El 35% de las mujeres presas estaba en situación de desempleo antes de entrar en prisión, frente al 28% de los hombres
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Una de cada seis mujeres presas no tiene donde vivir una vez salgan de prisión y una de cada tres tiene alguna enfermedad mental diagnosticada, según refleja el estudio ‘La situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de género’ presentado este jueves por la UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, en colaboración con la Universidad del País Vasco.
El estudio profundiza en los perfiles, condicionantes, circunstancias y contextos de procedencia de las personas presas, así como en la realidad que viven en el entorno penitenciario, con el fin de motivar cambios políticos y sociales dirigidos a incidir en las situaciones de partida que pueden influir en la comisión delictiva.
“Hay que demandar al Gobierno que hacen falta muchísimos profesionales, recordar que las personas presas el único derecho que no pueden ejercer es la libertad, pero si a la salud y a la educación, que muchas veces no se cumplen del todo”, ha señalado el presidente de UNAD, Luciano Poyato Roca, en el acto de presentación, celebrado en Madrid.
La investigación –financiada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030– comprende una muestra de 1.086 personas privadas de libertad, de las cuales el 77% son hombres y el 23% son mujeres. El estudio se ha realizado en 18 centros penitenciarios gestionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior (14) y por los ‘Serveis Penitenciaris de la Generalitat’ de Cataluña (4).
Así, el hombre participante en la muestra tiene una edad media de 39 años, nacionalidad española y estudios primarios, mientras que las mujeres tienen una edad media de 41 años con las mismas características. “La gente en la calle está muy equivocada, se piensan que solo hay personas marroquíes, rumanas o de fuera, no podemos poner etiquetas xenófobas”, ha expuesto la vicepresidenta de UNAD, Carmen Martínez Perza.
En el caso de los hombres, uno de cada nueve no cuenta con un recurso habitacional donde ir cuando salga de prisión y uno de cada cuatro tiene alguna enfermedad mental diagnosticada frente a una de cada seis mujeres que no cuenta con un recurso habitacional y una de cada tres con alguna enfermedad mental diagnosticada. En el caso de las mujeres, además, un 12,3% tienen reconocida una discapacidad física y el 5% tiene certificada alguna discapacidad intelectual.
En cuanto a su entorno, los hombres encuestados proceden de una familia numerosa donde sus ascendientes presentan estudios inferiores a la primaria y tienen hijos o hijas, aunque en la mitad de los casos no cuenta con la custodia. En las mujeres, proceden de una familia numerosa donde sus ascendientes presentan estudios inferiores a la primaria, y en la mayoría de los casos cuenta con menores a su cargo. También tienen pareja, la cual se encuentra en prisión en el 71% de los casos.
Otro dato del estudio es que el 45% de las personas encuestadas dice haber sufrido alguna vez en su vida malos tratos físicos, cifra que aumenta en las mujeres hasta el 74,8%. Por otro lado, el 53,8% de la muestra ha sufrido malos tratos psicológicos (45,8% de los hombres y el 80,6% de las mujeres). Respecto a abusos o agresiones sexuales, un 15,7% los reconoce: el 6,6% de los hombres y el 45,3% de las mujeres los han padecido en alguno o varios momentos de su vida.
Asimismo, tanto en las mujeres como en los hombres existen antecedentes familiares de consumos problemáticos de sustancias. En este sentido, las personas privadas de libertad manifiestan que la prisión les ha traído problemas psicológicos como la ansiedad, el agobio, la claustrofobia o las depresiones, entre otras. “La presión duele, no es ir a un hotel, son reacciones casi normales de personas que están en prisión”, ha lamentado Martínez.
Sobre la situación laboral y económica, el 30,1% de las personas encuestadas, antes de su ingreso en prisión, estaban en situación de desempleo, una cifra que se eleva hasta el 35% en las mujeres, frente al 28,6% de hombres.
“Ya hemos visto que el perfil que tenemos es de personas con pocos estudios, que no tienen experiencia laboral y proceden de la economía sumergida. Tienen pocos ingresos en la familia, antecedentes de consumo y tienen problemas de salud mental. Es un perfil de exclusión social claro: están aquí porque la adicción les ha hecho llegar aquí”, ha expuesto Martínez.
En cuanto a los delitos por los que son condenadas las personas con adicciones son, en su mayoría, contra el patrimonio y la salud pública (65,7% hombres y 70% mujeres). “Las personas que tenemos en la prisión no son santas pero tiene un perfil cuya peligrosidad es escasa o media, es decir, perfiles no violentos la mayoría. Muchas de estas personas podrían estar en otro tipo de cumplimento penal que no sea la presión, sería mejor para ellos y para su familia”, ha añadido.
ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN
Las personas con adicciones en prisión destacan en el estudio la necesidad de ser visibilizadas y escuchadas y de contar con más recursos sanitarios. También critican la excesiva medicalización, así como la falta de apoyo económico y formativo para rehacer su vida en el exterior. Las mujeres, concretamente, señalan la discriminación generalizada que viven por el hecho de ser mujeres y reclaman igualdad en el acceso a recursos y actividades.
Por todo ello, la UNAD ha lanzado una serie de propuestas a las Administraciones públicas como garantizar con urgencia el derecho a la salud de las personas privadas de libertad con más recursos personales, sanitarios y psicosociales para equiparar la atención a la del resto de la sociedad; primar el régimen abierto y los cumplimientos extrapenitenciarios por encima de los regímenes ordinario y cerrado; cambiar la cultura penitenciaria hacia una cultura del diálogo y la no violencia; promover la participación comunitaria e incorporar la perspectiva de género a todos los ámbitos de este sistema.
“Si no se trabaja en la comunidad, cuando salgan van a volver a lo mismo. Necesitamos modernizar la respuesta penal y mejorar la cultura del diálogo, por qué todo tiene que ser castigo tras castigo”, ha cuestionado Martínez.
“Es urgente y necesario avanzar hacia una legislación más moderna y flexible de alternativas a la prisión del mismo modo que otros países de nuestro entorno, especialmente en relación con las infracciones penales no violentas y aquellas vinculadas a personas en situación de pobreza o con dificultades de inserción social”, ha concluido.
Esta investigación se ha dado a conocer en el marco de la jornada ‘Las drogodependencias y otras adicciones en el sistema penitenciario español. Una ventana hacia un futuro justo e igualitario’, financiada por el Plan Nacional sobre Drogas, a la que han asistido entidades del Tercer Sector y Administraciones públicas para analizar estos datos y llegar a consensos comunes.
UNAD es una red de ONG que interviene en el ámbito de las adicciones con y sin sustancia y de los problemas que derivan de ellas. Está integrada por más de 200 organizaciones repartidas por toda España que anualmente atiende a más de 38.000 personas con adicciones y a sus familias.
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