MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
La Fiscalía provincial de Madrid solicita ocho años y seis meses de prisión para J. C. L. C, un hombre que agredió en el Metro a un enfermero porque le requirió en varias ocasiones que se pusiera bien la mascarilla.
El representante del Ministerio Público le imputa un delito de lesiones y reclama una indemnización en concepto de responsabilidad civil que asciende a 80.383,69 euros puesto que la víctima perdió la visión de su ojo derecho. El juicio está previsto este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.
El escrito de acusación recuerda que sobre las 22.30 horas del 13 de julio de 2021 J. C. L. C. viajaba en el interior de un vagón del Metro de la línea 1, en el trayecto comprendido entre las estaciones Cuatro Caminos y Alto del Arenal. En un momento dado otro pasajero, enfermero de profesión, G. M. C., le requirió en varias ocasiones para que se colocara “correctamente” la mascarilla dado que la llevaba puesta a la altura de la barbilla sin cubrir nariz y boca.
Otros pasajeros se unieron a la protesta pese a lo cual el acusado se negó “reiteradamente” a ponerse la mascarilla de manera correcta. Fue el propio enfermero quien lo hizo, por lo que comenzó entre ambos una discusión en la que se lanzaron mutuamente patadas y puñetazos hasta que fueron separados por otros usuarios sin consecuencias lesivas para ninguno de ellos.
Segundos después, una vez que el vagón se detuvo en la parada de Alto del Arenal, y antes de salir de su interior, el acusado, “con ánimo de menoscabar la integridad física” de G. M. C., le dio un puñetazo en el ojo con el borde del teléfono móvil que llevaba en la mano, gritándole “gilipollas, ojalá te mueras”. A continuación, huyó del lugar. A consecuencia de los hechos, la víctima perdió la visibilidad de su ojo derecho y las secuelas oculares que presenta “le suponen un perjuicio moral por pérdida de calidad de vida en grado ligero”.
El acusado fue detenido por esta causa el día 19 de julio de 2021 y se encuentra en prisión provisional desde 21 de julio de 2021. La Fiscalía recuerda, además, que J. C. L C. “no ha aportado documentación alguna que le permita permanecer en España” y que tampoco consta “la existencia de razón alguna que justifique su permanencia en España”.
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