratar sus reclamaciones retributivas”, han solicitado a Llop que, “de forma urgente”, les convoque a “una reunión para acometer las mejoras laborales y retributivas” que vienen reclamando.
TOMAN LA INICIATIVA
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que las asociaciones reclaman que se cumpla esa disposición adicional primera, según la cual, “al objeto de facilitar la adecuación periódica de las retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal”, cada cinco años se reunirá una comisión formada por representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía y de las asociaciones profesionales.
Las mismas fuentes afirman que desde la aprobación de dicha ley, en 2003, solamente se han producido reuniones formales pero sin contenido, por lo que consideran que no se ha dado un cumplimiento efectivo a la obligación de convocar la mesa de retribuciones para revisar los ingresos de las carreras judicial y fiscal.
A este respecto, las citadas fuentes precisan que en los últimos meses ha habido varios contactos con el Ministerio para conseguir esa reunión, logrando que Justicia se comprometiera a convocarla, si bien finalmente se suspendió.
Así las cosas, las fuentes apuntan que, dado que el departamento de Llop parece haber mostrado voluntad negociadora con otros colectivos de la administración de justicia, como los LAJ, las cinco asociaciones han decidido tomar la iniciativa para intentar sentarse a la mesa de retribuciones.
EN NEGOCIACIONES CON LOS LAJ
Los LAJ comenzaron el 24 de enero una huelga indefinida, convocada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados, que ya ha provocado la suspensión de unas 223.000 vistas y juicios y el bloqueo de unos 800 millones de euros en cuentas juidiciales, según cálculos de los convocantes.
El conflicto entre Justicia y los LAJ tiene su origen en “la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas”, en especial la de 2015, lo que –denuncian los huelguistas– ha provocado un “insoportable desequilibrio”.
Los convocantes señalan como “detonante” del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales “sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021”.
Tras tres semanas de parón, las partes se reunión por primera vez el pasado 16 de febrero durante más de quince horas. Este mismo martes celeban su cuarta reunión sin que por ahora hayan llegado a acuerdo alguno, aunque sí han intercambiado propuestas cuyo contenido han pactado no revelar para favorecer el éxito de las conversaciones.
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