MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
La Fundación Cermi Mujeres (FCM) considera que la futura ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos debe explicitar y mejorar la perspectiva de género, y contener una perspectiva interseccional que complemente todos los ejes de discriminación. En concreto, pide que recoja y represente a las mujeres y niñas con discapacidad como grupo especialmente vulnerable ante el riesgo de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Así se manifestó durante el XX Conversatorio organizado por la FCM en colaboración con la agencia de noticias Servimedia desarrollado de forma virtual.
El encuentro, moderado y dinamizado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, contó con la participación de la técnica de proyectos sociales de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la mujer prostituida Apramp, Ana Delgado; la directora de ‘feminicidio.net’, Graciela Atencio; la coordinadora de Sensibilización e Incidencia de Proyecto Esperanza, Marta González; y la vocal de proyectos de explotación sexual en Médicos del Mundo Madrid, Andrés Vergara.
Ana Delgado señaló que echan en falta “una mayor presencia de las supervivientes víctimas de trata en todo el marco normativo de la ley, un papel más relevante como asesoras y consultoras”, y añadió que “también es importante tener en cuenta que, en el caso de las mujeres con discapacidad, desgraciadamente, su situación de vulnerabilidad se suma como un factor de atracción que favorece ser explotada, para el demandante del servicio de las víctimas”.
Graciela Atencio definió cuáles son las políticas públicas que se deben implementar para la prevención y detección de las mujeres con discapacidad en riesgo de trata con fines de explotación sexual, y apostó por “atacar la demanda y crear campañas dirigidas tanto a las instituciones como a la sociedad en general”.
Ante la pregunta de si existe una demanda de mujeres con discapacidad por parte de los compradores de sexo, Graciela Atencio afirmó que “sí hay casos en prostíbulos en los que incluyen mujeres con discapacidad y es una demanda especifica de los compradores de sexo”.
Marta González señaló algunos aspectos a mejorar del anteproyecto de ley, poniendo también de relieve las claves positivas de la ley. “Es una ley integral en varios sentidos porque aborda la prevención, sensibilización y la detención de las víctimas además del acceso a derechos. Sin embargo, la falta de identificación de las víctimas es un problema porque impide el acceso a la protección y a los apoyos”.
Marta González cree que “es fundamental reforzar la ley para que tenga un abordaje interseccional y que cada persona sea atendida de una manera individualizada en aquello que necesita. Tener un proceso de recuperación integral, es importante”, aseveró.
Andres Vergara Ferrer reivindicó una mejor definición de la labor y los límites de acción de todas las entidades sociales. Además, coincidió con Marta González en la necesidad de identificar a las víctimas no solo desde el punto de vista policial, sino social, para que puedan acceder a servicios como la sanidad, entre otros.
En este conversatorio también se debatió sobre la existencia de la figura del asistente sexual para las personas con discapacidad ante lo cual la respuesta fue unánime y clara: el sexo no es un derecho y, por lo tanto, no se puede pedir como tal.
Se subrayó que este recurso es una forma más de explotación y “una forma aberrante”. “Es una propaganda para legitimar la explotación sexual en sus distintas formas”, denunciaron. Para ello, y según las expertas, lo correcto sería hablar de “relaciones en condiciones sexuales en igualdad y sanas”.
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