MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Las autoridades de Argelia han liberado bajo control judicial a la madre de la activista Amira Buraui, en el marco de un caso sobre “tráfico de migrantes” después de que la opositora cruzara de forma clandestina la frontera con Túnez, desde donde fue trasladada en avión a la ciudad francesa de Lyon, suceso que derivó en un enfrentamiento diplomático entre Argel y París.
La madre de Buraui, Jadiya Buraui, fue detenida el 11 de febrero y ha sido liberada durante la noche del domingo, según ha indicado la organización no gubernamental Comité Nacional para la Liberación de los Detenidos (CNLD) en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook. Asimismo, ha sido emitida una orden de arresto contra el periodista Mustafá Benyamaa y contra Yacine Bentayeb, primo de la activista.
Las autoridades han imputado a ocho personas por supuesto “tráfico de migrantes” en torno al caso de Buraui, por lo que se exponen a penas de entre tres y cinco años de cárcel y al pago de una multa de entre 300.000 y 500.000 dinares argelinos (entre 2.050 y 3.500 euros).
Argelia llamó a consultas el 8 de febrero a su embajador en Francia, Said Musi, tras “protestar firmemente” contra la “exfiltración clandestina e ilegal” por parte de París de la opositora. Así, denunció que “el personal diplomático, consular y de seguridad del Estado francés participó en la exfiltración ilegal de una argelina cuya presencia en territorio argelino es necesaria por decisión de la Justicia”.
La activista fue detenida en Túnez el 3 de febrero cuando se preparaba para viajar a Francia tras cruzar la frontera entre Argelia y Túnez. Tras ello, compareció el 6 de febrero ante un juez tunecino, que la dejó en libertad y le devolvió el pasaporte, si bien fue nuevamente detenida a su salida del tribunal con el objetivo de ser expulsada a Argelia. Sin embargo, fue trasladada a la Embajada de Francia, tras lo que viajó finalmente a Lyon.
Buraui fue condenada en mayo de 2021 a dos años de cárcel por “atentado contra la persona del presidente de la República”, “insultos a un funcionario en el ejercicio de sus funciones” y “difusión de informaciones susceptibles de atentar contra el orden público”, así como “atentado contra los preceptos del islam y el profeta”. Previamente había sido sentenciada en 2020 a un año de prisión por estos mismos cargos, por “publicaciones que pueden atentar contra la unidad nacional” y por “incitar” a manifestaciones durante el confinamiento impuesto por las autoridades por el coronavirus.
La activista inició una campaña en 2014 contra la campaña del entonces presidente, Abdelaziz Buteflika, para un nuevo mandato, algo que logró. Posteriormente, fue una de las organizadoras de las movilizaciones contra el presidente cuando anunció en 2019 que volvería a concurrir a las urnas, que finalmente forzaron su dimisión en abril de ese año. Desde entonces, ha mantenido una postura crítica con su sucesor, Abdelmayid Tebune.
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