MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
Juan Agudo, presidente de la Asociación Empresarial de Entidades Madrileñas en Defensa de Colectivos con Especiales Dificultades (Aemed), entidad que defiende y representa a entidades que prestan servicios de atención, asistencia, educación, formación e inclusión laboral de las personas con discapacidad y del desarrollo, denunció la situación “crítica” que viven las residencias de atención a personas con discapacidad intelectual.
Agudo ya expuso esta situación la semana pasada en la Asamblea de Madrid, donde compareció a petición del PSOE, y dijo que las residencias de personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid se enfrentan a cuatro años más de financiación insuficiente que puede llevarlas a la inviabilidad.
Por ello, varias entidades pertenecientes a Aemed han decidido impugnar mediante varios recursos contencioso–administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los acuerdos marco de residencias de discapacidad intelectual, buscando en la justicia reparar “la falta de realismo de la Consejería de Política Social”.
La entidad indica que la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid ha sacado adelante la renovación de los acuerdos marco que regulan la prestación de los servicios residenciales de personas con discapacidad intelectual y su financiación por cuatro años, es decir, hasta la primavera de 2027, “y lo hace sin atender a las demandas del sector que la patronal Aemed tuvo la oportunidad de trasladar meses antes de que fueran publicados los pliegos de condiciones, explicando que el alcance de estos acuerdo marco se limitara a dos años y no prorrogando los otros dos años hasta cumplir los cuatro. Algo que está en la mano de la Consejería tanto legal como políticamente”, aseguró Agudo.
Sostiene que las residencias de personas con discapacidad intelectual dela Comunidad reguladas por esta modalidad de acuerdo marco atienden a más de 4.700 personas “y llevan una década de recortes, primero, y una financiación completamente desfasada después”, que “está teniendo serias consecuencias en la viabilidad del sector”.
El presidente de Aemed afirmó que en 2013, en el contexto de la crisis financiera, estas residencias ya sufrieron un recorte del 5% de su financiación, “ajuste aceptado por el sector ante la promesa de que se recuperaría con la salida de la crisis”.
“A este recorte”, añadió, “le siguió otro en 2014 cuando tocó renovar el acuerdo marco 2014-2018. Por su parte, la renovación para el periodo 2018-2022 vino a agravar la situación, ya que los cálculos de la Consejería se hicieron sin incorporar los costes salariales derivados del convenio colectivo del sector por lo que, durante cuatro largos años, que se han hecho infinitos, estas entidades han tenido que hacer frente a ellos sin ningún respaldo en el importe percibido, siendo el capítulo de personal el principal componente del gasto de cualquier centro residencial”.
La renovación de los nuevos acuerdo marco “ha sido la puntilla”, remarca el presidente de Aemed, “por un lado, el cálculo de los costes salariales no responde a los costes reales ya que según convenio han crecido un 7,15% para el periodo 2022-2024 y será de, al menos el 3,75% para 2025-2026-2027, si la inflación de los tres años anteriores no supera esa cifra, algo a fecha de hoy casi imposible. A ello se suma los incrementos del SMI e IPC que para el periodo 2023 al 2027 no han sido tenidos en cuenta”.
Señla que en concepto de gastos generales la cifra presupuestada es inferior al acuerdo marco de 2008, lo que supone que “con una horquilla entre 8,14 euros y 9 euros al día la Consejería pretende que una persona desayune, coma, meriende y cene, cuando en 2008 ya se disponía de 9,6 euros para este concepto; así como el agravante de contar con menos personal para lavandería y limpieza ya que se reduce 11 a 7 trabajadores”.
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