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El Gobierno ve con “repugnancia” el ‘caso Mediador’ y niega cambios funcionariales para favorecer a la trama

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha dicho este jueves que el ‘caso Mediador’ le produce “repugnancia” y una “incomodidad de mucha intensidad” ante todas las informaciones periodísticas que van saliendo por mucho que haya que respetar la “presunción de inocencia”.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha negado también que haya habido “cambios” entre los funcionarios para facilitar la labor de la supuesta trama, tal y como ha afirmado en sede judicial el ‘mediador’ Marco Antonio Navarro, investigado en la causa.

Pérez ha dicho que la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, señala que “no es verdad” que se haya producido “ningún relevo” en la estructura de funcionarios del departamento y al igual que el presidente, Ángel Víctor Torres, ha apuntado que “no se ha producido ninguna denuncia ni queja”.

“No hay nada, ningún funcionario ha sido separado de sus funciones”, ha explicado.

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Ha señalado también que el Gobierno “no hace ningún comentario” sobre la puesta en libertad del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes dado que es una “decisión judicial” y ha insistido en que desde la Consejería se trabaja para entregar la documentación requerida por el juzgado “lo antes posible”.

Concretamente se refiere a expedientes de cuatro empresas ganaderas desde 2016.

Asimismo, ha vuelto a remarcar que no consta ninguna “anomalía” con la concesión de subvenciones europeas y ve “muy difícil un uso torcido de los fondos” debido a los controles que hay, pero, no obstante, ha apuntado que ya se ha iniciado una investigación interna, con apoyo de la inspección de servicios de la comunidad autónoma para revisar todos los expedientes, labor que se extenderá a toda la época de gestión de los dos exdirectores generales implicados en la supuesta trama.

Con todo, ha señalado que hasta el momento no se ha identificado “ningún perjuicio económico” para los contribuyentes ni para los caudales públicos por lo que “técnicamente” la comunidad autónoma no se puede personar en la causa judicial.

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